Javier Milei da por terminada la novela en el Ejército: general Jorge Barredo, afuera; general Cristian Pafundi, adentro

El desplazado había acudido a la justicia para denunciar al subjefe del Ejército por amenazas. Su pliego de ascenso se había trabado en el Senado.

Jorge Barredo.

El presidente Javier Milei, a través del decreto 1062/24, puso fin a la comedia del general Jorge Berredo, Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas que había “judicializado” su enojo por no ascender en una denuncia planteada en la justicia federal.

El texto firmado por Milei dispone el cese de funciones de Berredo, que implica su pase a situación de retiro y designa en su reemplazo al general de brigada Cristian Pafundi.

Berredo había acudido a la justicia federal y denunció en julio pasado al general Carlos Carugno, subjefe del Ejército. Le atribuyó amenazas: que cambiaría el destino a su esposa, coronel médica, que presta servicios en el Hospital Militar Central si él no dejaba el cargo y pedía el retiro. La denuncia penal de Berredo contra el subjefe del Ejército tramita ante el tribunal federal de Daniel Rafecas.

El enojo del general cesanteado venía desde que su pliego de ascenso a general de división quedó sin tratamiento, demorado en la Comisión de Acuerdo del Senado junto al de otro alto oficial naval, el contralmirante Juan Coré, denunciado por maltrato, amenazas y abuso de autoridad en Género del Ministerio de Defensa.

Este último consiguió las nueve firmas de senadores de la Comisión de Acuerdos para su aprobación, aunque el expediente no pasó al plenario del recinto. Podría bloquearse ante la denuncia en la Justicia por presuntos hechos que los senadores nunca recibieron en audiencia con la víctima.

Berredo debió haber dejado la carrera militar tras la asunción del Jefe del Ejército, Carlos Presti a principios de 2024. El actual jefe del arma es más moderno que Berredo y es una norma no escrita, aunque de dignidad castrense, que quienes son sobrepasados tienen que dar un paso al costado. Es de toda lógica que el máximo jefe de una fuerza sea el más antiguo en la carrera.

La tirria del cesanteado con el titular del Ejército se canalizaba en actos institucionales. Gestos de hielo entre ambos; inaceptables a la vista de los conducidos. También la dirigió hacia la oficina de la vicepresidente Victoria Villarruel quien no tuvo más actuación en el pliego de ascenso que la correspondiente a su función en la agenda administrativa del Senado.

La investigación en el tribunal de Rafecas del caso Berredo difícilmente se aparte de las conclusiones de “no hubo amenazas”; del sumario administrativo (legajo disciplinario) que a pedido del general Berredo se había labrado en sede del Ejército Argentino para investigar las presuntas amenazas contra su persona que endilgó al subjefe del arma, general Corugno.

El Legajo Disciplinario se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Anexo II del Decreto 2.666/12 anexo IV de la Ley 26.394 Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

El Legajo se inició en el Estado Mayor Conjunto, donde está la orgánica del Comando Operacional, destino del general Berredo. Las actuaciones estuvieron a cargo del Oficial Superior Actuante, comodoro mayor auditor Gustavo Krasñansky, refirieron fuentes judiciales. Luego pasaron al Ejército a resolución del titular del arma general de división Carlos Presti que es la autoridad competente, dijeron en el tribunal.

En el tribunal de Rafecas ponderan fundamentos del Informe Final del auditor Krasñansky y del dictamen elaborado por el instructor del Ejército Argentino.

El documento de la instrucción sumaría militar al que Ámbito tuvo acceso registra los testimonios del general Corugno (denunciado por presuntas amenazas), del coronel mayor Jorge Stanic, mencionado por Berredo como mensajero de las amenazas, y del vicealmirante Marcelo Dalle Nogare que habría tomado conocimiento de ellas.

Las declaraciones son coincidentes en que no hubo coerción al general Berredo a través de un supuesto traslado de su mujer hacia otro destino para motivar el pase a retiro del comandante Operacional que no fue ascendido. “De la presente instrucción y de las probanzas colectadas y averiguaciones practicadas, así como también de las declaraciones vertidas esta instancia es de opinión que no existen conductas con entidad suficiente para ser susceptibles de reproche disciplinario que ameriten sustanciación de alguna actuación disciplinaria de acuerdo a los prescriptor en la ley 26.394 y su decreto reglamentario N°2666/12”, dice el sumario.

Conclusión: “por lo expuesto en función de los elementos probatorios recolectados, a los fundamentos expuestos y al resultado de las diligencias practicadas este Oficial Instructor considera que los supuestos hechos que dieron origen a la presente resultan inidóneos para constituir faltas disciplinarias en los términos del Artículo 13 Anexo IV de la Ley 26.394”.

“Soy de opinión que corresponde elevar el presente informe al señor jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino quien resulta ser competente para resolver las presentes actuaciones administrativas no disciplinarias”, se lee en el escrito del instructor.

El 2 de setiembre el director general de Asuntos Jurídicos del Ejército Argentino, coronel mayor Walter Faneco produjo el dictamen N°181/PDM/24. El texto va en la misma línea que el informe final elaborado por el comodoro mayor Krasñansky y dictamina que “no existen conductas con entidad suficiente para ser susceptibles de reproche disciplinario”.

Por último, en una resolución de 3 artículos fechada el 4 de setiembre, el jefe del Ejército Argentino ordena: “Dar por finalizada la presente Actuación Administrativa, disponer el archivo en atención a lo concluido por el oficial Superior Actuante al no advertirse conductas con entidad sufriente para ser susceptibles de reproche disciplinario y el pase al archivo en la Dirección General de Personal y Bienestar”.