Caja de Profesionales: el gobierno prepara un proyecto de ley sin salvataje y con costos repartidos

El director de la OPP, Rodrigo Arim, confirmó que su oficina trabaja junto el MEF y el MTSS en una solución que implicará "afrontar ciertos costos por parte de distintos colectivos".

El gobierno prepara un proyecto de ley para reformar la Caja de Profesionales sin salvataje estatal.

Foto: Teledoce

El gobierno ya prepara un proyecto de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) frente a la crisis financiera que atraviesa el organismo y el inminente agotamiento de las reservas para enfrentar el pago de sus obligaciones; y adelantó que la solución implicará que "distintos colectivos" asuman costos.

La situación de la Caja de Profesionales es uno de los desafíos que la nueva gestión del Frente Amplio (FA) sabía que debería atender de manera urgente tras asumir, debido al hecho de que, en junio, los fondos del instituto previsional ya no serán suficientes para pagar las pasividades correspondientes. El problema es que el escenario fiscal condiciona fuertemente la capacidad de gasto del gobierno, y la solución posible que ven las autoridades no va en la misma línea que la que pretenden los afiliados, en términos de quién asumirá la responsabilidad de "salvar" la Cjppu.

En ese sentido, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue su mismo titular, Gabriel Oddone, el que descartó un salvataje del Estado desde un primer momento. Y ahora fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim el que confirmó la postura del Poder Ejecutivo, la cual ya se está plasmando en un proyecto de ley a partir del trabajo de los dos organismos económicos y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

"Le vamos a encontrar una solución que va a implicar afrontar ciertos costos por parte de distintos colectivos, y la sociedad en su conjunto", sostuvo Arim en conferencia de prensa el jueves, donde también consideró que el presente de la Caja de Profesionales es "un problema que ya es de larga data y que está teniendo una repercusión muy inmediata en 2025".

Si bien todavía se está trabajando en la solución y no se definió cómo será el aporte estatal que se hará a la Cjppu, sus comentarios eliminaron la posibilidad de que sea el Estado el que asuma la totalidad de los costos necesarios para que el instituto previsional continúe al día con sus obligaciones.

Crece el malestar entre los afiliados por la postura del gobierno

Para los afiliados, sin embargo, la respuesta del gobierno no viene siendo satisfactoria, sobre todo porque en la transición, la postura del Frente Amplio había sido proclive a auxiliar a la Caja de Profesionales. Tras la asunción, sin embargo, primó un tono mucho más austero del esperado, y algunas versiones indican que el proyecto que impulsará la administración actual podría ser similar al proceso de salvataje implementado en la ley exprés de 2023, con aumento en el aporte de afiliados activos y en el pago del del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

Por una parte, la situación fiscal exige medidas drásticas en el gobierno: el mismo Arim reconoció públicamente las dificultades que enfrenta la gestión para la elaboración del presupuesto quinquenal, por un lado, por la postergación de pagos de la administración previa para que "el número final del déficit fiscal fuera más pequeño de lo que correspondía" —pagos que se deberán afrontar ahora—; y, por el otro, por la necesidad de cumplir con las promesas de campaña.

Pero para los afiliados, el contexto no es argumento suficiente y reclaman un salvataje estatal. Desde el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) pidieron que el Ejecutivo "tome y asista a su responsabilidad", justificada además por los más de 600 millones de dólares aportados en concepto de IASS a las arcas del Banco de Previsión Social (BPS) por los profesionales que también aportan a la caja.

"No solo responde a la obligación establecida por el artículo 67 de la Constitución, sino por la responsabilidad que le cabe al Estado al participar desde su creación en la dirección del Instituto, en la aprobación de sus presupuestos, de sus delegados, de las inversiones, y las auditorías a través del Tribunal de Cuentas”, sostuvo la presidenta del Cceau, Cristina Freire, al respecto.

Por su parte, desde la Asociación Civil de Profesionales Independientes rechazaron la posibilidad de que se aplique una solución similar a la de 2023: "Es el mismo contenido y la forma del proyecto que había rechazado el FA", apuntaron, y señalaron que supone “descargar sobre afiliados activos un aumento de la tasa de aportación, con el sabido impacto negativo que va a tener en la recaudación de una caja en crisis”.