15 de abril 2025 - 17:44

Megaestafa inmobiliaria: ya hay al menos 200 damnificados y la fiscal pide nuevas indagatorias

Se procesó con prisión preventiva a 5 personas que organizaron la estafa a través de la empresa Induplack. Se estima que cometieron, al menos, 16 operaciones fraudulentas.

Uno de los edificios que vendía el clan L´Abatte.

Uno de los edificios que vendía el clan L´Abatte.

La megaestafa inmobiliaria que se desmanteló recientemente en la Ciudad de Buenos, ya tiene 200 damnificados confirmados, pero se estima que el número llega a 300, dado que día a día aumentan las denuncias.

La jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, Paula González, procesó con prisión preventiva a cinco personas del clan familiar que organizó la maniobra.

Se trata de Vito Antonio L’Abbate, quien comandaba la organización, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate y su apoderado Patricio Flores. Todos ellos, están acusados de liderar e integrar una asociación ilícita que efectuó al menos 16 hechos de estafas con la venta de inmuebles que eran comercializados bajo la modalidad “de pozo”, pero que nunca se entregaban o el mismo inmueble era vendido a 4 ó 5 personas más. Muchos de ellos se encontraban en zonas como Almagro, Caballito, Balvanera y Liniers.

La jueza también trabó un embargo para uno los implicados hasta cubrir la suma de $905 millones y dispuso la inhibición general de los bienes de los cinco involucrados.

“Este tipo de maniobras delictivas son muy complejas y no comunes. Es importante que los damnificados tengan toda la documentación”, explicó en diálogo con Ámbito la fiscal a cargo de la investigación, Mónica Cuñarro.

Damnificados: pérdidas millonarias

La angustia de los damnificados no cesa, ya que muchos invirtieron todos sus ahorros en una casa que nunca se les entregó. “El departamento que yo compré, lo vendieron 4 veces más”, sostuvo uno de los damnificados. “En Acuña de Figueroa hay un edificio que tiene 48 departamentos pero 95 dueños”, agregó.

De acuerdo a la investigación desplegada por la fiscalía, los imputados habrían organizado e integrado una asociación ilícita, económicamente sofisticada y jerárquicamente organizada, dedicada a realizar estafas millonarias a través del sistema inmobiliario. La banda habría operado entre 2012 y junio de 2024, y habría cometido -al menos- 16 operaciones fraudulentas en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la imputación, a través de la firma Induplack Fiduciaria S.A -de la cual cuatro de los imputados eran representantes legales y el restante, su apoderado y a su vez presidente de Icons Tech S.A.- administraban supuestos fideicomisos para la construcción de inmuebles de propiedad horizontal. Y, con ese esquema, ofrecieron a la venta -por sí mismos o a través de inmobiliarias como Century XXI, Remax, Varela y Predial- unidades bajo la modalidad de “venta de pozo”, para lo cual recibieron pagos anticipados y cuotas de los compradores que debían destinar a la construcción de inmuebles.

Sin embargo, cuando se vencieron los plazos convenidos y debieron entregar las unidades, las obras no se habían concluido y tampoco se habían realizado los trámites para escriturar los departamentos, lo que perjudicó gravemente a las víctimas, quienes no sólo sufrieron pérdidas económicas sino también daños morales significativos.

Para las representantes del Ministerio Público Fiscal el proceder de los imputados evidenció un plan de negocios destinado a generar ganancias ilícitas, utilizando los aportes de los compradores sin destinarlos a los fines acordados.

La investigación también evidenció que los imputados no sólo cumplían funciones en Induplack Fiduciaria S.A. sino que también integraban, al menos, otras veinte empresas del rubro de la construcción, que fueron constituidas tras las denuncias de las víctimas. Desde diciembre de 2024 hasta la actualidad, ingresaron al Juzgado más de 100 causas contra los mismos imputados.

Procesamiento de los implicados

En una nota realizada por la fiscalía, explicaron, en base a las pruebas recabadas en la investigación, que el Ministerio Público solicitó el procesamiento de las personas implicadas, lo cual fue receptado por la jueza Paula González, en su resolución del 7 de abril, quien les imputó “haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo".

“Con esas preventas, Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores; quienes utilizaban sus ahorros para aprovechar los planes de pago en cuotas que les eran ofrecidos para la adquisición de alguna de las unidades resultantes de la concreción de esos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción; los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros, perjudicando los derechos de los beneficiarios, que nunca pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían comprado”, indicó la jueza.

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