Pese a las diferentes medidas de fuerza anunciadas por las universidades públicas, que confluirán el 2 de octubre en una nueva marcha en defensa de la educación, el Gobierno insiste en que vetará la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la cual aumenta el presupuesto que se otorga a las casas de estudio. Sin embargo, en el oficialismo analizan por estas horas que la medida se conozca después de la movilización.
26 de septiembre 2024 - 13:16
Financiamiento universitario: la estrategia del Gobierno para reducir el costo político del veto
El oficialismo se mantiene firme en su decisión de vetar el proyecto sancionado por el Senado, que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades.
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Universidades públicas convocaron a una nueva movilización.
En Balcarce 50 buscan reducir el costo político que tendrá el veto impulsado por Javier Milei, ya que todavía recuerdan la masiva concurrencia del pasado 23 de abril, cuando miles de personas salieron a las calles a reclamar por el crítico estado de las universidades.
En ese sentido, el oficialismo estirará la decisión de vetar la ley al filo del tiempo límite, ya que el 3 de octubre es el último día del que dispone en término de los plazos legales para ejecutarla. Vale recordar que las organizaciones que integran la comunidad universitaria convocaron a movilizarse al Congreso para el 2 de octubre a las 17 horas, al tiempo que resolvieron concretar un paro los días 26 y 27 de este mes.
Además, en el Gobierno intentan concretar una mejora paritaria antes de emitir el veto presidencial. En ese sentido, durante la jornada del miércoles mantuvieron "conversaciones telefónicas" con autoridades del Consejo Universitario Nacional.
La movilización de la semana próxima será la segunda marcha federal universitaria contra el Gobierno después de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que estudiantes, docentes, gremios, legisladores y dirigentes de la oposición llevaron a cabo el 23 de abril último en rechazo al recorte presupuestario que había puesto en marcha la gestión de Milei, y que debió desactivar.
Qué dice la ley de financiamiento universitario
Con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó hace dos semanas pasada la Ley de Financiamiento Universitario. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
El proyecto sancionado por el Senado obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación.
La medida generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Como contrapartida, el Presupuesto 2025 presentado por Milei autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3,8 billones y, en caso de ser aprobado, habilitaría un esquema de auditorías con el que el Ministerio de Capital Humano podría suspender las transferencias. Esto es cerca de la mitad de lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que las casas de estudio sigan funcionando, que es $7,2 billones.
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