A horas del debate en el Congreso por el veto contra la ley de Financiamiento Universitario, las distintas universidades se vieron salieron a aclarar cómo es la gratuidad de la educación superior para estudiantes extranjeros no residentes. En este sentido, el Gobierno anunció, hace algunos días, que está preparando una normativa para implementar aranceles para aquellos estudiantes sin residencia ni radicación, que iría en contra de la legislación actual.
9 de octubre 2024 - 08:52
Universidad paga para extranjeros no residentes: qué dice la ley y cómo impactará en la matrícula
En medio del debate por el financiamiento universitario, el Gobierno busca avanzar en un proyecto para arancelar la educación para extranjeros. Qué dice la legislación actual que rige a las universidades.
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Las universidades públicas nacionales se opusieron al arancelamiento a estudiantes extranjeros.
Actualmente, se exige a alumnos foráneos que presenten documento nacional argentino para anotarse a una carrera de grado o bien, se les otorga un plazo de dos cuatrimestres para regularizar su situación inmigratoria obteniendo el DNI. Para avanzar en su proyecto, la administración libertaria deberá modificar la Ley de Migraciones y la Ley de Educación Superior.
Aranceles para estudiantes extranjeros: que dice la Ley argentina
Envueltas en diferentes debates - como la exigencia del oficialismo de realizar auditorías o bien arancelar la educación para estudiantes extranjeros -, las universidades públicas son el centro del debate público. En pocas horas, el Congreso se expedirá sobre el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, a una semana de la masiva marcha federal en defensa de las casas de estudio superiores.
En este sentido, hace tan solo unos días, el Gobierno anunció que trabaja en una propuesta para permitir a las universidades cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Sin embargo, y tomando cómo ejemplo a lo que ocurre en la Universidad de Buenos Aires (UBA), esta nueva legislación iría en contra del marco legal actual, que debería ser modificado en el Congreso o mediante DNU para permitir el cobro a alumnos foráneos.
En detalle, la UBA - al igual que el resto de universidades nacionales -, exige a sus estudiantes la presentación del documento nacional argentino o, en su defecto, que acrediten su identidad con documentos del país de origen. A fin de cumplir con la Ley de Migraciones, desde la institución se otorga un plazo de dos cuatrimestres para que el alumno regularice su situación migratoria y obtenga el DNI, de manera temporal o permanente.
El marco legal que rige a los estudiantes extranjeros en el sistema universitario argentino se basa en dos leyes fundamentales: la Ley de Migraciones y la Ley de Educación Superior.
En primer lugar, según lo que dispone el artículo 6 de la Ley de Migraciones, los inmigrantes y sus familias tienen "derecho a acceder a la educación en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos". Además, el artículo 7 prohíbe que la irregularidad migratoria sea un impedimento para que un extranjero pueda inscribirse en cualquier nivel educativo, tanto público como privado.
Por otro lado, la Ley de Educación Superior dicta, en su artículo 2, la gratuidad de los estudios de grado en instituciones de gestión estatal. Esto significa que no se pueden cobrar aranceles ni tasas a estudiantes extranjeros.
El proyecto del Gobierno para arancelar las universidades para extranjeros
En los últimos meses se viene cocinando un proyecto de ley entre las carteras de Educación y de Modernización del Estado, que propone cambios en la enseñanza obligatoria y superior. Según supo Ámbito, la letra chica del texto persigue los objetivos que habían sido incluidos en un primer proyecto de la ley "Ómnibus", que no logró pasar el filtro de negociaciones sucedidas en el Parlamento durante el verano.
Uno de los puntos más fuertes de la normativa era la de implementación de aranceles para todos aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera de estudio superior (universitarios y terciarios). En detalle, la propuesta legislativa abarcaba a las instituciones de "educación superior de gestión estatal" y a universidades nacionales, y dejaba por fuera del cobro a aquellos estudiantes argentinos nativos y a los extranjeros con residencia en el país.
La propuesta quedó truncada ya que la ley "Ómnibus" inicial fue retirada del Congreso por decisión del Poder Ejecutivo. Posteriormente, también quedó también fuera de la ley Bases aprobada en junio.
Pese a la propuesta libertaria, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes. Así, resta saber como avanzaría el Gobierno en el marco de la legislación actual.
El debate sobre el cobro a extranjeros no residentes tiene lugar en un contexto en que la administración nacional lleva adelante una revisión de los gastos de las universidades, que se ve acompañado de un ajuste de las partidas para funcionamiento y salarios, en sintonía con los recortes presupuestarios del Estado en áreas del PEN y organismos descentralizados y sumergido en un conflicto con estudiantes, docentes y la comunidad educativa.
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