El Gobierno coquetea con un "shutdown", a la argentina

Sin nuevo Presupuesto, y prorrogando uno que tiene dos años de desfasajes en números reales, un vacío legal cruzado con la Ley Bases le da plena discrecionalidad a la Jefatura de Gabinete para manejar las partidas para el 2025.

En la historia reciente del país, no hubo dos años seguidos donde el Presupuesto Nacional no fuese aprobado.

Mariano Fuchila

En los Estados Unidos existe un cierre de Gobierno o “shutdown” que implica el cese de la prestación de algunos servicios públicos cuando no se llega a un acuerdo entre el Presidente y las Cámaras de Representantes y el Senado respecto al Presupuesto para el siguiente ejercicio. El Gobierno, o varias ramas de él, se apagan momentáneamente. En Argentina, esa figura no existe en la Constitución Nacional, pero la administración de Javier Milei amaga con estrenar un formato similar, al modo argentino.

En la historia reciente del país, no hubo dos años seguidos donde el Presupuesto Nacional no fuese aprobado, aun con sus dibujos y reasignaciones que terminan siendo un clásico en contextos inflacionarios. Hay un vacío legal. La suspensión de la reunión de comisión y por ende del dictamen, en la cuenta regresiva de la finalización de las sesiones ordinarias pone presión a una negociación difícil en la que el propio Milei desdeña llegar a un acuerdo. Por lo tanto, el amague se convierte en amenaza cierta de prorrogar un presupuesto ya prorrogado, algo que nunca ocurrió, pero tiene sus implicancias.

Con este escenario, se aplicaría el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que establece que “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regir el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados”. El problema es que, en realidad, esos números son de 2023, cuando ya se produjo una prórroga. Son cualquier cosa, menos reales. Alguien podría cuestionarse que no se puede recurrir a los números anteriores porque estos tampoco correspondían a un plan de gastos vigente.

Pero eso se cruza con en el artículo 56 de la Ley 25.725 sancionada en el presupuesto del 2003 que señala que “en caso de operarse el supuesto previsto en el artículo 27 de la Ley 24156 de Administración y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros para adecuar el Presupuesto General de la Nación, a los efectos de incorporar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el período en el que haya regido la prórroga prevista en el citado artículo, sin exceder el total de créditos aprobado por la Ley de Presupuesto del año correspondiente”. Todo en manos de Guillermo Francos.

La prórroga genera una discrecionalidad en el manejo de las partidas que le da facultades por el Artículo 100 de la Constitución Nacional (ejercer la administración general del país) para llevar adelante discrecionalmente cambio de partidas sin que haya monitoreo de la ejecución del presupuesto, partiendo de la base que los números jamás se van a corresponder con la realidad actual.

Cruzado esto con la Ley Bases y las facultades delegadas, el panorama es abiertamente favorable a que el Gobierno tenga por escenario ideal que ningún Presupuesto se apruebe nunca jamás y dominar así todo el control de partidas a exclusiva voluntad. Como el Presidente ya lo anunciara, sin emisión, la motosierra alimentaria las partidas que fueran asignadas de forma directa. Eso sería un equivalente a un "shutdown" a la criolla.