Se agrava el conflicto en agroindustria: sigue paro y denuncian bloqueos

Las medidas de fuerza cumplirán hoy su séptimo día consecutivo, a razón de u$s100 millones diarios en pérdidas. Moroni pidió flexibilidad.

Matias Kulfas y Claudio Moroni.

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El conflicto en la actividad agroindustrial se agravó ayer con la decisión de los tres gremios clave del sector aceitero de continuar con el paro, que hoy cumplirá su séptimo día consecutivo, y la denuncia de las compañías exportadoras de un bloqueo a sus plantas por parte de los trabajadores como parte de las protestas en reclamo de mejoras salariales. La pulseada escaló a los máximos niveles de Gobierno, en donde preocupa su extensión por el freno al ingreso de divisas por las ventas al extranjero y un eventual escenario de desabastecimiento local.

El involucramiento de la administración de Alberto Fernández ayer se hizo ostensible: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se contactó con las empresas para pedirles que acerquen posiciones en la paritaria con la federación de aceiteros (Ftciodyara), el sindicato de San Lorenzo (SOEA, el que tiene representación sobre los operarios de las mayores plantas productoras) y la Unión de Recibidores de Granos (Urgara), unidos por primera vez en una inédita alianza gremial para confrontar con los exportadores. El SOEA, por su parte, le transmitió al Presidente su sospecha de que la inflexibilidad de los privados enmascara una presión devaluatoria para mejorar la rentabilidad del sector.

Todas las gestiones tuvieron ayer como epicentro el Ministerio de Trabajo, en donde confluyeron durante casi diez horas los responsables de la Ciara (la principal cámara patronal del segmento agroindustrial), de la federación y del SOEA en una audiencia que terminó sin acercamientos y tampoco una fecha para una nueva audiencia de conciliación. Al término los gremios confirmaron la continuidad de las medidas de fuerza que arrancaron la semana pasada y que anoche mantenían paralizada una veintena de barcos con producción destinada a la exportación en la franja que va de Timbúes a Bahía Blanca.

Los sindicatos, unidos en la actual negociación tras más de una década de paritarias por separado, consensuaron un planteo que consiste en llevar el año que viene el salario básico de la actividad, actualmente de casi $ 70 mil, a 93 mil pesos. Para ello establecieron un camino gradual que implicaría adicionarle a la paritaria de este año un 10% al 25% pactado en mayo pasado, y abrir 2021 con otro 25 por ciento a ser revisado a mitad de año. También quedó formalizado el reclamo del SOEA por un “bono covid” de 10 mil pesos mensuales, retroactivos a marzo, para los trabajadores que hubieran mantenido su actividad sin alteraciones durante toda la pandemia.

GustavoIdígoras, referente de Ciara, le dijo anoche a este diario que en las principales plantas industriales “hay bloqueos de trabajadores que no dejan entrar al personal jerárquico ni a los (operarios) fuera de convenio” como tampoco a las autoridades de Aduana, Senasa o Prefectura Naval. “No tenemos el control de las plantas”, se quejó el directivo que aseguró, además, que esa denuncia se formalizará a través de presentaciones judiciales en las próximas horas. “Anunciaron la extensión de las medidas pese a que mejoramos la oferta mientras ellos subieron sus demandas. No hay voluntad de negociar”, amplió.

La audiencia formal de ayer mantuvo por separados a los actores. En un piso de la cartera estuvieron los dirigentes de la federación, con Daniel Yofra a la cabeza, en otro los del SOEA, liderados por Pablo Reguera, y en oficinas aparte los directivos empresarios. Con Urgara se dispuso una negociación paralela. Por la cartera laboral quedó a cargo el viceministro, Marcelo Bellotti. Las empresas volvieron a ofrecer, con algunas variantes, un incremento salarial de 3% mensual de noviembre pasado a marzo de 2021, acumulativo, y a partir de abril ajustar los sueldos por inflación, además de un premio con un fijo de 60 mil pesos para todos los operarios y un componente variable de hasta $ 15 mil en función de lo efectivamente trabajado en cuarentena. Entre las principales empresas del rubro se encuentran Renova, Molinos Río de la Plata, Bunge, Cargill, Terminal 6 (que une a Bunge con Aceitera General Deheza), Cofco (Capitales chinos), Dreyfus y Vicentin.

El SOEA, que semanas atrás había hablado del conflicto con los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Producción, Matías Kulfas y el propio Moroni, elevó ayer el lobby hasta la Jefatura de Gabinete para advertir de las supuestas presiones devaluatorias detrás de la falta de avances. Según los gremialistas, las grandes fábricas ya se hicieron del grano para molienda y buena parte de la producción ya fue dispuesta en barcos que esperan una resolución para zarpar hasta sus destinos de exportación. Y si bien cada día de parate les ocasiona un costo que las propias compañías cifraron en 100 millones de dólares, para los dirigentes prima la expectativa de una eventual devaluación del dólar o bien de una mitigación de las retenciones.

En este punto hay coincidencia con la Federación y el gremio de San Lorenzo. En ambos casos descartan una razón económica para no otorgar los aumentos solicitados y alegan que las compañías impulsaron el conflicto para especular con el valor de sus producciones. Idígoras, además de encabezar Ciara, es el principal referente del Consejo Agroindustrial Argentino, un espacio empresarial que el Gobierno privilegió por sobre la Mesa de Enlace.