Tras la denuncia penal de Capital Humano por cobro de plus en su jubilación, Cristina Kirchner prepara su defensa. En paralelo, ANSES insiste en la quita de haberes tras condena en Vialidad.
6 de febrero 2025 - 18:41
Cristina Kirchner define estrategia judicial para hacer frente a la denuncia de Capital Humano
La expresidenta mantuvo conversaciones con sus abogados para delinear la defensa. Este viernes se sortea un nuevo magistrado para el juzgado en que recayó la causa.
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Cristina cuestionó a Milei por la denuncia de ANSES y lo acusó de perseguirla judicialmente
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El Gobierno denunció a Cristina por declarar un domicilio en una zona austral cuando vivía en CABA
Cristina Kirchner enfrenta un nuevo proceso judicial tas la denuncia de la cartera de Sandra Pettovello.
La expresidenta tiene un nuevo frente judicial y administrativo. Algunas consultas, llamados telefónicos y diseño de estrategia entre sus abogados formaron parte del menú de esta semana, tras la nueva ofensiva del gobierno de Javier Milei por el cobro de los haberes jubilatorios.
El martes, el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello denunció penalmente a Cristina por presunta estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica “por haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso”.
Según ANSES el derecho al cobro del beneficio “está generado exclusivamente por la residencia efectiva o radicación real en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, la exmandataria -como es de público conocimiento- reside en Capital Federal.
El principal argumento de Fernández de Kirchner será que el beneficio por zona austral no se pide, sino que lo otorga ANSES en forma automática si el domicilio denunciado por el beneficiario corresponde a dicha región. En rigor, la normativa dispone que para registrarse en ANSES se debe presentar el DNI original y copia en el sistema de Acreditación de Datos Personales (ADP). La defensa de CFK dirá que el domicilio válido según la normativa del ente previsional es el que figura en el documento denunciado. Y que no hay ninguna disposición que obligue a los beneficiarios a acreditar el domicilio real.
Estrategia judicial
Otra de las líneas argumentales ante los tribunales de Comodoro Py será que no fue ella quien quiso cobrar algo de más. Sino que, oportunamente, tuvo una sentencia judicial que le reconoció ambos beneficios -jubilación y pensión- en forma retroactiva, que incluía el descuento del impuesto a las ganancias. Como dijo en su red social X la propia expresidenta, el hecho de haber renunciado al descuento de ganancias que había establecido el fallo judicial es lo que demuestra por sí solo que ella no quiso ganar más de lo que le correspondía, como asegura Capital Humano en su demanda.
La denuncia presentada por ANSES ya fue sorteada. Recayó en el juzgado federal 11, subrogado actualmente por el juez Julián Ercolini. Sin embargo, este viernes termina la subrogancia y se sorteará un nuevo magistrado suplente. En el bolillero girarán los nombres de Daniel Rafecas, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti (aunque está en duda porque ya subroga otro juzgado) y nuevamente Ercolini, pero en su juzgado titular, que es el número 10. El fiscal designado, en tanto fue Franco Picardi.
La defensa de Cristina estará a cargo de su abogado habitual en causas penales, Carlos Beraldi. Al mismo tiempo, el letrado que la representa y asesora en temas previsionales es Facundo Fernández Pastor, con quien dialogó en las últimas horas para articular la estrategia. Se trata del mismo profesional que la patrocina en el caso de la quita de la jubilación de privilegio por parte de ANSES, luego de la ratificación por parte de la cámara de Casación de la condena en la causa Vialidad, que tuvo lugar el año pasado.
Este último expediente es administrativo, pero ya está camino a judicializarse. Como adelantó Ámbito, Cristina impugnó la resolución por vía administrativa y- como era de prever- ANSES la rechazó. Sin embargo, la expresidenta aún no fue notificada formalmente de dicha resolución. Una vez que esto ocurra, hay un plazo de 90 días para llevar el caso a los tribunales.
El gobierno nacional le quitó el cobro de los haberes argumentando mal desempeño de sus funciones, tras la ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para Cristina la medida fue ilegal, ya que sólo puede aplicarse en caso de una condena por juicio político.
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