El diputado porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó este miércoles en la Legislatura de la Ciudad un proyecto para que los condenados con sentencia firme asuman los costos de su detención. Afirma que se podrían recaudar más de $2.200 millones.
Ciudad: proponen cobrar los gastos de la detención a presos con condena firme para recaudar $2.200 millones por mes
La iniciativa la impulsa el legislador de Republicanos Unidos, Yamil Santoro. Actualmente hay 2800 personas detenidas en CABA.
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El texto propone la creación de un Sistema de Reintegro de Gastos Generados por Personas Privadas de la Libertad con el objetivo de que los gastos recaigan sobre los encarcelados: “Las personas detenidas preventivamente o como resultado del cumplimiento de una pena deberán afrontar los gastos vinculados a su detención”.
“Hoy los costos de alojamiento y cuidado de las personas privadas de la libertad recaen completamente sobre los contribuyentes de la Ciudad”, se quejó Santoro. Con la iniciativa asegura que se aliviará esa carga “asignando a los responsables el costo de su detención, siempre bajo principios de dignidad humana y proporcionalidad”.
Cuánto gasta la Ciudad por cada detenido
El cálculo de los costos lo realizará la autoridad de aplicación, a designar por el Ejecutivo, sobre la base del presupuesto que la Ciudad destina a la infraestructura, personal y cuidados necesarios para las personas privadas de su libertad en cárceles, alcaldías o comisarías porteñas.
El costo diario de un detenido asciende a $27.000, según cifras del Poder Ejecutivo porteño. Por mes, la Ciudad destina $810.000 por cada persona encarcelada. "Considerando la existencia de aproximadamente 2.800 personas privadas de la libertad en la Ciudad, este proyecto pretende generar una compensación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que podría ascender a los $2.268.000.000 mensuales", afirman.
El legislador también remarcó que muchas de las personas detenidos en CABA “son responsabilidad del Gobierno Nacional”. En ese sentido, afirmó que Nación “debería hacerse cargo de este costo o de llevárselos a prisiones de su jurisdicción”.
El proyecto aclara que la obligación de pago será exigible únicamente a personas con condena firme. Y si una persona no puede cubrir los gastos “deberá realizar labores generales en el establecimiento o comisiones que se le encomienden, con el objetivo de resarcir a la Administración Pública de la Ciudad”.
Según la propuesta, el gobierno será responsable de calcular el costo diario de detención, establecer métodos de cobro y determinar las labores que podrán realizar los detenidos. "Esta medida no busca ser punitiva ni extender la pena de los condenados, sino promover un equilibrio financiero que permita una mejor asignación de recursos públicos. Haciendo que cada cual se haga responsable de lo que le corresponde", subrayó el legislador liberal.
Las exenciones del proyecto
Asimismo, establece que una vez cubiertos los costos de estadía, los internos podrán inclusive generar más fondos para si al realizar trabajos amparados por la Ley Nacional N° 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad.
Por otro lado, determina que no será aplicable a las personas privadas de la libertad que resulten sobreseídas. En tanto que los costos de la detención, tanto previo como posterior a la sentencia de primera instancia, “será exigible a partir del dictado de dicha sentencia, independientemente de que quede firme o sea apelada”. Si es revisada o revocada, la Ciudad deberá restituir el dinero.
Finalmente, Santoro destacó que este sistema podría generar un impacto positivo tanto en la economía de la Ciudad como en la reinserción social de los condenados: "Es una manera de incentivar la responsabilidad individual y aliviar las cuentas públicas sin descuidar el respeto por los derechos humanos y la reintegración social".
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