Diputados avanzan con una tipificación penal para la venta de niños

El proyecto volvió a debatirse tras el caso de Loan Peña y cuenta con el acompañamiento de todos los bloques políticos.

La Comisión de Legislación Penal debatió la tipificacion penal para la venta de niños.

Diputados

Mientras continúa el avance de la investigación por la desaparición de Loan Peña, Diputados buscan dictaminar en comisiones un proyecto que especifica penas para la comercialización de menores de edad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado -que este miércoles, avanzó con la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos-, por lo que si se sanciona en la Cámara baja se convertirá en ley.

"Hay una realidad, que es lamentable pero que sucede, que es que en la Argentina se venden niños", inició la jornada la senadora Carolina Losada, autora del proyecto, que remarcó que ese delito no está tipificado en el Código Penal nacional y que existen diferentes fines. "Hoy en el país hay 1.777 búsquedas activas de chicos que han sido denunciados, pero hay muchísimos más que han sido víctimas de esta compraventa pero que no hay denuncias porque los progenitores están de acuerdo con la compraventa", precisó.

Luego intervino Mariano Borinsky, camarista de la Casación Penal y asesor en la redacción del proyecto, quien señaló que "el Código Penal está desactualizado" y apuntó con la necesidad de "incluir desafíos contemporáneos, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño". En lo que concierne a su ubicación dentro del marco normativo nacional, el jurista indicó que "en estos casos se atiende a aspectos de la identidad y la filiación, por lo que nos pareció pertinente incluirlo dentro de los delitos del Estado civil".

En el debate se remarcaron los consensos que existen para la aprobación del proyecto, pero algunos diputados señalaron algunas posibles correcciones al respecto de la redacción de la ley, en donde se incluye la palabra "ilegítima" (que daría paso a entender una venta "legítima") o la falta de prioridad a la oferta de comercialización de niños (Borinsky respondió que si se explicita esta cuestión deberían tipicarse las tentativas). Una vez que se subsanen estas dudas, la iniciativa alcanzaría su dictamen.

Qué dice el proyecto de ley que tipifica la venta de niños

El proyecto establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión "al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado".

Losada y Borinsky, invitados a la Comisión de Legislación Penal.

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Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para "quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare", con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de cualquier rol estatal.

El texto contempla situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido) y que este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas. Se establece también la figura de "colaborador eficaz", en caso de que se aporte información vinculada a los casos.

Senado: alcanzó dictamen la ampliación del Registro de Datos Genéticos

Una de las iniciativas del Gobierno en materia de seguridad se vincula con la ampliación de los tipos penales que serán incluidos en el Registro de Datos Genéticos, hasta el momento utilizado exclusivamente para delitos contra la integridad sexual. El proyecto ya fue aprobado en Diputados el 14 de agosto pasado y obtuvo dictamen este miércoles en el Senado, por lo que se encamina a convertirse en ley.

"Es una herramienta de investigación criminal que toman los datos de todas las personas imputadas y condenadas. Se toman las muestras y evidencias que se encuentran en la escena del hecho, que son de ADN", explicó Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad encargado de las vinculaciones del organismo con el Poder Legislativo.

Para evitar la vulneración de la privacidad, la legislación explicita que “la información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”. "Bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, agrega.

Informe Fernando Brovelli.-