Miembros de las dos cámaras del Congreso se reunieron en la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Martín Loustau, para estudiar los detalles de los operativos de seguridad desplegados los miércoles 12 y 19 de marzo, como respuesta a las movilizaciones programadas para reclamar por mejoras en los haberes de jubilados.
Bicameral de Inteligencia asegura que hubo infiltrados en marcha de jubilados y avanza en convocatoria a funcionarios
Comisión presidida por Lousteau llamará a Ricardo Ferrer, exdirector despedido tras el operativo, para dilucidar si se vulneró la ley de Inteligencia Nacional. También reclaman testimonio de Bullrich
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Las decisiones de Patricia Bullrich en los operativos del 12 y 19 de marzo siguen en revisión.
En el encuentro, que tuvo una extensión cercana a las dos horas, se puso en común documentación que permitió a la oposición constatar que algunas de las personas identificadas en imágenes televisivas y videos de redes sociales eran efectivamente miembros de las fuerzas federales, que participaban de la movilización como si fueran manifestantes.
Asimismo, pudieron confirmar los trascendidos al respecto de dos reuniones que tuvieron autoridades de las fuerzas federales, Patricia Bullrich y su equipo de trabajo y directivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La primera fue realizada el viernes 14 de marzo en las instalaciones del Ministerio de Seguridad, mientras que la segunda fue organizada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, en Casa Rosada el 18 de marzo.
En ese marco, los legisladores realizarán convocatorias a los efectivos federales identificados y a Ricardo Ferrer, exdirector de Inteligencia Criminal despedido el pasado 15 de marzo. En segunda instancia, interpelarán a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, y a la propia Bullrich. Buscarán dilucidar los detalles de las órdenes que recibieron y si los servicios de inteligencia se involucraron antes, durante y después de los operativos.
Según pudo conocer Ámbito, en la Bicameral hubo coincidencias en torno a la vulneración del artículo 4° de la Ley de Inteligencia Nacional por parte de la gestión de Seguridad, que plantea la prohibición de "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho [...] de su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias". Esto se desprende de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tenía conocimiento de la pertenencia política de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por un miembro de la Prefectura.
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