El gobierno de Javier Milei tiene en la mira dos nuevas empresas estatales que buscará privatizar en las siguientes semanas: se trata de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP). Según fuentes oficiales a las que accedió Ámbito, la administración libertaria buscará avanzar con el cierre, o al menos esquemas de privatización, de dichas compañías que consideran que "hacen el trabajo redundante" con otros organismos y ministerios existentes.
9 de octubre 2024 - 14:00
Gobierno avanza con el plan de ajuste de las empresas estatales: ahora tiene dos en la mira
Se trata de Corredores Viales y la Administración General de Puertos. El Gobierno se apalanca en el trabajo de Federico Sturzenegger y Luis Caputo para avanzar en las privatizaciones y desregulaciones.
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Desde Casa Rosada apuntan a avanzar en la privatización de más empresas estatales.
De esta manera, el Gobierno suma dos nuevos ítems a una larga lista de empresas u organismos del Estado que buscan ser privatizadas, reestructuradas o cerradas. En los últimos meses, destacan los debates generados en torno a Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, ARSAT, Trenes Argentinos, entre otras.
Las dos nuevas empresas que buscará cerrar el Gobierno
Corredores Viales y la AGP son las dos nuevas empresas que están en la mira del Gobierno y serán susceptibles de ser privatizadas. Ambas se encuentran bajo la influencia del ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
En el caso de Corredores Viales, la misma es una sociedad anónima que registra 3.565 trabajadores contratados en blanco. Entre sus principales tareas, el organismo se hace cargo del mantenimiento y la reparación de 10 de las principales rutas y autopistas del país.
En total, la empresa cubre casi 6.000 kilómetros de corredores viales a lo largo y ancho del país. Su titular es, desde 2024, José Luis Acevedo.
Por otro lado, el Gobierno también busca avanzar sobre la Administración General de Puertos. La AGP fue creada en 1956, mediante el decreto-ley 4263/56. Entre sus principales funciones se encuentran la explotación administración y mantenimiento de todos los puertos marítimos y fluviales del país, a excepción de los que son responsabilidad de Prefectura Nacional Marítima y la Dirección Nacional de Aduanas.
En la actualidad, el organismo rector sobre los puertos cuenta con 581 empleados de planta permanente. Su titular es Gastón Alejo Benvenuto, quién tiene a cargo la administración del puerto de Buenos Aires y el Sistema de Navegación Troncal.
Según detallaron fuentes del oficialismo a este medio, desde el Gobierno consideran que estas empresas hacen un trabajo "redundante" con organismos y ministerios que ya existen. En este caso, detallaron que Corredores Viales se ocupa de las mismas áreas que la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que AGP duplica las funciones de la Secretaría de Puertos y Vías navegables.
Bajo esta justificación de desregular el Estado y bajo el discurso de mejorar la eficiencia en la utilización de recursos estatales, la administración de Milei se apalanca en el trabajo de los ministros Caputo y Sturzenegger para avanzar en el cierre y/o privatización de empresas en mano del Estado.
El conflicto con Aerolíneas Argentinas
Desde hace unos meses, el oficialismo mantiene un fuerte conflicto con los gremios de aeronavegantes. Ante las intenciones de Milei de avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLAS) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) llevaron a cabo, en las últimas semanas, diversas medidas - tales como paros o asambleas - en rechazo de la decisión del Presidente.
Cabe destacar que Aerolíneas Argentinas era una de las empresas incluidas en la ley Bases para declarar sujeta a privatización. Sin embargo, tras las negociaciones con la oposición, el oficialismo la dejó por fuera del listado final.
Sin embargo, y tras numerosos episodios de conflicto, en la última semana el Gobierno declaró como "sujeta a privatización" a la compañía aerocomercial. A través del Decreto 873/24 la administración nacional dio el primer paso para desprenderse de la empresa estatal. Entre los motivos, el Gobierno aseguró que "el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria".
El decreto ingresó el miércoles 2 de octubre a la Cámara de diputados, en donde continuará sujeto a debate de las comisiones en la Cámara baja. Será el organismo parlamentario el que, en las próximas semanas, defina el destino de la aerolínea de bandera.
El cierre de la Casa de la Moneda
La Casa de la Moneda, actualmente presidida por Daniel Méndez, es una empresa pública, industrial y comercial, que depende del Ministerio de Economía y cuenta con más de 1.000 empleados estatales en la actualidad. Su función es la de acuñar monedas, medallas, e imprimir billetes, estampillas, pasaportes y formularios oficiales.
Tal como había adelantado Ámbito, el Gobierno confirmó, el pasado jueves 3 de octubre, que avanzará con la disolución de la compañía de Valores Sudamericana, conocida como la ex Ciccione, y reestructurará la Casa de la Moneda. Así fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa. "Una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes de autos y estampillas”, explicó Adorni.
Entre sus justificaciones, el Gobierno aseguró que “la mala administración de la gestión anterior representó un verdadero despilfarro de recursos con deudas que hoy ascienden a los u$s371 millones, un patrimonio negativo de u$s78 millones y un resultado bruto negativo de u$s20.500.000”". Tras el anuncio, por el momento no se detalló cuántas personas serán despedidas en el proceso de readecuación.
El conflicto por el cierre del hospital Bonaparte
La administración de Milei también apuntó a reestructuraciones y cierres en el ámbito de la salud pública. En este sentido, el pasado viernes los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte denunciaron que el Gobierno decidió cerrar el servicio de internación del centro de salud, así como también la guardia. En lo que va del año, más de 25.000 personas se atendieron en el lugar.
Según detallaron a Ámbito fuentes del Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, se inició el proceso de cierre de la institución. En esta línea, indicaron que la institución recibe un presupuesto de $16.800 millones y cuenta con una muy baja ocupación, de unos 30 pacientes, aunque la internación no es el rol central del Hospital.
La noticia generó fuerte rechazó dentro del ámbito de la salud y cientos de trabajadores se manifestaron en la puerta del hospital, junto al apoyo de empleados del Garrahan, para exigir que se revea la decisión de Lugones.
Tras días de conflictos, el pasado lunes la viceministra de salud, Cecilia Loccisano, anunció este martes que no se cerrará el hospital de salud mental Laura Bonaparte. En cambio, acordó con los gremios estatales abrir una mesa de trabajo con profesionales y autoridades para “ asegurar la prestación de servicios”, mientras avanza en una reestructuración del nosocomio.
La venta de ARSAT
En el marco del plan de achicamiento del gasto público, el Gobierno anunció, el pasado martes, el proceso de privatización del 49% de las acciones de la estatal ARSAT, dedicada a brindar servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial.
Su actual presidente, Mariano Greco, confirmó la decisión del oficialismo en lo que fue su participación en las "34° Jornadas Internacionales ATVC 2024". Allí, el funcionario detalló: "En este momento estamos en un proceso de reordenamiento y puesta en valor de los activos".
Además, el responsable de la empresa adelantó que la idea es que "ingrese capital privado a la compañía y la modalidad va a ser salir a la Bolsa con un porcentaje de las acciones Clase B". En este sentido, detallaron que las Clase A están en propiedad del Estado.
“La idea de salir con el 49% a la venta. No sabemos bien con qué porcentaje, pero sí, la idea es salir. Vamos a poner en juego el porcentaje de acciones que sea más conveniente para la valoración de la empresa”, sentenció Greco.
El anuncio sobre el ente regulador de obras hídricas
La desregulación y achicamiento del Estado, llevada a cabo por la tarea de los ministros Caputo y Sturzenegger, avanza en todas las direcciones y áreas posibles. El pasado domingo 13 de octubre, el ministro de Economía confirmó que se encuentra trabajando en la supresión del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA): " Es un antro de corrupción", afirmó Caputo.
El ENOHSA fue creado en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. De acuerdo a la información publicada en su sitio web, el organismo se encarga de "planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país, a la vez que controla la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento".
Sin detalles sobre sus gastos o cantidad de empleados a despedir, el ministro de Economía aseguró, en una entrevista televisiva, que el organismo fue creado para hacer "una obra o dos" pero que después "la casta" pudo "encontrarle la vuelta" para que sea una "caja" de la política.
Transporte: el Gobierno avanza con el cierre de DECAHF
En esta línea, otro de los tantos anuncios de cierre de empresas con los que avanzó el Gobierno en las últimas semanas, la administración nacional también confirmó que cerrará DECAHF, más conocida como Trenes Argentinos Capital Humano. Según detalló el oficialismo, esto significará un ahorro de $42.000 millones para el Estado.
La decisión comunicada también implicará el despido de 1.388 trabajadores. DECAFH se trataba de una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos. Su objetivo era "diseñar, organizar, promover y realizar actividades e asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos".
En conferencia de prensa, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, detalló: "hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAHF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias". Además, en el mismo anuncio el Gobierno sumó el cierre del Instituto Argentino del Transporte (I.A.T).
La privatización de AYSA
Por último, en esta etapa de profundización sobre la privatización y/o cierre de empresas estatales, el oficialismo tiene en mira un último candidato: se trata de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). En la actualidad, el 90% del capital de la compañía corresponde al Gobierno Nacional, mientras que el 10% restante se encuentra en manos del personal de la empresa.
De esta manera, una de las estrategias del oficialismo apunta a desprenderse, en el futuro cercano, de una parte de las acciones que posee. Esto podría llevarse a cabo bajo una licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones de la compañía, tal como ocurrió esta semana con Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) que fuera la primera privatización del gobierno.
La empresa tuvo pérdidas de $70.000 millones en lo que va del año, y cuenta con más de 7.000 empleados. Otras de las opciones del Gobierno sería lanzar a la Bolsa en marzo de 2025, y que sea el mercado financiero el que fije el valor de las acciones de la compañía.
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