Manuel García-Mansilla juró como juez de la Corte Suprema

El presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti encabezó el acto en el Palacio de Tribunales. La semana que viene evaluarán el pedido de licencia extraordinaria de Ariel Lijo.

García Mansilla tomando juramneto este mediodía en Tribunales.

Manuel García-Mansilla juró este jueves como nuevo juez de la Corte Suprema. El acto se realizó en el Salón Bermejo del 4 piso del Palacio de Tribunales, con la presencia del presidente del tribunal Horacio Rosatti, y el resto de los integrantes Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.

La Corte ya cuenta con 4 ministros.

La jura se dio por mediante el acuerdo de ministros de la Corte del día de hoy, conforme al Decreto 137/2025 que firmó Javier Milei el pasado 25 de febrero.

En tanto, se definió que el próximo 6 de marzo se tratará la solicitud de licencia extraordinaria del juez Ariel Lijo, el otro candidato designado vía decreto por Milei.

Presentaron el primer amparo para suspender la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema

Tras la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó una medida cautelar interina para que se suspenda la toma de juramento.

Además, la asociación promovió una acción de nulidad e inconstitucionalidad del decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo que autorizaba dicha designación. En paralelo, solicitaron que la acción se inscriba en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.

Al momento de argumentar su pedido, la CEPIS señaló en un comunicado: “El dictado del decreto 137/2025 demuestra la vulneración de principio de no concentración de poder, carece de la debida fundamentación y resulta desproporcionada la relación de la situación alegada con el daño institucional que genera”.

Según la ONG, esta circunstancia “evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional”.

Entre otros aspectos, se habló de una “acción que lesiona con arbitrariedad manifiesta la garantía de independencia prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte: qué son los nombramientos "en comisión"

La Constitución Nacional habilita distintos mecanismos para que el Poder Ejecutivo designe a un juez de la Corte Suprema. El más habitual requiere la aprobación de dos tercios del Senado de la Nación, pero no es el único: otra de las opciones que establece la Carta Magna es la posibilidad de completar vacantes a través de nombramientos por comisión.

En su artículo 99, inciso 19, establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El inciso fue incluido en la Carta Magna desde su redacción en 1860. En aquel momento los recesos eran más largos. Las sesiones ordinarias iniciaban el 1º de mayo y finalizaban el 30 de septiembre. El Congreso sesionaba apenas 5 meses al año. Sin embargo, desde la reforma del 1994 las cámaras sesionan desde el 1º de marzo al 30 de noviembre (9 meses).

El nombramiento en comisión no exime a que el Ejecutivo pase por el Senado, aunque habilita a los magistrados a que asuman temporalmente. La Cámara alta, sin demora, deberá tratar el pliego o los pliegos (en el caso actual) designados "en comisión" y someterlo a un posterior acuerdo en el recinto, donde podrán ser aprobados o rechazados, dependiendo del consenso que reúna el oficialismo.

El cargo será ejercido en primer término de manera "temporal" hasta que el Senado defina su futuro, por lo que la vacante quedará cubierta y el Presidente no podrá designar a otro en su lugar. Es decir, no podrá retrotraer el camino elegido, ni tampoco removerlo.

El juez ocupará el cargo “mientras dure su buena conducta”, a menos que sea removido. También podrá hacerlo a menos que el Senado rechace el acuerdo, por lo que ya no se mantendría ni siquiera “en comisión”. O hasta el fin de “la próxima legislatura”, circunstancia que operaría el 30 de noviembre de 2025.