El Gobierno ante una ventana estrecha para negociar una integración de la Corte Suprema de consenso

En el PJ aguardan una inminente oferta ampliada que permita desbloquear una siguiente instancia de conversaciones, con mayo en la mira. El desembarco del acusatorio en Comodoro Py suma reunionismo y más señales de alerta por los fondos.

El Gobierno Nacional tiene una ventana de poco menos de un mes para llevar adelante su intento de volver a la carga con la integración de la Corte Suprema, esta vez, con una fórmula de consenso, tal como lo adelantó Ámbito la semana pasada. Cualquier error de calibración en la negociación, un desgaste prematuro de los candidatos o un mal manejo de los plazos sepultará el experimento bajo el calendario electoral. Toda la operación debiera ser quirúrgica para que el Senado la valide durante mayo y no está exenta de condicionantes fuera del plan que amenacen su concreción.

En el campamento kirchnerista intuyen que, de un momento a otro, madurará la oferta que les será comunicada desde el Ejecutivo con los nombres propuestos. Pero con el adicional que para ser considerados –tal como informó este diario- contengan una negociación consensuada para la Procuración General, la Defensoría General, y los más de 150 pliegos cuyo stock almacena la Casa Rosada. Sin esos aditivos ni la discusión para la ampliación de la Corte sobre la mesa sería imposible que las conversaciones avancen. De todas formas, guardan el nombre de su eventual candidata bajo siete llaves. Es una mujer.

Por el lado del Gobierno someterán al test a dos nombres: el primero es el de la actual Secretaria de Legal y Técnica María Ibarzaba Murphy. La abogada es una de las principales allegadas al asesor presidencial Santiago Caputo y cumple con los requisitos de confianza indispensables por integrar el grupo judicial originario, que completa el viceministro Sebastián Amerio. Sería el placet para una “pura” y abrir el juego para un segundo colocado por la oposición. El rumor de que insistirían con dos candidatos propios es un cazabobos con destino de callejón sin salida.

Su plan B está mucho más relacionado al traspié con Manuel García-Mansilla porque es otro académico del mismo perfil y que ha sido coautor con el fallido candidato de varios artículos sobre derecho constitucional, Ricardo Ramírez Calvo. La maduración del intento de acuerdo llegó con un mensaje claro sobre sumar a la discusión los pliegos de jueces, fiscales y defensores que acumularon durante 16 meses. De ese lote es imposible que puedan pasar el peine fino para conformar a todos los sectores, por lo que se seleccionarán los estratégicos.

Juega la política

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales y varios operadores dentro del Poder Judicial miran estos escarceos con una mezcla de desdén y escepticismo. ¿Por qué habría de funcionar lo que ya falló con tanta contundencia en el Senado hace menos de un mes? Hay una cuestión política que es también numérica. El Gobierno y el PJ no pueden asegurar juntos los dos tercios. Tan solo pueden asegurar que no exista per se un tercio que bloquee. Sin embargo, cuanto más se evidencie un entendimiento y demore una negociación, los otros sectores –principalmente la UCR- podría querer intervenir para no quedarse afuera y arañar algo de lo que se reparta. Candidatos “digeribles”, definió una fuente con acceso a las conversaciones. Después cada sector deberá amañarse para explicarle a sus bases cuál es la síntesis ideológica para haber llegado a un entendimiento con sus antagonistas.

Aquí una sorpresa que vale la pena subrayar: cerca de Cristina Kirchner creen que los candidatos que se propongan deben tener el visto bueno de la mayoría de la Corte. Esto es que no vuelva a ocurrir que la cobertura de las vacantes juegue un papel en la interna del máximo Tribunal o persiga la finalidad de inclinarla para uno u otro sector. Para la ex presidenta, hoy, es primordial no fastidiar ni a Horacio Rosatti ni a Carlos Rosenkrantz. Los mensajes recibidos en Talcahuano 550 son consistentes con esta postura. Hay una inversión de roles porque al Gobierno ya no parece importarle nada de lo que opinen en el cuarto piso y los miran con cada vez mayor desconfianza.

Esto quizás explique por qué un importante funcionario libertario transmitió a un miembro de la Justicia que el Gobierno sería capaz de insistir con el nombre del juez federal Ariel Lijo. Al magistrado lo llamó un allegado consultando por esta posibilidad. La negativa fue categórica y plagada de malos recuerdos al modo en el que sintió que fue limado en esta experiencia que se extendió durante un año. No way.

Por todo esto, la situación es muy inestable y su éxito depende de una cantidad de factores que debieran coordinarse con una inédita precisión para, además, llegar con los tiempos y que no quede todo subsumido a la actividad de campaña que le agrega otro ruido. El primer indicio será el destino de la sesión por la media sanción pendiente para Ficha Limpia en el Senado. Esta semana corta será crucial para las conversaciones subterráneas. Hubo otra duda que comenzó a sobrevolar el mundo judicial: ¿el Gobierno sería capaz de derogar el Decreto 222 de Néstor Kirchner que regula el proceso de publicidad y participación para la designación de jueces para la Corte Suprema? Obvio que no escaparía del requisito constitucional de dos tercios del Senado, pero podría acortar plazos. Polémica en puerta.

Acusatorio puso en alerta a los jueces de TOF y a los fiscales

El resto de la agenda del Poder Judicial está teñida por dos temas esenciales: la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py y el eventual traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, empujado por el fallo “Levinas” de la Corte Suprema. Para lo segundo, el Gobierno acordó vía el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona con la Asociación de Magistrados montar una comisión especial que analice la propuesta legislativa que deberá contemplar todas las aristas para un futuro traspaso. Habrá una silla para los jueces en esa comisión, lo que deja flotando la idea de que nada será inminente.

Lo que no salió como se esperaba fue la reunión que el lunes pasado mantuvo Cúneo Libarona y su subsecretario de política criminal Alberto Nanzer con los integrantes de la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF). Los jueces encargados de los juicios orales buscaron escuchar de primera mano lo que el Gobierno planeaba con la implementación del sistema acusatorio el 11 de agosto y plantear sus dudas acerca de las condiciones edilicias y la factibilidad de ponerlo en marcha en Comodoro Py. Asimismo, se desayunaron que la reorganización en el edificio de Retiro los tendría pasando a depender funcionalmente de la Cámara Federal –y no ya de la Cámara de Casación Federal- a través de la presea que, como informó Ámbito, es la Oficina Judicial. Mariano Llorens pica en punta para alambrar esa dependencia bajo su control. Y que, además, serían los jueces de garantías de primera instancia (con el plus salarial) los que establecerán las condiciones de ejecución de la pena y eventuales acuerdos por penas alternativas que ellos deberían solamente suscribir en un paquete acordado de antemano, en otra instancia. En síntesis, percibieron una suerte de degradación en el proceso nuevo, lo que los puso en alerta.

Por supuesto que se mencionaron las vacantes como asunto crítico (lo es en todos los fueros y en todos los niveles), la ausencia de salas de audiencias, y que para cubrir juicios en otras jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires los Tribunales están al límite reglamentario en sus integraciones, lo que obliga a hacer malabares.

En el medio de la reunión, no se privaron de reiterar que las condiciones edilicias no eran las adecuadas en Comodoro Py 2002 y mencionaron que –por ejemplo- no hay suficientes baños para atender un incremento de personas en el edificio. “Hay que hacer fila para ir al baño”, lanzó uno de los asistentes. “Para ir al cine también tienen que hacer fila y nadie se queja”, fue la respuesta del Ministro.

El desconcierto entre los jueces de tribunales orales probablemente los motive para ir a golpear la puerta de Casación que ya hizo su intento –buscando la espalda de la Corte- para enfatizar sus dudas sobre la aplicabilidad del acusatorio en Comodoro Py. El máximo Tribunal hizo la mímica de preocupación y tomó nota del problema edilicio pero, temen en despachos judiciales, que se declare “Suiza” en el conflicto que asoma con el Ministerio de Justicia.

Cúneo Libarona aseguró que el presupuesto para implementar el acusatorio está. Pero acto seguido, los fiscales ante Casación Raúl Pleé, Mario Villar y Javier De Luca firmaron una carta conjunta dirigida al Procurador General Eduardo Casal donde alertaron –con bastante énfasis- la ausencia de recursos que afectaría al Ministerio Público Fiscal para abocarse a sus nuevas tareas. Más allá del contenido, el significante que expresa es que los fiscales de la mayor instancia pusieron por escrito parte de los reclamos que, por lo bajo, hacen todos. La alarma no es menor y se escucha en varias fiscalías: sin esas condiciones, impactaría en los plazos mandatorios que impone el nuevo sistema para las investigaciones y los deja expuestos a sanciones. Lo más revelador que expone la carta es que debería invertirse la proporción de personal y medios que posee el Poder Judicial con respecto al Ministerio Público que es de 5 a 1 como “condición previa” a la implementación.

Rumores de postergación

En despachos judiciales empiezan a entender que la fecha del 11 de agosto podría posponerse lo que, en el fondo, no le sienta mal a Cúneo Libarona que podría extender su permanencia en el Gobierno. Se aproxima la hora de la verdad en una carrera donde florecen los murmullos y el cargo de “fiscal de distrito” empieza a ser una silla eléctrica en estas condiciones, incluso para los más entusiastas del desembarco del acusatorio en el fuero más político del sistema judicial. Sobre el final de la semana, los jueces volvieron a reunirse pero esta vez con Amerio y allí el tópico volvieron a ser las vacantes, donde existió la promesa oficial de que se está trabajando para cubrirlas. En el fondo saben que es el único funcionario de Justicia que puede hacer un pronóstico real de lo que en realidad pretende hacer el Gobierno.

La contracara de las idas y vueltas en la superficie fue el Consejo de la Magistratura que el miércoles pasado celebró su plenario para elección de autoridades después de semanas de tironeos. Acorde con los tiempos, el cónclave derivó en un entendimiento unánime para definir las autoridades de las comisiones lo que se presentó como un reseteo armónico en el órgano de selección y remoción de jueces. Hubo “fumata blanca”. La Comisión de Administración Financiera (CAF) quedó en manos de Amerio que hace semanas perseguía ese objetivo para meterse de lleno en los números del Poder Judicial.