La Oficina Anticorrupción modificó el régimen de declaraciones juradas para funcionarios de inteligencia

Solo las autoridades superiores de los organismos de inteligencia estarán obligados a presentar declaraciones juradas ante la OA. Las que se entreguen serán confidenciales.

La normativa modifica la Resolución MJyDH N° 1000/2000 y establece que la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios de inteligencia deberá respetar el secreto y la confidencialidad

La normativa modifica la Resolución MJyDH N° 1000/2000 y establece que la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios de inteligencia deberá respetar el secreto y la confidencialidad

La Oficina Anticorrupción (OA) dispuso cambios en el régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales para los funcionarios de organismos de inteligencia, a través de la Resolución 1/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa modifica la Resolución MJyDH N° 1000/2000 y establece que la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios de inteligencia deberá respetar el secreto y la confidencialidad previstos en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y su reglamentación. En este marco, la documentación permanecerá bajo la guarda del área de Recursos Humanos de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El titular de la OA, Alejandro Erasmo Guillermo Melik, resolvió que solo las autoridades superiores de los organismos de inteligencia, cuya designación haya sido publicada en el Boletín Oficial, deberán figurar en la nómina de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas ante la OA. Se incluyen el Secretario de Inteligencia, el Director del Servicio de Inteligencia Argentino, el Director de la Agencia de Seguridad Nacional, el Director de la Agencia Federal de Ciberseguridad y el Inspector General de la División de Asuntos Internos.

La resolución también reemplaza referencias institucionales en la normativa vigente, estableciendo que la OA depende exclusivamente del Ministerio de Justicia.

Estos cambios buscan adecuar el régimen de declaraciones juradas a la legislación vigente, garantizando tanto la transparencia en la gestión pública como la seguridad de la información en el ámbito de los organismos de inteligencia.

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