4 de septiembre 2024 - 15:39

Guillermo Francos, sobre decreto que limita el acceso a la información pública: "No se pretende ocultar"

"El Gobierno entendió que algunos mecanismos no se utilizaban en la senda de la buena fe", dijo el jefe de Gabinete en Diputados.

Guillermo Francos, en su ingreso a la Cámara de Diputados.

Guillermo Francos, en su ingreso a la Cámara de Diputados.

Ignacio Petunchi

Al responder las preguntas que le realizaron los miembros de la Cámara de Diputados, Guillermo Francos se refirió al decreto 780/2024 publicado el pasado lunes que, argumentando "la violación al principio de buena fe", se modificó la Ley de Acceso a la Información Pública para evitar requerimientos que se vinculen con "datos de naturaleza privada". El PRO, que impulsó la legislación en el Gobierno de Macri, rechazó el decreto.

"No hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública", aseguró el jefe de Gabinete en su defensa de gestión en la Cámara baja y afirmó que "no nos pareció que hubiera en todo esto una violación a este derecho constitucional": "La intención fue tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda", agregó y ratificó que "no se pretende ocultar información pública".

En ese marco, se refirió al argumento de buena fe: "El Gobierno entendió que algunos mecanismos no se utilizaban en la senda de la buena fe, sino en la contraria". "La buena fe es para todos, también para los particulares", señaló.

Finalmente, el funcionario se comprometió a "recoger las inquietudes que ustedes han planteado aquí y se las voy a transmitir al Presidente de la República y veremos si tenemos necesidad de modificar el decreto". "No tenemos ningún reparo en dar todas las respuestas de ser necesaria", concluyó.

Reforma a los pedidos de Acceso a la Información Pública

El gobierno de Javier Milei avanzó el lunes en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada.

Guillermo Francos diputados
Guillermo Francos en la defensa de gestión en el Congreso.

Guillermo Francos en la defensa de gestión en el Congreso.

Para aplicar los cambios, la administración libertaria modificó además el concepto y alcance de lo que se conoce como "información pública", y expresó: "No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido".

Por último, precisaron que "la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá en consideración, a los efectos de la elaboración de estadísticas, aquellas solicitudes reiterativas que generen un dispendio innecesario de actividad administrativa por parte de los sujetos obligados, o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes".

El PRO rechazó las modificaciones en la Ley de Acceso a la Información Pública

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados se sumó al rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial que tiene como objetivo limitar el acceso a la información pública: "Garantiza un derecho esencial en cualquier democracia".

"Los diputados nacionales del bloque PRO rechazamos categóricamente el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N° 27.275 sobre Acceso a la Información Pública sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri", reza el comunicado en su primer párrafo.

Los legisladores del PRO señalaron que "esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado".

Y agregaron: "Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia".

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