Si el Gobierno cumple su amenaza, 1 de cada 6 jueces podrían ser nombrados por decreto.

El mundo empresarial alterado por la chance de que se designen magistrados sin aval del Senado. El Gobierno la niega. Jugada de Cristina Kirchner surte efecto y arrincona a Javier Milei por la Corte Suprema.

Arrinconado por las circunstancias, el Gobierno Nacional enfrenta un cuello de botella al que se le superpone un calendario en tiempo de descuento. El nombramiento de 150 jueces en todas las instancias y fueros y la postulación de los dos candidatos para la Corte Suprema se han convertido en una mochila pesada que no solo mira el mundo judicial, sino el empresarial que debería hundir billetes en un país con tribunales raleados y posiblemente frágiles en su composición. Empiezan a leer que el decreto es la única salida y eso genera inquietud.

Como adelantó Ámbito, la semana pasada, el “abrazo de oso” de Cristina Kirchner a Javier Milei con la firma del dictamen de Ariel Lijo por parte de Lucía Corpacci en una jugada estudiada, tuvo como consecuencias sumar caos y alboroto, en una mímica que trasladó la presión hacia el Poder Ejecutivo que hace tres semanas viene anunciando que enviará al Senado los pliegos de 150 cargos judiciales que deben conseguir su aval por mayoría simple. La amenaza de que al entrar en extraordinarias sin plan de vuelo el Gobierno podría echar mano de 150 decretos para designar “en comisión” todas esas vacantes de un solo golpe, trascendió como reguero de pólvora y por las características del gobierno libertario –poco afecto a la institucionalidad- se volvió creíble.

Para el mundo judicial, la jugada de Cristina no le deja otro camino a Milei que redactar el decreto y nombrar en comisión a Ariel Lijo –que deslizó, como informó Ámbito, que no aceptaría ingresar en esa condición- y a Manuel García Mansilla que hace fuerza por este camino. Los libertarios dicen que, si no se echa mano de este recurso, hoy, el jurista sería rebautizado –con toda maldad- Manuel García “Sinsilla”. De otro modo, la ganadora sería Cristina Kirchner al haber logrado con su sorpresivo giro que los pliegos se vuelen por la ventana del tiempo, hacia un destino incierto.

Si a Cristina la esquivan los éxitos judiciales con sus expedientes, su habilidad para embrollar a los libertarios generó una tenue e inconfesable admiración, en tribunales. Con sorna, afirman que hay una coincidencia en el grito de “Viva la Libertad, Carajo”. En su caso, hablan de la propia. En esa lucha, arrastró al Ejecutivo, expuesto esta semana a tener que explicar que la bajada de Ficha Limpia no era un acuerdo con el kirchnerismo, que no había negociaciones en curso cuando parecían estar a cielo abierto, y a quedar en un callejón donde el tiempo le juega en contra. Pero hasta la ex presidenta les obsequió una bocanada de aire, al no capitalizar la firma de los 33 senadores que entregó por nota José Mayans rechazando cualquier nombramiento por decreto.

Se tomó registro que no solo firmaron los 15 que le responden sin corta pisas. Firmaron todos los peronistas. Hubiera sido el primer gesto de unificación bajo su presidencia en el PJ, que eligió no prensear. Hubo otro dato que no pasó desapercibido: mostró coherencia con lo ocurrido en 2015/2016 con los nombramientos que intentó Mauricio Macri. Del lado del “republicanismo”, hacen piruetas para justificar un decreto que decantan en la portación de cara del destinatario del decreto. Comenzó a sobrevolar –fuera de la arena K y en el Senado- la idea de que hay un problema típico de mercado: nadie está dispuesto a pagar el precio por lo que la Casa Rosada ofrece; pero sí “compraría” si la oferta cambia. Habrá que analizar si esa tesis no empieza a tener más músculo y mete presión al Gobierno.

Bajas chances para los 150 nombramientos

“Cero, punto uno”, le confesó una alta fuente del Ejecutivo a Ámbito sobre las chances de que haya una batería de 150 decretos que pongan en funciones en comisión a jueces, fiscales y defensores. La consulta fue si era “cero, punto cero”, es decir, nulas. Ese mínimo haz de luz para que la amenaza se cumpla, no entiende de sutilezas y tensa los nervios empresarios. Según esos cálculos a ojo, del universo de magistrados, 1 de cada 6 podría caer bajo esta modalidad en un escenario inexplorado. La búsqueda de antecedentes en la presidencia de Raúl Alfonsín no hace más que exaltar lo extravagante de la idea. En el gobierno se defienden con que el escenario es muy dinámico y los cambios ocurren a cada minuto para que la lista definitiva sea cargada como mensajes al Senado, así como se hizo siempre. Ya cuando los tratarían ingresa en el terreno de la imaginación.

“Jarra Loca” de rumores

En la “Jarra loca” de decretos con los que amenazan algunos voceros del gobierno incluyen a la Corte Suprema, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación y hasta sobre el “Defensor del Pueblo”, vacante desde 2009. Salvo que nominen al “Gordo Dan”, el perfil del Gobierno precisaría que ese cargo sea directamente borrado. La institucionalidad no es una marca por la que esta gestión vaya a ser recordada.

Si bien Milei nunca se metió con el Poder Judicial, no arremetió contra figuras de manera directa, no los incluyó en la “casta”, ni envió a huestes de trolls en contra de magistrados y hasta concedió mejoras tangibles a nivel de aumentos que otras áreas de la administración pública envidiarían, su actitud fue dominada por el desdén. Hasta ahora, eso es un privilegio pero la nada obsta que esa situación pueda cambiar ostensiblemente si hay un movimiento intempestivo que modifique las condiciones de manera abrupta.

Milei no nombró un solo juez (más allá de extender por cinco años el plazo de algunos pocos) lo que es mirado no solo por los grandes estudios –que han puesto alma y vida en la letra de reformas de las que el Gobierno se ufana- sino que miran con atención que puede pasar con su propia cartera de clientes. Entre los 150 están fueros gravitantes como el Civil y Comercial Federal, el Contencioso Administrativo Federal, el Penal Económico. Todo se trata de dinero, en el fondo. ¿Cómo explicar a sus clientes inversores que Argentina tiene vacantes que, o no están cubiertas luego de un año, o podrían cubrirse con jueces a tiro de decreto que deberán definir litigios potencialmente millonarios o determinantes para la seguridad jurídica?

Esa pregunta que parece que nadie se hace, hombres de negocios acostumbrados a estar varias jugadas adelante, miran el tablero de ajedrez con creciente preocupación.