Altibajos regulatorios en el sector seguros: ¿protección o perjuicio para los asegurados?

La Superintendencia venía analizando hace tiempo la normativa que regula el servicio de grúas para pólizas de Automotores que generó tanto ruido este año. Todo sobre la norma que lo eliminaba, finalmente, se retrotrajo y el rol del regulador.

La norma sobre grúas generó mucho ruido en el mercado del seguro. 

Gentileza Shutterstock.

Mucho revuelo ha causado en los últimos meses el dictado de la Resolución 217/2024 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Tanto fue el ruido generado, que recientemente, apenas un mes después de haber sido implementada, fue dejada sin efecto por la Resolución 269/2024.

Me estoy refiriendo a la Resolución por la cual en el mes de abril, mediante una modificación al Reglamento General de la Actividad Aseguradora se eliminó la posibilidad (y digo posibilidad porque no se trataba de una exigencia) de que una compañía pudiera ofrecer como cláusula adicional dentro del seguro Automotor, el servicio de asistencia vehicular en casos de desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas, falta de combustible y/o cualquier otro que no tenga vinculación con un accidente, incendio, robo y/o hurto.

Dentro de los fundamentos de dicha norma, se puso de manifiesto que lo decidido tuvo lugar luego de la presentación de varias notas de las asociaciones que representan a las compañías de seguros en las que se hacía referencia a los inconvenientes que el servicio de asistencia mecánica y remolque generaba a las entidades aseguradoras, aduciendo que dicho servicio no formaba parte del objeto principal del contrato de seguro.

Un tema que no es nuevo para las Superintendencia

El tema no es novedoso, ya que durante los años en que fui Gerenta de Coordinación General de la Superintendencia, asociaciones y compañías acercaron sus reclamos al respecto, intentando que el organismo resolviese, mediante el dictado de una norma que podía resultar perjudicial para los asegurados y el cumplimiento de los contratos vigentes, cuestiones que claramente tenían un trasfondo comercial y de competencia entre aseguradoras, ya que, por tratarse de una cláusula adicional no obligatoria, estaba en cabeza de cada compañía aseguradora ofrecerla o no a sus clientes. Y aquella fue nuestra posición en ese momento.

Una cláusula adicional en un contrato de seguros es un término o condición extra que se agrega al contrato básico para proporcionar una cobertura específica o modificar los términos existentes. Las cláusulas adicionales no son obligatorias en el sentido de que cada póliza puede ser diferente y no todas las aseguradoras utilizan exactamente las mismas cláusulas. Si bien, en ciertos casos, algunas cláusulas adicionales pueden ser requeridas por ley, éste no era el caso.

Impacto en los asegurados

Eliminar la posibilidad de contar con un seguro que incluya la cláusula adicional de asistencia mecánica conlleva un impacto significativo en los asegurados que confían en esa cobertura para su tranquilidad y seguridad en las calles. Son las compañías de seguros quienes, evaluando costos, riesgos y rentabilidad deben tomar la decisión de prestar o no dicho servicio; no prohibirlo la Superintendencia de Seguros, además, a contramano del contexto general imperante, en donde se enfatiza la importancia de la libertad contractual.

La regulación o desregulación en el ámbito de los seguros parece ser un juego de doble cara. Un juego en que los asegurados nunca resultan ganadores. Mientras se toman medidas para restringir ciertas cláusulas adicionales muy valoradas por los asegurados, al mismo tiempo se desmantelan resoluciones que fueron establecidas en beneficio de la población.

Un ejemplo paradigmático es lo sucedido con el Registro Nacional de Contratos de Seguros de Personas Humanas (RENASEG) creado mediante la Resolución 389/2023. Esta iniciativa tenía como objetivo brindar a los ciudadanos dos herramientas esenciales: la posibilidad de consultar sus pólizas personales vigentes a través de la aplicación "Mi Argentina" y la capacidad de verificar si un ser querido fallecido contaba con un seguro al momento de su deceso, permitiéndoles iniciar los trámites necesarios con la aseguradora correspondiente.

Sin embargo, esta norma tan significativa fue derogada con la emisión de la Resolución 389/2024, la cual también desactivó el sistema informático diseñado para la consulta ciudadana. Se argumentó que el mantenimiento de este registro requería asignar recursos adicionales tanto en términos administrativos como logísticos.

El rol del regulador en seguros

Detrás de esta justificación subyace, no obstante, un descontento en las compañías aseguradoras de Vida. La implementación de este registro les generaba malestar, ya que facilitaba los reclamos de siniestros por parte de los beneficiarios de seguros de vida hacia las aseguradoras. Esto se debe a que estas empresas suelen contar con un importante número de asegurados cuyo fallecimiento no se reporta, a menudo por desconocimiento de sus familiares de que poseían un seguro de vida. La eliminación de esta herramienta de transparencia genera consecuencias negativas en la capacidad de los asegurados para acceder a sus beneficios y en la gestión eficiente de reclamos por parte de las aseguradoras, a la vez que socava la confianza de las personas en el sector asegurador.

Estos casos reflejan una fluctuación en las decisiones regulatorias que afectan directamente a los asegurados y sus derechos. La compleja relación entre regulación y desregulación en la actividad aseguradora plantea interrogantes sobre la verdadera protección y beneficios que estas medidas gubernamentales proporcionan a la ciudadanía.

Es esencial analizar y debatir estos temas y el rol del regulador en materia de seguros para garantizar la transparencia y equidad en el sector. Al fin y al cabo los asegurados son los ciudadanos y son los derechos de todos los argentinos y la posibilidad de ejercerlos lo que está en juego.