Al igual que Cristina Kirchner, un empresario y siete exfuncionarios condenados en la causa por las rutas de Santa Cruz ya tienen su destino en manos de la Corte Suprema de justicia. Todos fueron sentenciados a entre 3 y 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
10 de abril 2025 - 07:00
Vialidad: además de Cristina Kirchner, quiénes son los otros ocho condenados que juegan su última carta ante la Corte
Todos fueron sentenciados a entre 3 y 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los argumentos para revertir el fallo en el máximo tribunal y las estrategias de sus abogados defensores.
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La Casa Vialidad ya está en manos de la Corte Suprema.
La mayoría de los planteos al máximo tribunal advierten sobre irregularidades durante todo el proceso. Hablan de cosa juzgada; violación a la garantía del juez natural y al principio de legalidad; violación del principio de congruencia y el debido proceso; arbitrariedad manifiesta, entre otros puntos.
Y, sobre todo, hacen hincapié en la falta de una pericia contable y en la falta de conclusiones indubitables por parte del peritaje oficial realizado por peritos ingenieros.
Los otros condenados que pidieron la intervención de la Corte son el empresario Lázaro Báez; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; Mauricio Collareda y Raúl Daruich, exjefes de la delegación de Vialidad Nacional en Santa Cruz conocida como “Distrito 23” y los exadministradores de Vialidad provincial de Santa Cruz, Raúl Pavesi, Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez.
Lázaro Báez
Condenado a 6 años de prisión, busca que la Corte intervenga en el caso con el argumento de irregularidades en la etapa de instrucción y del juicio e inconsistencias en las pruebas documentales. Su abogado Juan Villanueva afirma que no lo dejaron introducir prueba y que el peritaje oficial fue inconsistente, como admitió el propio Tribunal de primera instancia en su fallo, a pesar de lo cual concluyeron que hubo delito.
Para Báez las obras estaban finalizadas, las redeterminaciones de precios lo perjudicaron en lugar de beneficiarlo y no era cierto que le pagaban más y antes que al resto de las contratistas. Incluso afirma que Vialidad quedó debiéndole dinero cuando el kirchnerismo dejó el poder en 2015.
José López
El exsecretario de obras públicas fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Sobre él ya pesa una condena que está cumpliendo en la actualidad, por enriquecimiento ilícito en el caso conocido como “los bolsos de López”.
Representado por un defensor oficial, López le advierte a la Corte que las partidas presupuestarias no dependían de su área, sino que eran administradas en forma autárquica por Vialidad.
Nelson Periotti
El exdirector de Vialidad Nacional fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Nelson Guillermo Periotti fue Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante los tres gobiernos kirchneristas, desde el 27 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. Ingeniero electricista de profesión (UTN), ocupó numerosos cargos públicos. Durante la última gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, fue presidente del directorio de Vialidad de la provincia sureña. Cuando asumió la presidencia de la Nación, Kirchner lo llevó a la DNV.
Entre las irregularidades que denuncia su defensa a cargo de Federico Paruolo en el recurso de queja, advierte que los jueces de Casación “ni siquiera leyeron el fallo de primera instancia”. Lo evidencia -según asegura el texto- que se equivocaron en la edad del imputado: “En concreto tanto el TOF 2 como el tribunal apelado no han leído las constancias de la causa lo cual los llevó a sostener erróneamente la edad mi nuestro defendido. El TOF 11 consignó que su edad era de 65 años y el apelado de 67, cuando al momento 12 del dictado de la sentencia era de 77 es decir DIEZ AÑOS MAS”, dice escrito presentado ante el máximo tribunal.
Mauricio Collareda
Condenado a 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Fue jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad por más de una década, entre mayo de 2006 y mayo de 2016.
Nacido en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, se recibió de Ingeniero Civil en Vías de Comunicación en la Universidad Nacional del Sur. Fue director, inspector y jefe de obras en el ámbito privado en Río Gallegos y en la provincia de La Pampa
Su abogado Luis Alonso Martínez afirma que la "función específica" del imputado era "meramente administrativa". Argumenta que la función de control de las obras en última instancia no era del Distrito 23. Dice que la oficina a su cargo no decidía qué obras debían hacerse y cuáles no, por lo cual él no podría haber beneficiado a Austral o a alguna otra contratista con el presunto direccionamiento de los contratos. En ese sentido, Martínez aseguró durante el juicio que “Collareda no tenía decisión ni control previo en la firma de los convenios de obras”; que “no participó en la redacción de los presupuestos de obras viales” y que “tampoco participaba de los cálculos para determinar los plazos de la duración de cada obra” ni de los procesos licitatorios.
En su queja ante la Corte, la defensa sostiene que “Collareda no tenía a su cargo la administración y/o custodia del erario público ni 15 de bienes del Estado Nacional, de manera tal que no concurren en el caso los elementos 16 exigidos por el tipo penal escogido en la sentencia para calificar los hechos. Tampoco se acreditó que hubiera infringido los deberes a su cargo en su rol de Jefe del Distrito 23 de la DNV conforme la reglamentación vigente al momento de los hechos.”
Raúl Daruich
Exjefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad fue uno de los funcionarios que firmó dictámenes sobre las rutas investigadas. Fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Para su abogado Mario Ganora, su defendido no tenía ni la potestad ni las herramientas para llevar a delante los controles sobre las obras otorgadas a Lázaro Báez. Dijo que tanto testigos cuanto imputados coincidieron en el “deterioro” de los recursos de las delegaciones de Vialidad Nacional de todo el país y que “el Distrito 23 (Santa Cruz) era una cáscara vacía” que estaba “desarticulada en su funcionamiento”, ya que las responsabilidades de contralor pasaron a la Agencia Gubernamental de Vialidad Provincial (AGVP).
En el recurso de queja afirma que “la sentencia es burdamente autocontradictoria lo que permite tacharla de arbitraria haciendo admisible el recurso extraordinario como remedio procesal”
Entre otras cosas, plantea la falta de congruencia entre el delito por el que se lo acusó y la pena impuesta, que implica cumplimiento efectiva.
Raúl Pavesi
Extitular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión.
“Todo lo que se construyó se pagó y todo lo que se pagó se construyó. Esa es la realidad”, afirmó su abogado Oscar Vignale durante su alegato en el juicio. Antes de ser funcionario, Pavesi no provenía de la política, sino que había dedicado su carrera a la ingeniería civil. “Es un hombre del camino, no es un hombre justamente de la política”, había expresado su defensa ante el Tribunal Oral.
En el recurso de queja advierte que no se hizo una pericia contable sobre los expedientes de las 51 rutas investigadas. Ingeniero civil recibido en el año 1975, Pavesi se dedicó la mayor parte de su carrera a la actividad privada y, a partir de esa experiencia, llegó a su cargo en la provincia.
En noviembre del año 2000 y hasta julio de 2004 la empresa GOTTI lo contrata como consultor. Realizó tareas en la unidad C.A.F. (Corporación Andina de Fomento), de la DNV, como coordinador de obra del Corredor Capricornio - RN N° 81: Formosa - Salta.
En octubre 2005 se desempeñó como vocal técnico de la AGVP, en su directorio hasta que en 2006 fue nombrado vicepresidente de la AGVP. Entre 2007 y 2013 ocupó la presidencia de la Agencia.
Juan Carlos Villafañe
Fue otro de los expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, condenado a 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Villafañe fue jefe de la AGVP desde septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Antes, fue intendente de Río Gallegos y jefe del Distrito 23 de la DNV.
En el caso de Villafañe, su defensa a cargo del abogado Miguel Arce Aggeo, no argumenta arbitrariedades en el proceso en su contra, sino que advierte una inconsistencia de base, al imputarle a su defendido no haber controlado fondos que pertenecían a la órbita nacional, mientras él era funcionario provincial.
“La Cámara ha desconocido la competencia de los organismos de control provinciales para juzgar la gestión de fondos provinciales, invadiendo la esfera de autonomía de la Provincia de Santa Cruz y desconociendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”.
José Raúl Santibáñez
Condenado a 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, también fue presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Su defensa también argumentó la inconsistencia del fallo condenatorio ya que los fondos en cuestión no eran provinciales, sino nacionales. El recurso firmado por la abogada Graciana Peñafort y el abogado Alejandro Rúa advierte sobre “la falta de elemento del tipo objetivo del delito de administración infiel a partir de que Santibáñez nunca administró fondos nacionales, los que a la postre, según el Tribunal fueron defraudados”.
Santibáñez fue presidente del directorio de la AGVP. Su firma figuró en veinte de los 51 expedientes de obra investigados. Era uno de los funcionarios que autorizaba las ampliaciones de plazo de obra.
Qué esperan las defensas
La mayoría de las defensas consideran que la Corte Suprema tiene elementos jurídicos suficientes para hacer lugar a los recursos y entender en el caso. “No podría rechazarlos a todos porque son todos argumentos disímiles. Va a tener que estudiar cada caso”, consideró uno de los defensores. ante la consulta de Ámbito.
“La Corte ya opinó en varias oportunidades sobre este expediente”, argumentó otro de los abogados.
También abundan las lecturas políticas. Hay quienes creen que si el Senado aprobaba los pliegos de los jueces de la Corte -inicialmente designados por decreto de Javier Milei- se abría el camino a un rechazo del recurso en el corto plazo. Como eso no ocurrió algunos de los involucrados consideran que el máximo tribunal se quedó sin margen político y debería hacer lugar a los planteos y tomar el caso.
Sobre los plazos, nadie se anima a aventurar un pronóstico.
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