Hasta la semana pasada, el oficialismo junto a los bloques aliados tenían listo el dictamen para una reforma sustancial en la organización de los gremios. Sin embargo, a último momento -incluso algunos diputados se enteraron de camino al Congreso- se suspendió la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo que avanzaría con un proyecto al que la CGT se resiste.
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Casa Rosada le quitó su apoyo al proyecto radical de reforma sindical pero sostiene un arma de negociación con CGT.
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La CGT y el Gobierno nacional continúan mostrando sus armas en medio de una permanente negociación.
"Hace falta que se trabaje más la ley", dijo a Ámbito el jujeño Manuel Quintar (La Libertad Avanza) al explicar la motivación de la bancada libertaria para retirar su apoyo a una iniciativa radical, que se daba por descontado luego de meses de debate en comisiones. ¿Cuáles eran las reformas más importantes? La eliminación de las reelecciones indefinidas para los secretarios generales, la supresión de la obligatoriedad de la cuota solidaria, la puesta en vigencia de la ficha limpia para los sindicalistas, la reglamentación de la representación de las minorías en la dirigencia gremial y nuevos esquemas de elección de la obra social sindical.
El cambio de postura libertaria fue sustancial para evitar una mayoría en la comisión. De sus 31 miembros, 18 (de UP, LLA, FIT) no apoyaban las modificaciones en las leyes de Asociaciones Sindicales y de Convenciones Colectivas de Trabajo. Tampoco estaban asegurados los acompañamientos de los dos integrantes de Encuentro Federal, entre los que se encuentra el sindicalista petrolero Jorge Ávila. Los que sí apoyan la reforma sindical son la mencionada UCR, el PRO y la Coalición Cívica.
Pese a esta decisión, el oficialismo se guarda la posibilidad de dictaminar un proyecto propio más adelante. En esa espera, el Gobierno conserva una herramienta de negociación con la CGT, que luego de acompañar -parcialmente- la movilización de jubilados, anunció su adhesión a la marcha que realizarán las universidades el 2 de octubre contra un posible veto de Javier Milei. La central sindical fue consultada por este medio sobre si se revitalizaron los canales de diálogo con Casa Rosada, pero omitieron brindar cualquier tipo de respuesta.
El peronismo y las provincias, en posturas medias
Sergio Palazzo (bancarios), Carlos Cisneros (bancarios), Hugo Yasky (CTA), Mario Manrique (SMATA), José Gómez (Luz y Fuerza) Pablo Carro (universitarios) y Vanesa Siley (judiciales): la composición sindical de Unión por la Patria dentro de la comisión lo posiciona en la vereda opuesta a las intenciones de reforma que estuvo cerca de dictaminarse este martes. "La prioridad del proyecto está puesta en recortar la capacidad de los sindicatos de incidir en el debate por los ingresos", consideró Daniel Arroyo a este medio, y analizó que "la pelea no tiene que ser entre el gobierno y los sindicatos, sino en cómo hacemos para que se amplíe la capacidad productiva y se genere más trabajo".
"Hasta ahora, el Gobierno viene contando con que tiene una mayoría con la que objetivamente no cuenta, porque no se ha podido poner de acuerdo con los otros bloques", opinó Arroyo -también miembro de la comisión- y remarcó que el peronismo desea una reforma "más integral": "Corresponde que la persona que tiene una función pública presente declaraciones juradas, pero en los otros procesos que se modifican no me queda claro cuánto están mejorando las condiciones de organización del trabajo en un contexto donde se pierde empleo, donde hay un caído de la actividad económica".
Otra de las posturas llegó desde el bloque de Innovación Federal, en donde se encuentran representantes que responden a gobernadores provinciales. En ese sentido, el rionegrino Agustín Domingo, integrante de la comisión, también interpretó ante Ámbito que "se quiso avanzar con un dictamen sin haberse chequeado que estuviera el consenso" y entendió "prioritario avanzar en la descentralización de las negociaciones colectivas, en términos de lo que falta sobre reforma laboral, para que tenga un impacto en mejorar la formalidad en las relaciones laborales. Meterse en la dinámica interna de los sindicatos es muy discutible".
El enojo de Tetaz y rechazo del PRO
"Queremos reforma a fondo o nada. A medias no le sirve a los argentinos", precisó Quintar, y agregó: "Entendemos que lo que quiere hacer Martín Tetaz es tratar de manejar la agenda del Ejecutivo". La figura del economista radical es pertinente no sólo porque preside la Comisión de Legislación del Trabajo sino porque es la segunda ocasión en cinco meses que busca impulsar una reforma que alcance a los sindicatos. La última vez fue antes del tratamiento de la ley Bases; como respuesta, el Gobierno incluyó una ley laboral en el paquete de medidas que no incluían modificaciones de orden político para los gremios. En el afán de acompañar al oficialismo, la UCR dejó de lado su propia iniciativa.
Una hora antes de que se oficialice la suspensión de la reunión de comisión, el propio Tetaz utilizó sus redes sociales para expresar su descontento en encuestas y publicaciones que se enmarcan en la narrativa oficialista: "Este es el tipo de cosas miserables de la política que dan bronca y ganas de abandonar a los que realmente queremos el cambio". "Estamos confiados en que el gobierno recapacite y que la semana que viene revele su verdadera preferencia. No se puede cachetear a Biró para la foto y después acordar con los gordos de la CGT. Hay que elegir de qué lado están", pidió.
Ante los trascendidos que apuntaban contra su posible cambio de postura, el PRO apuró un documento para ratificar su apoyo a la reforma en busca de "un sindicalismo moderno y democrático". "Básicamente, el comunicado lo redactó Capozzi", dicen desde el partido, en referencia al diputado vicepresidente de la Comisión. Luego, recuerdan la carta rubricada por Cristian Ritondo con demandas hacia el Ejecutivo nacional: "Este tema lo incluimos 16 de julio en un listado de temas y proyectos para ser tratados. Nunca nos movimos del mismo lugar". Al igual que la UCR, aseguran que se "están buscando las firmas" para obtener un dictamen lo antes posible.
Con menos diplomacia reaccionó la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica. "Dan asco", escribió en su cuenta de la red social X, y apuntó que "venimos trabajando para poner fin a los sindicalistas que usan sus cargos para enriquecerse. Me agrada que el gobierno sea tan explícito. Esta asociado a las mafias. Fin".
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