La comisión reformadora terminó el nuevo Código Penal con la participación del ministro de Justicia

Mariano Cuneo Libarona participó en la reunión de la Comisión de Reforma en la que se terminó de analizar el texto del nuevo Código Penal de la Nación. Constará de tres libros y 538 artículos.

El nuevo Código PenalConstará de tres libros y 538 artículos. 

En tiempo récord de 6 meses de trabajo de la Comisión Reformadora y 20 Acuerdos Plenarios, la Comisión terminó el Nuevo Código Penal. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, participó de la última reunión que se realizó en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py, y felicitó a los integrantes de la Comisión reformadora por haber “creado un nuevo Código Penal que integra las leyes especiales y las más de novecientas reformas en un cuerpo único, ordenado, clarificador".

"El nuevo código organiza e integra la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Casación y las obligaciones del Estado argentino con la más moderna doctrina”, completó.

El ministro señaló que "la sociedad clama por justicia y nadie puede negar que este anteproyecto ordena un código detonado, por más de novecientas modificaciones, que superará el fracaso de otros intentos de reforma, y dará como resultado previsibilidad y seguridad jurídica”.

Y recordó “la importancia que para esto tuvo la elección de los integrantes del cuerpo, que se realizó con la intención de que hubiera disensos que sumaran, que tuvieran distintas formaciones, experiencias y diferentes visiones desde los tribunales o por litigar como particulares“.

El ministro de Justicia estuvo participó de la última reunión de la comisión que reformó el Código Penal.

Integran el Pleno, además del Ministro de Justicia, su presidente Jorge Buompadre, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Mariano Borinsky, vicepresidente de la Comisión, encabezó el encuentro y se dirigió a Cúneo Libarona expresándole el agradecimiento “por la confianza” y destacó que “se ha trabajado muy a conciencia y sobre la base de proyectos anteriores, con acaloradas discusiones, pero siempre en un ámbito de camaradería y de un sólido compromiso”.

“El actual código es de 1921, el nuevo texto suma la protección de nuevos bienes jurídicos como el orden internacional, los informáticos, el ambiente sano, los relacionados con el deporte, el patrimonio cultural y arqueológico, entre muchos otros; y también nuevas formas delictivas complejas como el crimen organizado, el narcotráfico a nivel global, el terrorismo, el cibercrimen, la trata y conceptos como la reiterancia y los días-multa“, enumeró Borinsky.

Asimismo, el Vicepresidente del cuerpo adelanto que “en el próximo encuentro se trabajara las cuestiones de forma y la exposición de motivos”.

Posteriormente, los juristas definieron en un artículo una serie de conceptos del nuevo Código como “funcionario público” y “empleado público” que designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente; “mercadería” quedesigna a toda clase de efectos susceptibles de expendio y a las divisas; “estupefacientes” que comprende a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el término “clandestinidad” que consiste en una ocupación subrepticia de la propiedad, con ocultación y aprovechando la ausencia del tenedor, poseedor o cuasi poseedor; en tanto “persona mayor” hace referencia a toda persona humana mayor de sesenta años de edad; y por “guardador” se entiende a quien tiene a su cargo o cuidado una persona menor de edad, por cualquier motivo, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza del o los progenitores.

Por “tortura” se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tuvieran gravedad suficiente; “explotación” cuando existiera una relación de subordinación de la víctima con el autor respecto del ejercicio de su sexualidad. Mientras que “discriminación” y “discriminatorio” comprenden toda distinción, exclusión, restricción o cualquier otra conducta que implique jerarquización de seres humanos basada en religión, cosmovisión, nacionalidad, género, orientación e identidad sexual, condición social, filiación o ideología política, características étnicas, rasgos físicos, padecimientos físicos o psíquicos, capacidad disminuida, prejuicio racial o cualquier otro semejante.

Más tarde, el cuerpo se centró en el último título, del segundo libro, referido a los delitos contra la propiedad intelectual, allí avanzaron en los delitos contra los derechos de autor, contra la propiedad de marcas y designaciones, contra los derechos sobre modelos y diseños industriales y patentes, entre otros.

En ese contexto los expertos decidieron que quedan exentos de pena en relación con los delitos por derecho de autor, las bibliotecas; los archivos y los museos públicos o pertenecientes a instituciones sin fines de lucro; o instituciones científicas o establecimientos de enseñanza; o los integrantes de sus órganos, que hubieren intervenido en el hecho, siempre que la actividad se dirija al cumplimiento de sus fines institucionales, y cuando no afecten la explotación normal de la obra, ni causen perjuicio significativo a los intereses legítimos del autor o sus herederos.

Los integrantes de la Comisión decidieron incluir un Tercer Libro al Código Penal que tipifique los delitos contra la humanidad, la desaparición forzada de persona, el genocidio, los delitos de guerra y los delitos contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional.

Esta decisión es resultado de la necesidad de contener en un mismo marco una parte general propia de estos delitos, que tienen una naturaleza jurídica distinta de los restantes previstos en el anteproyecto.

Con ese objetivo, se incorporan a este nuevo libro reglas generales aplicables a estos delitos y definiciones contenidas en instrumentos internacionales, a fin de otorgarles autonomía.

Entre las reglas generales específicas que caracterizan a esta clase de delitos se encuentra la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena impuesta; la inaplicabilidad del indulto o la amnistía; la jurisdicción universal; la imposibilidad de invocar como defensa la obediencia debida a las órdenes de los superiores. Para su formulación se tuvieron en cuenta convenciones incorporadas a nuestro bloque de constitucionalidad y tratados sobre la temática a los que la Argentina se ha obligado.

La Jueza María Eugenia Capuchetti cerró el encuentro y puso de relieve la importancia del anteproyecto al decir “logramos un Código ordenado que integra toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es sistemático, eficiente y moderno”, que va a reemplazar, al que denominó metafóricamente, como un “torno de madera” y finalizó diciendo “fue un placer participar de esta Comisión en la que como equipo trabajamos con mucho esmero, dedicación y esfuerzo y que nos brindó, además, la satisfacción de llegar a este muy buen resultado”.

La Comisión, fue creada y ampliada por resoluciones 25/2024 del 28 de febrero de 2024 y 48/2024 del 13 de marzo de 2024, del Ministerio de Justicia de la Nación.