Game over para García-Mansilla y una alocada idea para licuar a Comodoro Py con el sistema acusatorio

Para la Corte Suprema, el catedrático dejó de ser juez y solo esperan que desaloje. El “per saltum” del Gobierno con destino de papelera de reciclaje. El proyecto para federalizar a parte de la justicia nacional que echó a correr Cúneo Libarona.

Manuel García-Mansilla y Mariano Cúneo Libarona.

La carrera de Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema está terminada. Resta saber si su prestigio académico sigue el mismo camino. Cada minuto que deja pasar sin presentar la renuncia a su “comisión” en el máximo Tribunal parece desgastarlo, en un costo que absorberá de manera personal. El Gobierno reaccionó con furia –y torpeza- al tremendo revés que recibió del Senado el jueves último, y que fulminó las expectativas de que algún día Ariel Lijo y García-Mansilla sean jueces de la Corte. Presentó un pedido de “per saltum” (o salto de instancia) para que la Corte defina la causa en la que el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla le ordenó vía cautelar no intervenir en ninguna cuestión judicial ni de superintendencia.

Con ese movimiento, el oficialismo demostró que está dispuesto a magnificar su derrota. No hay una cuestión judicial en el medio: para la Corte, 51 votos del Senado en contra de su pliego es la única respuesta necesaria para sellar su destino. La mayoría no percibe que haga falta una respuesta adicional, según pudo reconstruir Ámbito. García-Mansilla comunicó a los medios, pero no a sus temporarios colegas del cuarto piso del Palacio de Tribunales, que formularía una “consulta” sobre su permanencia. El “per saltum” del Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla que pide ratificar la vigencia del decreto que lo nombró no hizo más que sorprender, por increíble. “La Corte no hace consultoría”, fue la lacónica respuesta que ya se oyó antes en Talcahuano 550. Tiene destino de cajón.

El viernes, García-Mansilla no se presentó en la Corte. Si lo hubiese hecho, habría notado que a su vocalía no va a ingresar un solo papel más. Es más, se estaban retirando expedientes. Su token quedó inhabilitado. No llegó a incorporar colaboradores. Propuso a uno y luego se arrepintió por lo que lo asistía personal estable de distintas secretarías que ya no le responde más. El mundo académico le dio la espalda y hasta hubo garrochazos de los amigos del campeón que no imaginaban este desenlace. Léase algo del mundo corporativo –especialmente del petrolero- donde concitaba apoyos por pasado como abogado.

Cuánto demore su salida, afirman fuentes judiciales, depende exclusivamente del constitucionalista cuyo prestigio comienza a quedar hecho jirones ante lo que implica atornillarse en un sillón del que fue expulsado por el poder del Estado al que la Constitución le asigna ese rol, en una situación que ya era frágil antes del jueves y que terminó siendo una masacre política para el gobierno de Javier Milei. Aquí algunos matices: hubo un sector del oficialismo –cuya interna es cada vez más a cielo abierto- que celebró, en silencio, la derrota. A partir de este lunes, el reloj de arena de García-Mansilla comienza a descargar sus últimos granitos. Para colmo, el martes está prevista una movilización de sindicatos para exigir su salida. Todo muy penoso.

Un “per saltum” hacia la nada

Para la Corte Suprema, toda la secuencia del decreto en comisión que el Ejecutivo inauguró en mayo del año pasado, presentando a sus nominados, terminó con el Senado rechazando los pliegos con una contundencia inapelable. No hay una discusión jurídica abierta para el cuarto piso. No hacen falta mayores explicaciones que el tablero de la votación final.

El Gobierno parece obstinado en presionarlo para que permanezca a toda costa: haciendo valer el decreto o apelando al salto de instancia, o directamente ordenándole no renunciar. Al perder vigencia su pliego, su renuncia podría ser aceptada por el presidente de la Corte Horacio Rosatti porque –dadas las circunstancias- cesó su estatus como juez, por lo que no requeriría que el Presidente de la Nación se la acepte. Parece un berrinche ante lo implacable que fue el golpe político. Similar al llamado que partió desde el Ejecutivo alrededor de las 13 del jueves, donde varios testigos escucharon que le exigían a Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, que no iniciara la sesión. La respuesta del senador de LLA fue tajante: se exponía a que se lo llevaran puesto a él por la manifiesta ilegalidad del pedido.

El “per saltum” es un camino hacia ningún lado porque representa un intento de llevar a tribunales algo que se perdió en los votos, un clásico de la judicialización de la política. Además, abriría la puerta a recursos similares por parte de cualquier actor que quiera intervenir en el tema, algo que la Corte se propone inahbilitar como un recurso que se utilice como un atajo regular, de moda. Todo se ve sazonado por la sensación en el universo judicial de que el Gobierno en los 16 meses de mandato que lleva no hizo nada por el Poder Judicial. No consultó los candidatos a nominar, no discutió el problema de las vacantes ni de cómo implementaría el sistema acusatorio en Capital Federal, no puso fecha para el envío de los pliegos de más de 150 jueces pendientes y, cada vez que puede, intenta jubilar al Procurador General interino y a la Defensora General. Si la relación interpoderes había mejorado respecto al subsuelo en el que había estado durante el kirchnerismo, el deterioro está avanzando con rapidez.

En la película “De mendigo a millonario”, protagonizada por Eddie Murphy, dos millonarios inescrupulosos se apuestan un dólar entre sí a que pueden hacer que su principal ejecutivo (un refinado y conspicuo Dan Aykroyd) sea degradado a lo más bajo de la condición humana a la par que ungen a Murphy en su cargo, como parte de un sádico experimento social. En este trajín, García-Mansilla está a punto de convertirse en un homeless jurídico y a Ariel Lijo lo dejaron a las puertas de la más alta escala de la carrera. La trama de la película termina con Murphy y Aykroyd uniendo fuerzas para destronar y dejar sin nada a quienes jugaron con ellos.

La alocada idea para un acusatorio “sin plata”

Más allá de la derrota en el Senado, los ojos del mundo judicial están puestos en dos temas: las más de 150 ternas de jueces, fiscales y defensores bloqueadas en el despacho presidencial y la aplicación del sistema acusatorio, sobre todo, en el siempre estratégico fuero de Comodoro Py. Sobre lo primero hay una certeza: si antes eran una carta de negociación del oficialismo para poder maniobrar votos y voluntades, la derrota propinada por el Senado corre el riesgo de que después de haber sido macerados sin un objetivo concreto y aprovechable se transformen en un búmeran que bloquee otros objetivos del Ejecutivo.

En el segundo tema –que mantiene su fecha del 11 de agosto- mantiene su principal preocupación: no están girando fondo alguno para atender los requisitos de la implementación ni hay noticias sobre vacantes en fiscalías. Esto es una señal de alerta sobre el éxito o fracaso del experimento. El nombre clave es del Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía Carlos Guberman que contestó los oficios a pura motosierra, mencionando el “no hay plata” como un mantra, ante los distintos reclamos.

La alarma se vio incrementada cuando empezó a circular en despachos judiciales un proyecto que tiene 20 años de existencia y que ofrece una “solución” sin poner un peso y de paso licuar a Comodoro Py: la federalización de la justicia nacional en lo criminal y correccional.

De novedoso no tiene nada porque hay que remontarse a la etapa de los “Centauros” de Gustavo Béliz para recuperar el experimento que, comenzó a tomar musculatura más allá del rumor, cuando desde despachos de Mariano Cúneo Libarona dejaron correr la idea como viable. Se conoce que el Ministro –que como todo el mundo sabe no es quien define los temas estratégicos a nivel gubernamental- siempre mantuvo estrecho vínculo con la justicia penal nacional, coto de caza de su estudio familiar. Echar a correr esta idea que eriza los pelos del cuello de los jueces federales puede formar parte de un capítulo más de la interna ministerial que deberá ser abortada por quienes sí tienen incidencia en la materia.

El proyecto que comenzó a rodar por despachos tiene la firma de Ignacio Rodríguez Varela y fue remozado entre 2019 y 2020 pero con la misma matriz: la “creación de un fuero nacional de crimen organizado y complejo”. En síntesis, revolea la actual competencia penal de la justicia nacional a la CABA por los delitos ordinarios, (utilizando como “ancla” el fallo Levinas y en un buen momento para complicar a Jorge Macri mandándole delitos sin fondos a su justicia local) y transformando a los jueces penales nacionales (y sus respectivas fiscalías) a un nuevo fuero federal que se fusione con Comodoro Py, ofreciendo sus 62 fiscalías y 63 juzgados y disolviendo la Cámara del Crimen y la Cámara de Casación Nacional para que se fundan con sus homólogas federales. El articulado original prevé los fondos para los traspasos, pero siempre se puede borrar ese renglón. Su redacción está a medida que se pueda aplicar a la novedosa Ley Antimafias, la vedette de Patricia Bullrich que, como ya mencionó Ámbito, no teme emular su propio “Camaron”.

Su artículo 3 establece que “los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal se denominarán Juzgados Federales del Crimen Organizado y Delito Complejo”. Lo mismo con los tribunales orales. Los juzgados de menores pasan a ser “juzgados federales de adolescentes”, al igual que sus respectivos tribunales orales.

Su competencia será “en todo el país, en los delitos de competencia federal establecidos en la Ley 27.786 y sus conexos”. Y podrán intervenir sobre los distintos juzgados federales si hay más de una jurisdicción. Prevé un traspaso voluntario del personal.

“Las actuales fiscalías, defensorías y Unidades Fiscales o de Defensa que se desempeñan ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y ante los tribunales y juzgados que integrarán la Justicia Federal del Crimen Organizado y Complejo, pasarán a desempeñarse ante los Tribunales y Juzgados resultantes de lo dispuesto en los artículos 1° a 8°, manteniendo sus actuales equipos de trabajo y adaptando, si correspondiera, su denominación”, se menciona en el artículo 19. El presupuesto que se manejaría es el mismo que el actual: el dinero de la justicia nacional parte del presupuesto que administra el Consejo de la Magistratura de la Nación. Es decir, federalizar es “gratis”, multiplica las fiscalías –que tendrían a su cargo las investigaciones- y también los “juzgados de garantías” todo bajo el pomposo rótulo de “crimen organizado y delito complejo”. También licúa la resistencia de Comodoro Py y deja, supuestamente sin argumentos, a los que reclaman que una modificación de este estilo no se puede hacer a las corridas y sin presupuesto para personal que son básicamente todos los agentes del sistema que deberán operar en el nuevo escenario.

Cúneo Libarona se recuesta en Patricia Bullrich para lanzar este globo de ensayo que ya superó la escala de rumor. En la tarde de este lunes, Cúneo y Bullrich planean hacer un anuncio ante el Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal. El escenario será el elegante e icónico hotel NH Provincial, todo un símbolo de Mar del Plata.