Charlas de quincho: Arazatí, ley de derribos y el próximo presidente del BCU

Surgen los primeros chispazos en la transición por obras y políticas que el saliente Lacalle Pou esperaba dejar de herencia y que el entrante Orsi rechaza.

El presidente electo, Yamandú Orsi, y la embajadora estadounidense, Heide Fulton.

Foto: @OrsiYamandu

“Yamandú nunca dice que no”. Con este comentario, entre esperanzador y escéptico, ejemplifica un empresario las respuestas que ha dado el presidente electo a diversos planteos, reclamos, iniciativas empresariales. El dirigente frenteamplista que lo escuchaba simplemente esbozó una sonrisa comprensiva, dándole la razón con su gesto. En efecto, Orsi no es persona que cierre puertas; las deja abiertas el mayor tiempo posible. Y en este plano, uno de los asuntos más candentes es el proyecto Neptuno, más conocido por su localización, el balneario Arazatí en San José.

Orsi ha estado en contacto con empresarios del consorcio que promueve el proyecto, llamado Consorcio Aguas de Montevideo (integrado por las firmas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast), que ha conseguido en los últimos días la Autorización Ambiental Previa (AAP), pero que aún no ha firmado el contrato con el gobierno. Eso implicaría concretar una inversión de 240 millones de dólares, a pagar en 17 años. El gobierno saliente deberá decidir si firma o deja el asunto para el próximo gobierno. “Si firma, es una señal de confrontación con el gobierno electo y el Frente Amplio (FA), obviamente; es claro que el proyecto Neptuno no tiene consenso en el Frente y en la izquierda reiteran, una y otra vez, que la prioridad es el proyecto para hacer un embalse en Casupá”, reflexionó un ingeniero cercano al tema. “En realidad, es una falsa oposición, porque Casupá aportaría una nueva reserva de agua, pero en la misma fuente, la Cuenca del Santa Lucía. Pero en el FA le han agarrado ‘cariño’ a Casupá, todos sabemos por qué…”, dijo con tono críptico. “¿Por qué?”, preguntó el periodista, ni lerdo ni perezoso. “Pero muchacho… “, arrancó a responder el ingeniero, con tono de superado. “En el FA tiran para el lado de las empresas públicas, rechazan todo lo que implique un negocio empresarial, como sería el caso de Arazatí ¿entendés? Y Casupá lo hará OSE... Pero, además, reconozco que pueden tener algún argumento más razonable: durante esta administración, en la propia OPP hubo discusiones sobre el proyecto y algunos jerarcas pretendían una inversión más modesta, que igual cumplía con los objetivos de tener una fuente alternativa al Santa Lucía… El problema es que los empresarios tienen interés en que el proyecto sea más grande, obviamente”, señaló.

Y allí hay un asunto importante, porque el proyecto es grande y -por lo tanto- muchos son los puestos de trabajo que van a generarse durante la obra (se habla de unos 600 en promedio, por 2 años y medio de duración de la obra). Los empresarios que hablaron con Orsi se lo recordaron. “Es importante que el nuevo gobierno arranque con obras y nuevos empleos”, remarcan desde el consorcio empresarial.

Ley de derribos

La charla fue en español. El encuentro entre el presidente electo, Yamandù Orsi, con la embajadora de EEUU, Heide Fulton, transcurrió por varios temas, siempre en tono diplomático y más bien protocolar. Lo más significativo, en realidad, es la propia reunión: se sabe que las relaciones entre las izquierdas de todo el continente con los estadounidenses son un punto sensible. Pero Uruguay destaca allí por continuidad y -además- antecedentes importantes: todos recuerdan la reunión de George W. Bush con Tabaré Vázquez en Anchorena.

Fulton es diplomática de carrera, de manera que -más allá del cambio de residente en la Casa Blanca- todo indica que seguirá en el cargo en los próximos años. La embajadora dijo que hay una agenda amplia y de consensos, para seguir trabajando.

Pero hay un asunto, que no estuvo en la charla, que preocupa en la sede diplomática de la Rambla Wilson: la ley de derribos. “¿Los americanos tienen miedo que el FA la derogue?”, preguntó el periodista a una persona cercana al asunto. “No, no… más bien al revés…, veríamos bien que la deroguen; para EEUU la ley es muy inconveniente”, respondió.

El periodista, sorprendido, exigió una explicación, pues presumía que el asunto era al revés. “El tema es que, si derriban un avión con tecnología de EEUU, es un lío grande. Implica consecuencias serias y diversas”, señaló. “Y el gobierno actual ¿no lo sabía?”, inquirió de nuevo el journalist. “Lo tenían claro, pero siguieron adelante igual, convencidos de que no iban a ‘usar’ la ley, que tiene solo efecto disuasorio contra el narcotráfico”, agregó.

Ahora resta ver qué hará el próximo gobierno, pero no le queda el asunto fácil. “¿Te imaginas al gobierno del FA derogando una ley del gobierno anterior, por reclamo de EEUU? No lo va a entender nadie”, dijo resignado el individuo.

BCU

La danza de nombres para el gabinete está en pleno y cada medio se desvive por tener “la posta”. Además de los nombres conocidos y confirmados (Oddone, Sánchez, Díaz) se da como un hecho a Sandra Lazo en Defensa, Cristina Lustemberg en Salud, Luis Fratti en Ganadería y José Mahía en Educación. Circulan otros nombres para Cancillería, otros para Trabajo y más.

En el futuro equipo económico se señala a Martín Vallcorba como subsecretario de Economía y ha surgido el nombre del actual rector de la Udelar, Rodrigo Arim, para dirigir la OPP. Pero hay un puesto del que se habla poco… “La verdad, como están las cosas hoy, el nombre que ya debería estar planteado es el del presidente del Banco Central, señaló un importante consultor, con vínculos con el gobierno anterior, el electo y seguramente el que venga después… “¿Viste cómo se está moviendo el dólar? habría que dar una señal”, agregó. En los círculos financieros y de consultores, se ha manejado el nombre del economista Guillermo Tolosa, que tuvo un breve paso por la dirección de Ceres, pero cuya trayectoria más extensa es en el FMI, donde hoy es asistente especial de la Dirección.