Presupuesto 2025: el Gobierno pide auditar a las universidades nacionales para controlar el gasto

La "Ley de leyes" autoriza un gasto de $3.8 millones para las universidades nacionales. Sin embargo, insiste que tener poder de auditoría, algo que hoy es potestad de los establecimientos y de la AGN.

El Gobierno busca avanzar con las auditorías de los gastos de las universidades nacionales. 

Universidad de Buenos Aires

El presidente Javier Milei envió este domingo al Congreso el Presupuesto 2025 en el que se proyecta una inflación del 18%, un dólar a $1200 y un incremento del PBI del 5%. La "Ley de leyes" autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3.8 billones y, en caso de ser aprobado, habilitaría un esquema de auditorías con el que el Ministerio de Capital Humano podría suspender las transferencias.

Esta noche, el jefe de Estado acudió al Congreso para presentar el presupuesto con foco en el equilibrio fiscal. "No es una ley más", dijo Milei, ya que su piedra basal "es el déficit cero" para frenar el "gasto compulsivo" de los gobiernos.

"Hoy estamos aquí para presentar un Presupuesto nacional que va a cambiar la historia de nuestro país, de manera que volvamos a ser la argentina grande que alguna vez fuimos. Hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado", destacó y agregó: "Este presupuesto blinda el equilibrio fiscal, sin importar el escenario económico. Independientemente de lo que suceda a nivel macro, el resultado fiscal estará equilibrado".

Presupuesto 2025: el Gobierno insiste con auditar a las universidades nacionales

En ese sentido, con el fin de controlar el gasto, el Gobierno pidió a través del Presupuesto 2025 poder auditar el envío de fondos a las universidades nacionales, una facultad que actualmente recae sobre al Auditoría General de la Nación (AGN), bajo aprobación del Congreso.

El artículo 17 fija como crédito para "financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de PESOS TRES BILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS ($3.804.260.408.806), de acuerdo con el detalle de la Planilla Anexa al presente artículo".

A continuación, el proyecto indica que las Casas del Altos estudios "deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente de la Secretaría de Educación del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto".

Luego propone que el ministerio que conduce Sandra Pettovello "podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma".

Además señala que cada universidad deberá indicar para cada ejercicio fiscal "la clasificación funcional de Educación y Cultura; Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional". Y, en cuanto a las plantas de personal docente y no docente sobre las que se aplicarán los aumentos salariales en el año 2025, aclara que "serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2024", salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

Cómo se auditan las universidades nacionales

Actualmente, las auditorías de las universidades nacionales son potestad de las propias autoridades de los establecimientos educativos y de la AGN. Así lo confirmó meses atrás su titular Juan Manuel Olmos, quien advirtió que el Congreso es el ente encargado de pedir las auditorías a las universidades.

En abril, en pleno conflicto con los sectores universitarios en reclamo por los recortes presupuestarios, el Poder Ejecutivo remarcó que el objetivo se centra en poder auditar a las casas de estudio: "La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación", dijo Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, en consonancia con las intenciones del presidente Javier Milei.

Según la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, las auditorías internas están a cargo de cada institución que, a su vez, en determinados casos, trasladan el detalle de sus cuentas a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano unipersonal dependiente del Consejo Superior, quien reporta al Congreso.