Luego de que el Gobierno anunciara que se eliminará la figura de femicidio del Código Penal Argentino, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó a Ámbito que la idea es "castigar con energía la violencia hacia todos" y "tutelar la familia". Por su parte, otras voces advirtieron sobre las implicancias y consecuencias de la medida.
Tras anuncio del Gobierno, qué se puede esperar del tratamiento de los femicidios en la Argentina
Desde el Gobierno sostienen que las medidas anteriores en la materia "fracasaron estrepitosamente". A su vez, sectores con perspectiva de género creen que la decisión "desarticula políticas públicas de prevención y acompañamiento".
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"No vamos a permitir que arrasen con conquistas históricas", afirmaron desde Ahora Que Sí Nos Ven.
Tras ser consultado sobre cómo evalúan desde la Justicia el tratamiento de asesinatos a mujeres de cara al futuro, el ministro Cúneo Libarona sostuvo que "la idea es castigar con energía la violencia hacia todos. Especialmente niños, personas mayores y vulnerables". Tras sus declaraciones, amplió que con esta medida buscan "proteger la vida, la libertad, la propiedad" y "tutelar la familia".
Además, otras fuentes de la cartera afirmaron a este medio: "Nosotros venimos a proteger a las mujeres y a todos en serio. No dejamos de reconocer la violencia intrafamiliar. No distinguimos por el sexo". Sobre la muerte de mujeres a manos de una pareja o expareja, desde la cartera de Justicia afirmaron que "eso ya está agravado por el vínculo" y que no piensan modificarlo.
También apuntaron contra anteriores gestiones a la de la Libertad Avanza (LLA): "Las políticas públicas llevadas adelante por gobiernos anteriores fracasaron estrepitosamente. Salían miles de millones de dólares, rápidamente transformaron la problemática real en un negocio".
El femicidio en un contexto estructural
La investigadora y docente especializada en Derecho Penal y Género de la Universidad de Palermo (UP), Agustina Rodríguez, afirmó que este tipo de modificaciones "implicaría la violación de compromisos internacionales que asumió nuestro país al suscribir a distintas convenciones que tienen como objetivo mostrar la gravedad de matar a una mujer en un contexto de discriminación estructural".
Rodríguez señaló que es difícil ver o pensar las implicancias de esta decisión -cual política pública- a corto plazo pero que suceden "después de un proceso largo y consolidado de reformas" tras advertir que las mujeres muertas en manos hombres -en especial, de sus parejas y exparejas- son víctimas de un "fenómeno específico, estructural, grave, y sostenido que se daba a nivel global".
La pérdida de esta figura jurídicamente hablando conlleva -de forma general- una "subvaloración" de la conducta que la produce: en este caso, el hecho que un hombre mate a una mujer. La sanción penal sobre una conducta es una muestra de reprobación social y, para Rodríguez, "modificar ese mensaje envía la señal de permisibilidad de su realización".
A nivel particular, sostiene que "desarticula políticas públicas de prevención y acompañamiento que sólo tienen sentido si se piensan de modo específico, y no dentro de los demás homicidios (inclusive los demás homicidios de mujeres por otras razones como los robos, por ejemplo)".
Por su parte, la directora general del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, Raquel Vivanco, afirmó a este medio que "los femicidios son la expresión más extrema de la violencia machista" y describe a la figura como "un término político" instalado "para poner nombre a los asesinatos cometidos contra mujeres por su condición de género".
Vivanco evalúa que "no les va a ser sencillo eliminar este agravante del Código Penal porque no tienen la correlación de fuerzas necesaria dentro del Congreso". Además, agregó que con esta medida quieren llevar al país "un siglo atrás en materia de derechos humanos", pero que desde la organización tienen confianza en los avances dados. Por último, concluye: "No vamos a permitir que arrasen con conquistas históricas en materia de reconocimiento de Derechos Humanos, de Mujeres y de la comunidad LGBTIQ+".
Un impedimento: la "minoría legislativa"
La Doctora en Filosofía y docente Diana Maffia, actual directora del Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la CABA, señaló a este medio que la medida de Justicia es una "bravuconada" y explica que dicha modificación no depende del Poder Ejecutivo -al que responde Justicia- sino del Legislativo y la debe hacer el Congreso.
La investigadora también recuerda que la inclusión de la figura en el Código, que rige desde el año 2012, fue "objeto de un debate legislativo arduo" compuesto por el "acercamiento de distintas fuerzas políticas", por lo que es "fruto del pluralismo legislativo, no sólo del Poder Legislativo".
Entonces, si el Gobierno desea encarar una modificación como indicó Cúneo Libarona, "la fuerza de Milei tiene una minoría legislativa y tendría que negociar con muchas fuerzas políticas que en su momento estuvieron de acuerdo" con la inclusión en el 2012.
Sobre la medida del año 2012, Maffía concluyó que la violencia que conlleva la muerte de una mujer, en manos de un varón con el que se tiene o tuvo un vinculo, "implica la expresión de una desigualdad de poder y vulnerabilidad".
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