Corte bifronte: "Mayoría peronista" con llave para traslados y Rosenkrantz aprovecha juicio político

Oficialismo apunta con pólvora mojada a presidente del tribunal, pero acción transcurre en vocalías de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Las "migas" para seguir en la Acordada 4. Comienza a analizarse amparo Ciudad por la "copa".

Carlos Rosenkrantz y Vanesa Siley.

La Corte Suprema no ocupa todo el edificio del Palacio de Tribunales, cuya entrada principal es Talcahuano 550, apenas un solo nivel. Las vocalías del máximo Tribunal están ubicadas en el cuarto piso, que en rigor de verdad, es el segundo. Hay dos niveles inexistentes en el edificio que -incompleto- por primera vez se inauguró en 1910. Esas minucias exceden el conocimiento que se reclama a ciudadanos de a pie que, salvo que tengan problemas judiciales, sólo apreciarán desde afuera la arquitectura de su solemne fachada. Pero hay agentes especializados que a diario se inter-relacionan con el mundo que está detrás de esas columnas, y algunos (menos) que trabajan de decodificar lo que sucede en el cuarto piso, en cada una de las cinco vocalías. Es casi un requisito indispensable que representantes del Poder Ejecutivo de cualquier gobierno tengan interés en despuntar esa habilidad. El drama actual es que no ocurre. Prueba de eso fue la sorpresa que causó en la Casa Rosada la aceptación a dar trámite al “per saltum” presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para evitar que sus traslados hechos durante el macrismo se evaporen. La falsa certeza de que no era un escenario probable, pese a que el hermetismo de la Corte impedía hacer pronósticos, provocó un sacudón mayor y puso signos de interrogación a futuro. Al mediodía nadie se había enterado de que desde las 10 de la mañana del martes pasado había un voto de mayoría firmado por tres jueces. Si la veleta para saber para dónde sopla el viento yace sobre las tejas, alguien debería subir al techo para arreglarla.

Como ya informó Ámbito, la balanza la semana pasada la inclinó la tríada de jueces a los que el macrismo tildó despectivamente “la mayoría peronista”, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. El Gobierno había puesto en la mira a Carlos Rosenkrantz por el llamado a acuerdo extraordinario para tratar el tema. “Le apuntaron al cura y le pegaron al campanario”, sostuvo un operador que conoce el cuarto piso sobre las esquirlas que cayeron sobre el despacho de Elena Highton de Nolasco, como efecto colateral. Esos mismos tres jueces que vienen actuando en bloque para causas sensibles para la política tienen la llave para definir qué sucederá con el trío de magistrados que luchan por aferrarse a sus traslados. Según fuentes judiciales, Highton, al fin de la semana, se puso en contacto con la ministra Marcela Losardo para limar asperezas. Hubo otras interacciones, en las que llegó a despachos oficiales señales positivas sobre el fondo de la cuestión. Como entonaba Charly García, “Promesas sobre el bidet”.

En cuanto a lo principal, ha habido conversaciones informales (que son frecuentes entre los ministros) pero todavía ningún voto redactado. Eso impide pensar que mañana haya definición, algo que podría ocurrir en los próximos 15 días. Apuro no hay, más allá de las urgencias para la política que intensifica llamados. Ya son varios los que se atreven a pensar en voz alta lo que se reveló en Ámbito respecto de tímidas charlas de Zoom donde se exponía que ante un fallo negativo se pensaría en un carnaval de traslados impulsados ahora por el blindaje de una sentencia adversa. Poco probable que la opción quede habilitada.

Lo que sí empezó a activarse desde el viernes fue el análisis de los secretarios letrados respecto de la acción que entabló la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación, a la par de la discusión en el Congreso donde los operadores porteños ven desgajarse su efectividad. Regalaron una semana, leen en tribunales. Hay un hilo invisible -pero jurisprudencial- que une el litigio Ciudad-Nación por la “copa” y la Acordada 4 de 2018 (tema autonomía y jueces nacionales). El fallo es “Bazán”.

En el mundo judicial se interpretó como un exceso de torpeza la difusión el viernes de una ampliación de juicio político a Rosenkrantz promovido, en verdad, días antes de que la Corte intervenga en el per saltum, por la diputada kirchnerista Vanesa Siley, quien integra además el Consejo de la Magistratura. El saldo para el Presidente de la Corte era sumamente positivo: qué mejor que aparecer victimizado de cara a la platea de la que nunca ha renegado. Para saber si fue cuentapropismo o una jugada de la política, se esperaba el tweet de Cristina de Kirchner. Por las dudas, y en “off the record”, el Gobierno trataba desesperadamente de que no le cuelguen esa factura y negaba que el Ejecutivo estuviese detrás de la movida que apuntaba a la posición de Rosenkrantz respecto al tema “2x1” a represores y la causa Blaquier, que viene dando vueltas en varias vocalías y que hoy -por sistema- aparece en la secretaría penal desde noviembre de 2019. Detrás de eso quedó en el escrito la acusación por el todavía inconcluso pleito de las tabacaleras Philip Morris y British American Tobacco versus Tabacalera Sarandí, también enlistado en el pedido de ampliación. Esa trama cuenta con aditamentos que exceden la imaginación respecto al movimiento de placas tectónicas de poder. Con todo, Rosenkrantz hoy es la máxima autoridad de un tribunal bifronte: la preside en lo formal pero la “mayoría” es la que termina comandando la dirección de la sentencia. Sin ansias ni posibilidad de consensuar con sus colegas, termina la mayor parte de las veces votando en soledad en los expedientes de mayor publicidad. En otros, las mayorías son móviles. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda constituyen el otro bloque de poder que ya enfrentó al gobierno de Mauricio Macri, suscribió la mayoría de la Acordada 4 y se llevó la firma (los tres solos) en la Acordada 7, que es la que alegan los jueces en su demanda. Sobre la 4 debe posarse la atención para descubrir pistas. La médula del planteo que tendrán que analizar en la Corte es si como sostiene un precedente “el ´traslado´ de un juez constituye en rigor un ´nuevo nombramiento´”. Eso se escribió en la Acordada 4, lo mismo que “el consentimiento del juez no suple ni puede obviar la intervención del Senado o del Poder Ejecutivo, porque si así fuera, bastaría la concurrencia de la voluntad del juez con uno de esos dos poderes para saltear el control en las designaciones que deben efectuar -por mandato constitucional- en conjunto”. Para el Gobierno, una última línea esperanzadora es que “un nombramiento se refiere a un cargo judicial determinado”, según Germán Bidart Campos, “determina que ´cada´ acuerdo debe acompañar ´cada cargo´”. Para relativizar todo, una Acordada no es un caso. Es apenas una decisión de “superintendencia” para organizar tribunales, repiten en el cuarto piso. De ser así, el Gobierno sería el más favorecido con los límites laxos que plasmaron Rosenkrantz y Highton en su disidencia parcial. Es difícil pensar que el kirchnerismo tolerará la espera con paciencia zen.

Más cuando en el “Consejo de notables” para la reforma judicial surgió una idea muy curiosa: ante el diagnóstico es que el Consejo de la Magistratura no funciona, sobrevoló la tesis de devolverlo a una instancia de 20 miembros, con mayor representación de jueces, académicos y un nuevo equilibrio para la política. Eso sería como decirle a Cristina que su proyecto de 2007 de achicar a 13 miembros fue el causante del desbalance. Sería el giro más insólito para demostrar que no puede atribuírsele ninguna intención de reforma que la beneficie en lo personal.

Hasta lo sencillo se vuelve complicado: Alberto Fernández hizo una jugada estratégica para completar la Cámara Nacional Electoral, que arrastra desde hace años una vacante. Macri fracasó cuando vacilaba en enviar el pliego al Senado de Hernán Goncalves Figueiredo, hombre del riñón de la CNE y con aval del PJ de Miguel Ángel Pichetto entonces. La UCR metió “ruido” en la Coalición de Gobierno denunciando que la primera en la terna (por puntaje) era Alejandra Lázzaro, también del primer anillo de la CNE y considerada “propia” por los radicales que sin disimulo denunciaron discriminación, pero sobre todo que se le negaba un bastión estratégico a manos del PJ. Sin ese fantasma ahora, a Fernández la elección del juez federal Daniel Bejas (que hizo sonreir al peronista Juan Manzur) también le trajo un problema inesperado. No solo los opositores, sino también algunos “propios” le señalan una discriminación negativa por género en un problema que se le traslada funcionalmente a la vicepresidenta.