El Gobierno cumplió un doble objetivo en el Senado: aprobó proyectos de promoción de inversiones y contentó a aliados

La Cámara alta le dio media sanción casi por unanimidad al Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR) y a la regulación del mercado de carbono. Juró la senadora Claudia Cecilia López, en reemplazo del difunto Carlos Pagotto.

Solo hubo dos rechazos, del oficialismo santacruceño, en los primeros dos proyectos del Senado.

Para evitar un octubre sin convocatorias al recinto, el Gobierno llamó a una sesión en el Senado e incluyó una serie de proyectos de autoría de sus aliados, que pretenden incentivar inversiones en economías regionales y establecen estabilidad fiscal sectoriales por 30 años. La única iniciativa con firma libertaria, que provocaría la reforma de la ley 26.657 de Salud Mental, quedó para después de la medianoche. Todos los proyectos deben aún pasar por la Cámara de Diputados.

Las primeras cuatro horas de sesión fueron dedicadas a homenajes por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, además de conmemoraciones por los fallecimientos del sindicalista Norberto Di Próspero y el senador Carlos Pagotto. El legislador riojano de La Libertad Avanza fue reemplazado por Claudia Cecilia López, quien juró en el inicio de la jornada. Durante la convocatoria también se aprobó una resolución multipartidaria para invitar al Papa León XIV a encabezar una Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación.

El oficialismo alcanzó una amplia aprobación del Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR) con 60 votos a favor contra 2 rechazos de los oficialistas santacruceños, siempre esquivos a Casa Rosada. El peronismo tuvo nueve ausencias. El proyecto de autoría del correntino Eduardo Vischi (UCR), quien lo definió como "un régimen de inversión para la producción real", establece facilidades impositivas para actividades dinámicas de generación de empleo intensivo que no pueden ser encuadradas por los esquemas ya aprobados (RIMI, RIGI) ni por el Súper RIGI, paralizado en el Senado.

La otra aprobación fue la regulación de un mercado de carbono, presentado por la salteña Flavia Royón (Primeros los Salteños), con 61 votos favor y 2 rechazos (también de Carambia y Gadano). El proyecto reglamentaría la comercialización de "créditos de carbono", que se obtienen cuando emprendimientos de sostenibilidad (reforestación, energía renovable o agricultura regenerativa) generan una reducción en la emisión, a compradores nacionales o extranjeros que precisen compensar sus propias emisiones de carbono. La formalización quintuplicaría los fondos que recibe el sector. Salvo el régimen fiscal de 30 años, el peronismo acompañó la iniciativa a pesar de que no se incluyó un cuerpo de 16 artículos de su autoría referidos a servicios ecosistémicos ambientales.

Claudia Cecilia López, senadora riojana libertaria que asumió su banca en la sesión de este jueves.

Senado

Para el final del temario, se incluyeron otros dos proyectos de aliados con amplio consenso: uno que dispone la obligatoriedad de los comercios del rubro gastronómico de contemplar cartas adaptadas con pictogramas, de la chubutense Edith Terenzi (Provincias Unidas); y otro que modificaría la ley 26.206 de Educación Nacional para promover el desarrollo de la educación emocional en el sistema educativo, del catamarqueño Flavio Fama (UCR). También se contempló la transferencia de inmuebles del Estado nacional a favor de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes

El primer proyecto del temario fue el RIIR cuyo autor, Eduardo Vischi, planteó que busca "poner reglas claras de juego" y aprovechar la demanda global de alimentos y energía para "inversiones de las medianas y grandes empresas que probablemente tengan la mirada puesta en un país más federal y puedan apostar al desarrollo productivo de distintos rincones del país". "Hay una recesión, una falta de consumo y un parate; evidentemente el consumo interno está rezagado. Por eso, sin dudas un objetivo importante es la exportación de nuestros productos", añadió.

La iniciativa busca atraer inversiones superiores a los u$s12 millones a partir de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y de la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA generados por la actividad. A su vez, establece que los emprendimientos deben estar destinados a la fabricación o importación de "bienes muebles nuevos" -excepto automóviles-, o la realización de obras afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en territorio nacional. Otras de las condiciones es que no podrán adherir las inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio.

El plan de inversión deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión. También se establece la devolución de créditos fiscales en el IVA y estabilidad fiscal por 30 años.

El Senado homenajeó a Juan Carlos Pagotto en el inicio de la sesión.

Régimen de mercado del carbono

En su presentación del proyecto, Flavia Royón remarcó que "Argentina está quedándose atrás en esta temática por no tener un marco regulatorio que permita que nuestros bonos de carbono puedan ser comercializado en mecanismos regulados que pagan mucho mejor valores". "Crea un registro para evitar que una misma de dióxido de carbono se contabilice dos veces", sintetizó la senadora y precisó que el objetivo de la ley es "la contabilidad climática nacional", que es condición para acceder a los mercados internacionales.

La redacción crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que tendría mayores funciones que el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi) creado en 2021, que fiscaliza proyectos que deben demostrar que la reducción de emisiones no habría pasado sin su existencia y que es duradera en el tiempo. Como estímulo, tendrían estabilidad fiscal por 30 años y una serie de facilidades impositivas (en Ganancias, IVA y amortizaciones). Se establece seguridad jurídica con respecto a la propiedad del crédito, que pertenece al dueño de la tierra y no al Estado.

La medida implicaría un paso más en la construcción de capacidad regulatoria, establecería en la Argentina un marco legal similar al de la región (Brasil, Chile y Colombia ya se reglan por estos marcos) y destrabaría la actual iniciativa de mercados voluntarios. Se estima que el caudal de inversiones pasaría de unos u$s788 millones a u$s3.900 millones a partir de la reglamentación.