Exdirector de las FFAA se opuso a la reforma de la ley de Seguridad Interior: "Vamos a soltar al Rottweiler"

Juan Martín Paleo consideró "innecesaria" la iniciativa del oficialismo que apunta a que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones internas.

Juan Martín Paleo, exdirector de las FFAA.

Mariano Fuchila

Informe Fernando Brovelli.-

En una nueva jornada de debate en Diputados de una serie de iniciativas del oficialismo, el exdirector de las Fuerzas Armadas (FFAA) Juan Martín Paleo se refirió al proyecto que pretende la reforma de la ley 24.059 de Seguridad Interior, presentado por Luis Petri, Patricia Bullrich y Guillermo Francos.

La iniciativa habilita a las FFAA a participar en actividades de seguridad interior "en caso de acciones terroristas" sin necesidad de acudir a la declaración de estado de sitio. Sus funciones alcanzarán el "control de población, instalación y operación de puestos de control fijos y móviles para vehículos y personas; asegurar y acordonar una zona; control de multitudes; empleo de equipo antidisturbios; procedimientos para cooperar con la policía local y/o policía internacional". Además, incorpora al Servicio Penitenciario Federal como espacio de intervención y habilita el uso de su arsenal e infraestructura y permite el intercambio de recursos de inteligencia.

Hasta este martes, habían sido invitados dos defensores de la iniciativa: el actual ministro de Defensa, Luis Petri, y el extitular de esa misma cartera Horacio Jaunarena (tres períodos, 1989-1989, 2001 y 2002-2003). A diferencia de ellos, Juan Martín Paleo, graduado del Colegio Militar en 1983 y jefe de las FFAA en el período 2020-2024, consideró que "el proyecto de ley es innecesario, porque con el marco actual vigente las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas, previa declaración del estado de sitio". Además pidió prudencia, porque sino "vamos a soltar al Rottweiler".

"El único que se protege con esto es la autoridad política que impartió la orden", entendió Paleo y anticipó que "esto abre una puerta para que nuestros oficiales y suboficiales, porque son ellos los que van a estar en primera línea, deban desfilar nuevamente por los tribunales explicándole a un juez sobre la proporcionalidad de sus actos". El comentario toma pertinencia dado que Luis Petri fue consultado en comisiones por el grado de aceptación de la reforma dentro las FFAA. En ese momento, respondió: "Las FFAA son verticales, no trabajan por consenso: se tienen que subordinar a la ley".

Mariano Fuchila

Intervención de Juan Martín Paleo en Diputados

Durante la reunión en la Comisión de Defensa Nacional, Juan Martín Paleo introdujo su postura sosteniendo que "nuestro país tiene una visión de lo que es la agresión que está basada en un criterio geográfico, es decir que considera desde dónde viene". Luego, lo contrapuso señalando que "la visión que tiene que tener el Estado, sobre todo en los términos del conflicto a los que el escenario internacional pareciera dirigirse, es la intensidad de la agresión".

Luego dijo que el consenso democrático estableció que "las FFAA debían dejar de ser un factor de poder político. Las restricciones que se imponen al empleo del instrumento militar, de índole presupuestaria y legales, responden a esa lógica, que ya no existe". En ese sentido, apuntó que la intervención militar debe darse "cuando la amenaza que se está enfrentando es la invasión de otro país empleando submarinos y aviones" o "en defensa de la Constitución. Ahí habría que ver qué grado de empleo de la fuerza se utiliza para defender la continuidad del Estado".

Finalmente, y en referencia al proyecto de ley, remarcó que "el factor del éxito de una operación contra el terrorismo es la anticipación, y el proyecto de ley propone el empleo por reacción y aparte con procedimientos inadecuados". Sobre estos, dijo que el control civil es "propio de fuerzas de seguridad policiales" y entendió que las situaciones internas con "eficaz inteligencia, coordinación entre las fuerzas del Estado y con voluntad política perfectamente pueden enfrentarse".

Luego de él, llegó el turno del abogado Félix Lonigro, quien entendió que la reforma "no cambia de que las FFAA puedan participar porque eso ya está" y entendió en ese marco que "no hay ninguna inconstitucionalidad en el proyecto. Hasta se promueve la participación con más cuidados y previsiones que la que tiene la ley actual, siempre en el marco de una ley penal”.

El diputado Beltrán Benedit este martes en la Comisión de Defensa Nacional.

Mariano Fuchila

Reformas de seguridad en debate

Dentro del paquete de reformas del Código Penal y otras iniciativas legislativas que conforman la agenda de seguridad y Justicia, el oficialismo otorgó prioridad a los siguientes proyectos:

• Ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual: se extraerá material genético para integrar el registro a todas las personas procesadas por delitos contemplados por el Código Penal. Obtuvo media sanción en Diputados y dictamen en el Senado.
• Tipificación penal de venta de menores de edad: establece condenas a distintos partícipes de las cadenas de comercialización de niños. Obtuvo media sanción en el Senado.
• Reforma de Ley 26.216 de Armas de Fuego: Flexibilización del protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego. Prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entrega anónima de armamento para su destrucción. Obtuvo media sanción en Diputados.
• Proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado: agravamiento y unificación de penas para quienes sean considerados miembros de una organización criminal, establecimiento de facultades especiales a fuerzas de seguridad en “Zonas Sujetas a Investigación Especial” y decomiso anticipado. Obtuvo dictamen en Diputados.
• Reforma de Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos: establece un plazo máximo de seis meses para definir el restituir o destruir munición o armamento incautado. Obtuvo dictamen en Diputados.
• Sanción de ley de Bien Restituido: establecimiento de los parámetros de distribución a la sociedad civil de los bienes incautados a narcotraficantes y organizaciones criminales. Obtuvo dictamen en Diputados.
• Modificación del Régimen Penal Juvenil: baja de edad de imputabilidad (de 16 a 13 o 14 años, según el proyecto) y determinación de nuevas responsabilidades institucionales del Estado con respecto a los adolescentes judicializados. Se encuentra en debate en comisiones.