Presupuesto Universitario: cómo será el camino del veto de Javier Milei en el Congreso

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria, el presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Qué caminos tiene el Congreso para ratificar el proyecto.

El Congreso podrá insistir con el proyecto de ley luego del veto de Javier Milei.

Mariano Fuchila

Finalmente el presidente Javier Milei sostuvo su promesa y, a pesar de la masiva Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, el líder libertario firmó el veto del proyecto de ley que actualizaba el presupuesto destinado a las universidades públicas. A pesar de esto, el Congreso podrá insistir con la promulgación del texto legislativo si consigue una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras.

La decisión del oficialismo fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 879/2024. Según justificó el Gobierno en el texto, el veto se lleva a cabo ya que el proyecto de ley "no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente".

¿Qué pasará después del veto presidencial?

Finalmente, Milei firmó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de la decisión del Presidente, el debate no termina allí: el Congreso tendrá un rol clave para doblegar la voluntad del líder libertario.

Nuevamente, miles de personas se movilizaron en todo el país en contra del desfinanciamiento de la educación pública.

Claudio Fanchi / Agencia NA

De esta manera, el texto legislativo volverá a pasar por ambas Cámaras - diputados y senadores - donde deberá ser debatido nuevamente por el cuerpo parlamentario.

La ley puede ser nuevamente impulsada si ambas Cámaras logran alcanzar una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. La votación en este sentido será nominal (por si o por no).

Todavía no hay fecha para el nuevo debate de la Ley de Financiamiento universitario. En caso de ser aprobada nuevamente por el Congreso, Milei estará obligado a promulgar la legislación a pesar de su voluntad de vetarla. De no conseguir los apoyos necesarios, el proyecto quedará fuera del circuito parlamentario y no podrá ser tratado nuevamente hasta las sesiones parlamentarias de 2025.

Cabe destacar que el proyecto de financiamiento fue aprobado el pasado 13 de septiembre. En la Cámara baja, la votación fue reñida y el texto obtuvo la media sanción con 123 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones. En cuanto a Senadores, la ley recibió el apoyo de 57 miembros de la Cámara alta, con 10 en contra y 1 abstención.

En este contexto, teniendo en cuenta la necesidad de obtener dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados jugará nuevamente un rol central, tras lo ocurrido con el veto a la actualización de los haberes jubilatorios.

¿Qué dice el veto presidencial a la ley de financiamiento de universidades?

El Gobierno publicó el veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de que la ley buscaba "dañar al gobierno políticamente" y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas. Más temprano, en un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la protesta de conformar "un nuevo frente de izquierda populista".

Así, el documento justifica que "el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente". Además, denuncia que "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".

El texto también detalla que el veto es necesario para "limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional".

Por último, el veto concluye: "la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno".