Informe Fernando Brovelli.-
La agenda de seguridad del Gobierno llegó al Senado: se debatió la ley antimafias y la tenencia de armas
Entre otras reformas, la Cámara alta busca establecer un régimen de desarmado de automotores.
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Plenario de las comisiones de Seguridad y Justicia.
Este miércoles volvió a reunirse el Senado de la Nación, cuyo temario se centralizó en proyectos pertinentes a seguridad, que incluso modifican el Código Penal. El martes, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó la importancia de estas reformas en la Cámara de Diputados. Fue llamativa la ausencia de los senadores del bloque de Unión por la Patria y, en ese marco, primaron los consensos en el plenario.
El proyecto más influyente es el que propone un Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también llamado ley antimafias. La iniciativa llega con media sanción de Diputados y propone colectivizar condenas a todas las personas que se consideren integrantes de asociaciones ilícitas, además de establecer regímenes especiales para el ejercicio discrecional de las fuerzas de seguridad.
Otras propuestas que ingresaron a la Cámara alta después de ser aprobadas en Diputados son las pertinentes a la regularización de armas de fuego y a la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego. Por otro lado, también fue incluido en el temario un proyecto que pretende aplicar un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes, así como también un marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados.
En el plenario de comisiones de Seguridad y Justicia, estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo del entorno de la propia Bullrich: Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. "Nuestro Código Penal tiene 132 años y no estaba pensado para lo que nos pasa. La criminalidad cambia muy rápidamente, porque tiene otra dinámica", fundamentó Soto con respecto a la ley antimafias.
Ley antimafias: qué dice el proyecto
El proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocida como ley antimafias, tipifica el crimen organizado en una lista de delitos y establece que existe este tipo de asociaciones cuando tiene como fin "la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando "los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos", o cuando "estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional".
En ese marco, agrava las penas para los que se consideren miembros de una asociación ilícita y colectiviza condenas a todos los miembros del grupo delictivo: "Será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización". En otro sentido, establece “Zona Sujeta a Investigación Especial”, donde se aplicarán mecanismos de actuación de urgencia en territorios que se consideren prioritarios.
En el marco de este régimen las fuerzas federales pueden detener a una persona hasta por 48 horas por presunción de culpabilidad para realizar averiguaciones, inmovilizar sus activos e interceptar "llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación". Se implementarán decomisos anticipados de cualquier bien que sea producto de las actividades descriptas en la ley. Aún sin condena, estos bienes pasarán a ser dominio del Estado nacional y provincial que corresponda.
En referencia al decomiso anticipado, Fernando Soto consideró que "está bien que un juez, con la precaución debida, tome la decisión de hacerlo y si por alguna eventualidad la persona es absuelta se le devuelve el bien o el valor del bien. Eso apunta a desarmar el poder económico de las organizaciones". Al ser consultado, el funcionario admitió que "hay un choque constitucional. Es inocente y no tiene condena, es verdad, pero no es el único estatuto que afecta garantías fundamentales y constitucionales sin sentencia firme, piense sino en el procesamiento mismo o la prisión preventiva".
Regularización de armas en la Argentina
Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), fue el representante del Poder Ejecutivo para respaldar el proyecto de regularización de armas de fuego, que podría convertirse en ley si el Senado lo aprueba. Eso implicaría una ventana de 360 días para legalizar armamento que no está registrado por los usuarios del país, a través de un mecanismo digital y con un incentivo económico (para lo que el Gobierno estipuló un monto de $57 millones).
A su vez, el oficialismo busca la sexta prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que usualmente se realiza por un plazo de dos años pero que la actual iniciativa busca que sea hasta el 2028. "No es que el Estado automáticamente aprueba la regularización; hay un proceso de estudio del arma y la persona", aclaró.
"El sistema registral argentino, tan robusto e imitado por otros países de la región y el mundo, en la práctica ha perdido eficacia", analizó y precisó que existen cerca de 300.000 usuarios legítimos con más de 800.000 armas en el país, mientras que unas 600.000 personas han dejado vencer su licencia (según el funcionario, por "la distancia que ha generado la burocracia"), quienes previamente habían declarado un total de 986.054 armas.
"El usuario es un aliado en esto porque está apegado a la ley", calificó y entendió que "hoy como Estado estamos fallando porque no podemos brindarle a los ciudadanos toda la información que requiere". "Las armas existen, alguien las tiene y el Estado necesita saber quién las tiene. A cambio, como en toda regularización, las sanciones del artículo 189 bis del Código Penal sobre la tenencia ilegítima de armas, a cambio de que sincere su situación", planteó.
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