Teléfono descompuesto entre Gobierno y oposición por los pliegos, con fallos "sorpresa" de la Corte Suprema

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla dependen de Javier Milei para decreto o extraordinarias. Puentes de negociación cortados. el Máximo Tribunal sacará sentencias en cualquier momento hasta fin de año. CABA, a punto de alzarse con su propio fuero laboral.

Mariano Fuchila

La malograda aventura a lo Antonini Wilson del senador Edgardo Kueider, en Paraguay, eclosionó con fuerza en el Senado y complicó todos los frentes, el judicial incluido. Si existía alguna chance de negociación de cara a las sesiones extraordinarias para que ingresara algún pliego para la Corte Suprema, se complejizaron más. El que más fuerza hacía para lograrlo era Ariel Lijo que –con el noveno voto de comisión aportado por la kirchnerista Lucía Corpacci- se veía con una mínima chance de entrar en el temario, al menos hasta que aparezca el decreto definitivo. Como ya adelantó Ámbito, el juez federal rechaza cualquier escenario de asumir “en comisión” por decreto del Ejecutivo. Si hasta ahora no lo dijo en voz alta es porque teme que, encima, el Gobierno se vengue retirando su pliego.

En la misma esta Manuel García Mansilla (o “Sinsilla, como lo burlan los libertarios) que, en la realidad piensa lo mismo que Lijo, pero que sufre las presiones del Triángulo de Hierro para defender la postura de la constitucionalidad de los nombramientos bajo ese mecanismo. Por las dudas, y en un gesto más desesperado, hizo llegar un mensaje al campamento de Cristina Kirchner referido a que podría acompañar alguna postura favorable a la ex presidenta en alguna de las causas que la rodean. En el Instituto Patria le estamparon el sello de recibido al gesto. Ni lo piensan: solo se destrabaría todo si el Gobierno lo baja y entrega la silla para una mujer propuesta desde la trinchera K. Pero el teléfono está descompuesto. Todos se sorprenden de que no haya llamados a los senadores para acordar. Hay una explicación: si los pliegos van o no a extraordinarias lo definirá el propio Javier Milei. En el mismo esquema del gobierno esperan una respuesta a un tema que ya escaló.

Nuevamente, el “juego de a gallina” de Milei desconcierta y hace prever el peor escenario para los candidatos: que haya decreto que los ponga contra la espada y la pared, o que no lo haya y queden frizados en el limbo de un año electoral donde jamás se votaron jueces para la Corte. El famoso “los dos o ninguno” original. Todo este descontrol es mirado con satisfacción desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales que aprovecha para distraerse en homenajes sucesivos a la figura de Juan Carlos Maqueda que ¿dejaría? el máximo tribunal el próximo 29. La pregunta surge sólo de rumores que volvieron la última semana sobre el “operativo clamor” para que se quede más allá de la fecha maniobrando con un pedido de extensión de plazo dado que el decreto oficial que lo reguló, legisló hacia atrás, sin permitirle la interposición de un pedido formal por 5 años al Ejecutivo.

Fallos "sorpresa"

Mientras tanto, la Corte Suprema se va a entretener en el sprint final del año con fallos sorpresivos que ya no van a respetar la periodicidad de las reuniones de Acuerdo. Pueden salir sentencias en cualquier día, de aquí a la feria, y de cualquier tema. Hubo una picardía también en la distribución de los días de enero entre Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que se repartieron presencias de autoridades para conjurar que, durante el receso, la Corte tuviese la tentación de aceptar una jura por decreto, a sola firma del turno.

La Cámara de Casación sintió que recibió un espaldarazo de la Corte con el “280” que le estampó a la causa dólar futuro y sobreseyó definitivamente a Cristina de una de las primeras causas que motorizó el macrismo en su contra. Los orfebres que desactivaron una bomba para la política –ahora “respaldada” por la Corte- fueron Diego Barroetaveña en consenso con Daniel Petrone, el primero en votar, con el fallo previo que resaltaba la decisión de política monetaria no judiciable. Ese precedente le sirve a las sucesivas administraciones.

CABA avanza con fuero laboral propio

Mucho más acotado geográficamente, pero de suma importancia es lo que se dictaminó el jueves en la Legislatura porteña. Se aprobaron tres asuntos clave: el código procesal para la Justicia del Trabajo y la puesta en funcionamiento del fuero laboral porteño, que arrebataría atribuciones y funciones a la justicia nacional para la órbita de la Capital Federal. Una suerte de traspaso forzoso de competencias para dirimir asuntos laborales desde la justicia porteña, una presea largamente ambicionada desde CABA y mirada con atención por el mundo empresarial que aguarda tribunales más benévolos, o menos refractarios en sus sentencias.

No hubo transferencia de competencias para esto desde el Congreso Nacional como ocurrió, por ejemplo, en materia penal. ¿Qué aprovechó el gobierno de Jorge Macri? Que existen diez juzgados vacantes actualmente en el fuero nacional sin cobertura y consideró “oportuno” que el Consejo de CABA sea quien los designe, pero ahora bajo su paraguas y con un código procesal propio.

El fuero implica la creación de diez juzgados con una Cámara con dos salas de tres jueces y fiscales tanto para cada una de las instancias, algo que también arrebatan para la Procuración porteña que lidera Juan Bautista Mahiques. El 12 de diciembre se aprobaría en sesión y estaría el número aportado por un sector de la UCR, el PRO y el resto de los bloques, a excepción del PJ y la izquierda.

También se dictaminó favorablemente sobre los fueros de ejecución penal pero previstos para 2025 pero a diferencia de los anteriores, los proyectos no tenían preferencia. Esto significa que se aseguraron que los dos anteriores puedan ser votados sin que medien tantos días para la sesión. De todas maneras, si se alcanzara el número, ejecución penal podría ser puesto sobre tablas.

Abogados se organizan para una pelea de poder

A la par, y por debajo del periscopio, una serie de movimientos silenciosos comenzaron a configurar un escenario de pelea para el año próximo que llegará desde el sector de la abogacía. Una semana atrás, Daniel “Tano” Angelici aprovechó una fiesta de fin de año que organizaron tres agrupaciones de abogados para lanzar el mensaje de que pensaba reclamar “candidatos propios” para disputar elecciones en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y en el de Nación. La bala trazadora era para el sector del radicalismo que comanda los destinos en Derecho y el anuncio de que las alianzas tendrán muchos más filtros para quienes quieran ocupar esas sillas. Alberto Maques –“tanista”- espera el plenario del próximo 18, el último del año, para asumir en el Consejo Nación, en lugar de Miguel Piedecasas.

El jueves último, se presentó en sociedad, en un coqueto hotel a metros de Plaza de Mayo, la Fundación de Estudios Jurídicos Argentinos que preside el joven abogado Pal Alejandro Assef, pero que anima desde la primera fila el ex senador santacruceño Nicolás “Tito” Fernández. Protagonista ineludible del primer kirchnerismo y promotor a la Corte Suprema de Ricardo Lorenzetti como juez, emerge a la superficie con la intención de empujar –a través de FEJA- “la organización de la abogacía federal”. En otras palabras, buscarán incidir en la renovación de los estamentos en los polos de poder de los Colegios. El de la Abogacía de la Capital Federal, primero, pero en cada región, lo que la convierte en una desafiante de la FACA, donde el macrismo vino trabajando durante años para tener peso en las elecciones que importan que son a los órganos de selección de jueces.