Tras casos de inseguridad, el oficialismo vuelve a la carga por la baja de imputabilidad

Buscan reavivar el debate en Diputados. El detenido por el crimen tiene 17 años, por lo que está contemplado por el actual sistema punitivo.

La agenda de seguridad vuelve al Congreso de la Nación.

Mariano Fuchila

Después de la agenda económica, las propuestas en materia de seguridad representan el principal énfasis del Gobierno, que propuso un pretencioso paquete de reformas durante todo el 2024. Algunas de ellas se convirtieron en ley en las últimas sesiones extraordinarias. Sin embargo, el crimen de Kim Gómez les dio una nueva oportunidad para reanudar un debate que les quedó pendiente en Diputados: la baja de la edad de imputabilidad.

El proyecto libertario fue presentado el año pasado en una coyuntura similar: tras el asesinato de un playero de Rosario perpetrado por un adolescente de 15 años. Bajo el nombre de Reforma Penal Juvenil, propusieron reducir la actual edad de imputabilidad -dispuesta en 16 años- hacia los 12. El amplio espectro de aliados (PRO y UCR, pero también Encuentro Federal, CC e incluso sectores del peronismo) habilitó el debate y acompañó la iniciativa, pero para establecer en 14 años la edad de responsabilidad penal.

"El objetivo de Laura Rodríguez Machado y el Ejecutivo es que el proyecto salga cuanto antes", señalaron para Ámbito desde el entorno de la diputada cordobesa del PRO, que presidió los siete debates que ocurrieron del proyecto en la Comisión de Legislación Penal. La urgencia trasluce la interpretación de coyuntura que tiene el oficialismo para los crímenes realizados por menores de 16 años, que actualmente se rigen por una reglamentación decretada en 1980.

Dado el origen dictatorial de esa redacción, todos los bloques coinciden en sus proyectos tanto con la necesidad de una reforma como con otros puntos: disponer programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos para los adolescentes. El proyecto oficialista establece, además, que los jóvenes estarán a cargo de un adulto, que no necesariamente tienen que tener experiencia en menores en conflicto con la ley. "Los funcionarios que ocupen el cargo de supervisores se tomarán de la planta de empleados de la administración pública, asignándole un plus salarial", explicó José Luis Espert, detallando que el costo de la aprobación del nuevo régimen sería de unos $75.298 millones por año.

José Luis Espert y Laura Rodríguez Machado, durante un debate de la baja de edad de imputabilidad.

Ignacio Petunchi

Las garantías de los proyectos no son la actual realidad del sistema penal juvenil argentino. El Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de alojamiento (RNLPyC) 2024 del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT) describen algunas condiciones del tránsito en los centros de menores: "suministro discrecional de psicofármacos sin criterio o control médico alguno”; "problemas de higiene y mantenimiento"; "construcciones que cuentan con celdas que no respetan los metrajes mínimos, con ventanas pequeñas sin ingreso de luz natural y ventilación, espacios enrejados, poco espacio para la circulación o recreación y problemas en el suministro de agua y redes cloacales".

El mismo informe indica que en 13 provincias del país no hay más de tres establecimientos dispuestos para jóvenes en conflicto con la ley e incluso Tierra del Fuego no cuenta con ninguno. Sin inversión en infraestructura y personal ni programas de asistencia en los territorios conflictivos, las detenciones de menores prometen saturar el sistema. Apuntan, entonces, a que la reforma del sistema penal juvenil tiene urgencias más explícitas a la baja de la edad de imputabilidad.

Crimen Kim Gómez: detenidos y la versión bonaerense

"Desde el primer momento, nos dedicamos a apresar a los delincuentes, que ya están presos", señaló Axel Kicillof en la primera conferencia de prensa que dio luego del crimen de Kim Gómez, y planteó que "el principal responsable tiene 17 años. No es un tema de Ley Penal Juvenil en términos de edad de imputabilidad, porque desde los 16 años se pueden aplicar penas".

El principal sospechoso por el crimen de Kim Gómez, de siete años, ocurrido este martes en La Plata tiene 17 años y se encuentra a disposición de la fiscal Carmen Ibarra, de la UFI N° 7 de menores de la ciudad. El detenido se negó a dar declaraciones y se encuentra imputado por robo y homicidio. Permanecerá en prisión preventiva hasta su audiencia. Actúo junto a un adolescente de 14 años que no puede transitar una condena penal pero seguirá bajo resguardo estatal en una dependencia de minoridad.

En su conferencia de prensa, el gobernador expresó: "Estamos dispuestos a discutir y adaptar leyes nacionales. [...] Pero aún teniendo la mejor ley, el problema es si no se aplica o se aplica mal". "En ese sentido, precisó que "ya lo habíamos apresado en febrero y estuvo inmediatamente libre. Tendría que haber estado preso, seguramente".

El antecedente que mencionó Kicillof data del 1° de febrero, cuando el mismo joven de 17 años fue detenido por "tentativa de robo automotor" en el casco céntrico platense. En ese momento, la fiscal Sabrina Caldera definió no mantenerlo aprehendido. "No es un caso para discutir baja de imputabilidad, sino para discutir la aplicación de la Justicia y se espera que se actúe con todo el rigor y que se castigue a los responsables para que se haga Justicia, porque eso esto es lo que siempre piden las familias", concluyó el mandatario.

Axel Kicillof se refirió al caso de Kim Gómez en su última conferencia de prensa.

Ley Bases de Seguridad

Dentro del paquete de reformas del Código Penal y otras iniciativas legislativas que conforman la agenda de seguridad y Justicia, el oficialismo otorgó prioridad a los siguientes proyectos:

• Ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual: se extraerá material genético para integrar el registro a todas las personas procesadas por delitos contemplados por el Código Penal. Se convirtió en ley en 2024.
• Régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado: agravamiento y unificación de penas para quienes sean considerados miembros de una organización criminal, establecimiento de facultades especiales a fuerzas de seguridad en “Zonas Sujetas a Investigación Especial” y decomiso anticipado. Obtuvo media sanción en Diputados. Se convirtió en ley en 2025.
• Reiterancia, reincidencia y unificación de condenas. Se ampliaron las condiciones para que la Justicia dicte la prisión preventiva y establecer penas más largas a aquellas personas involucradas en más de un delito. Se convirtió en ley en 2025.
• Ley de Seguridad Interior: habilita a las Fuerzas Armadas a participar en actividades de seguridad interior sin necesidad de acudir a la declaración de estado de sitio; su accionar no puede ser punible. Se concretó por decreto en 2024.
• Reforma de Ley 26.216 de Armas de Fuego: Flexibilización del protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego. Prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entrega anónima de armamento para su destrucción. Obtuvo media sanción en Diputados.
• Modificación del Régimen Penal Juvenil: baja de edad de imputabilidad (de 16 a 13 o 14 años, según el proyecto) y determinación de nuevas responsabilidades institucionales del Estado con respecto a los adolescentes judicializados. No obtuvo dictamen.
• Derecho a la legítima defensa y cumplimiento del deber: reformas de los regímenes existentes. Tuvo dictamen en Diputados.