Casación mantiene en la cárcel a los seguidores de Bolsonaro que participaron del golpe contra Lula en Brasil

El máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de las defensas y acelera la extradición de los bolsonaristas prófugos al país vecino para que cumplan con sus condenas.

Seguidores de Jair Bolsonaro fueron detenidos tras el ataque a los tres poderes del Estado que se consideró un golpe contra Lula Da Silva. Dos se habían profugado a Argentina

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con los votos de los jueces Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, resolvió por unanimidad declarar inadmisible los recursos de casación interpuestos por las defensas de Joelton Gusmão de Oliveira y Joel Borges Correa contra la decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña que, también por unanimidad, había confirmado la denegatoria de la libertad.

Joel Borges Correa y Joelton Gusmão de Oliveira son dos prófugos brasileños condenados por su participación en los ataques a los tres poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero de 2023, durante la asunción del presidente brasileño y que se atribuyen también al expresidente Jair Bolsonaro. Ambos tienen en curso un proceso de extradición que tramita ante el juez Daniel Rafecas.

El Ministerio Público Fiscal ya se había opuesto a la libertad de los acusados. Así, en su dictamen, el fiscal Carlos Rivolo recordó que Borges Correa fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por la comisión de los delitos previstos y reprimidos en el artículo 359-L del Código Penal Brasilero (abolición violenta del Estado Democrático de Derecho), a la pena de 4 (cuatro) años de prisión; artículo 359-M del Código Penal Brasilero (golpe de Estado), a la pena de 5 (cinco) años de prisión; artículo 163, párrafo único, incisos I, II, III y IV del Código Penal Brasilero (daño agravado), a la pena de 1 (un) año y 6 (seis) meses de prisión y 50 (cincuenta) días de multa; artículo 62, I de la Ley Nº 9.605/1998 (deterioro de los bienes catalogados), a la pena de 1 (un) año y 6 (seis) meses de prisión y 50 (cincuenta) días de multa; y por el artículo 288, párrafo único, del Código Penal Brasilero (asociación delictiva armada), a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión.

Por su parte, recordó el fiscal que Gusmão de Oliveira fue condenado a 17 años de prisión por la comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 359-L del Código Penal de Brasil (abolición violenta del Estado Democrático de Derecho), a la pena de cinco (5) años de prisión; 359-M (golpe de estado) del Código Penal, a una pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión; 163, párrafo único, incisos I, II, III y IV (daño agravado) del Código Penal, a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión y cincuenta (50) días de multa, fijándose cada multa un tercio (1/3) del salario mínimo; 62, I (deterioro del Patrimonio Catalogado) de la Ley 9605/1998, a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión y cincuenta (50) días de multa, fijando cada día-multa en un tercio (1/3) del salario mínimo; 288, párrafo único (asociación criminal armada) del Código Penal brasilero, a la pena de dos (2) años de prisión.

También, se condenó a Gusmão de Oliveira a pagar el monto mínimo de indemnización por daño moral colectivo de R$ 30.000.000,00 (treinta millones de reales), a pagar solidariamente por los demás condenados, a favor del fondo a que se refiere el artículo 13 de la Ley 7.347/1985.

Borges Correa fue detenido en una autopista de San Luis, mientras viajaba en un vehículo con matrícula brasileña y con destino desconocido, acompañado de sus pertenencias. Tampoco pudo indicar su domicilio: primero afirmó vivir en Merlo, Buenos Aires, pero luego invocó como su lugar de residencia un departamento en la Ciudad de Buenos Aires Por otro lado, Gusmão de Oliveira fue detenido la ciudad de la Plata por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tras ser identificado con un pedido de captura. A pesar de haber sido detenido previamente en Brasil y condenado luego, ingresó a la Argentina para evitar cumplir con su condena, lo que resultó un indicio de la fuga del país de origen y de su falta de arraigo.

En línea de lo decidido respecto a los prófugos, en el día de ayer el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió -por unanimidad- enviar a juicio Jair Bolsonaro junto a otras 7 personas por “abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio”.

El exmandatario podría ser condenado hasta a 30 años de prisión y corre el riesgo de ser detenido durante el proceso si se considera que se puede escapar u obstruir a la Justicia.