Uruguay avanza en la emisión de su primer bono azul, ¿de qué se trata?

El país quiere alcanzar un nuevo hito de financiamiento climático luego del éxito del Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático, conocido como bono verde.

Uruguay avanza en la emisión de su primer bono azul, atado a la protección de ecosistemas marinos y costeros.

Uruguay quiere ser protagonista de un nuevo hito financiero en materia de emisión de bonos globales con relación a la sostenibilidad climática, y buscará impulsar los bonos azules, orientados a movilizar recursos hacia la protección de ecosistemas marinos y costeros.

Así como se convirtió en líder a nivel mundial con la emisión del Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), también conocido como bono verde, Uruguay busca continuar a la cabeza del financiamiento climático a través de un nuevo bono. La iniciativa aún está en estudio y es impulsada desde los ministerios de Ambiente y de Economía y Finanzas (MEF).

"Estamos investigando y generando una hoja de ruta para poder emitir bonos azules, que en el momento que los generemos van a ser lanzados a nivel internacional con características similares a la del bono verde, con la particularidad de que ese dinero tiene que ser utilizado en sistemas costeros, marinos y acuáticos", detalló al respecto la directora de Cambio Climático, María Fernanda Souza, en diálogo con la agencia EFE.

Cabe recodar que el bono verde, emitido en 2022, es un bono soberano con una tasa de interés bidireccional atada al cumplimiento de metas ambientales —los rendimientos varían positiva o negativamente en función de alcanzar determinados objetivos relacionados particularmente con la reducción de gases de efecto invernadero y con la conservación del monte nativo.

Ahora, el objetivo es lanzar el bono azul, que ya se construye en el marco de un grupo de trabajo específico dentro del gobierno.

"Esto tiene que ver con que Uruguay es un país que tiene alta vulnerabilidad al cambio climático, sobre todo en su zona costera, porque es donde está la concentración poblacional. Entonces, allí es donde tienen que centrarse nuestros esfuerzos de adaptación y de reparación de pérdidas y daños", explicó Souza.

Por otro lado, recordó que en materia de cambio climático y en lo referido a políticas climáticas "Uruguay se encuentra en una posición de liderazgo": "Tenemos líneas de trabajo en energía, líneas de trabajo vinculadas a los objetivos de mitigación, es decir, de disminución de la emisión de gases de efecto invernadero en el sector agrícola ganadero, en el sector energía y en el sector transporte", detalló.

¿Quiénes fueron los compradores del bono verde?

En noviembre de 2023, el gobierno reabrió el Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático y tuvo una demanda por 2.701 millones de dólares. Entonces, desde el MEF calificaron la acción como una exitosa reapertura que, además, marcó el retorno del país a los mercados internacionales.

La operación fue por el equivalente a 700 millones de dólares, y a una tasa del 5,6% anual, correspondiente a un diferencial de 95 puntos básicos respecto al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos. Sirvió para complementar el cronograma de fondeo del gobierno para 2023, reafirmar la estrategia de financiamiento soberana alineada con los objetivos ambientales de Uruguay, y diversificar la base de inversores de títulos del gobierno, accediendo a otros mercados e inversionistas focalizados en objetivos de sostenibilidad.

Fueron 139 los inversores que estuvieron presentes en el libro de órdenes, de los cuales 15 invirtieron por vez primera en un título soberano del Uruguay. El 89,5% de la demanda por el bono provino de estas cuentas extranjeras, mientras que la restante fue de inversores nacionales, según los datos oficiales del MEF.

Asimismo, dentro de las cuentas internacionales, el grueso de la demanda se originó en Estados Unidos y el Reino Unido, con la presencia de las mayores cuentas enfocadas en mercados emergentes de alta calificación crediticia.

Sin embargo, también participaron inversores de Alemania, Austria, Canadá, Chile, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Japón, Países Bajos, República Checa y Singapur. E, incluso, agencias del gobierno de Corea del Sur y Suiza.