Déficit fiscal, ¿quién se encargará de reducirlo?

El próximo gobierno no tendrá mayorías parlamentarias propias y no es claro el camino político para la necesaria mejora en las cuentas del Estado.

El déficit fiscal sigue siendo elevado y quien gane el balotaje 2024 tendrá que implementar un plan para reducirlo.

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Conocido el resultado de las elecciones, ya quedó establecida la integración del Parlamento.El Frente Amplio logró la mayoría en el Senado, pero quedó con 48 de 99 bancas en Diputados. La oficialista Coalición Republicana (la suma de los partidos que la componen) tuvo unos 90.000 votos más, pero sin mayoría en ninguna de las Cámaras.

Mientras se encara ahora la campaña hacia el balotaje 2024 entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, y se especula intensamente sobre a dónde irán los votos de los partidos menores y sobre cuál será el resultado final, hay un asunto que quedó allí, al margen o subyacente, sin mucho resonancia pero que merece preocupación. ¿Cómo se procesará la necesaria mejora en las cuentas del Estado? O dicho de una manera más directa, ¿cómo se establecerá un mínimo consenso para reducir el déficit fiscal? Es un asunto poco popular y -por tanto- los representantes políticos son poco proclives a actuar en ese sentido; menos aún ahora, sin mayorías claras.

En estas horas la Coalición presentó su documento programático “Gobernar entre todos, compromiso país”, donde se propone “seguir trabajando sobre el resultado fiscal de forma que esté alineado con los objetivos de competitividad del país y la sostenibilidad de la deuda pública”. Y agrega: “Implementar cambios en la institucionalidad fiscal creada en la Ley de Urgente Consideración de forma de robustecer los logros alcanzados”.

Son pronunciamientos importantes, pero requieren algo más de precisión. La regla fiscal ha sido un avance en términos de responsabilidad fiscal macro, pero hay que fortalecerla. En otro pasaje, el documento apunta a seguir reduciendo la plantilla en el Estado, no reponiendo parte de las vacantes y apuntando a la digitalización. Estiman que esto permitiría un ahorro de entre 250 y 280 millones de dólares. No es poco, pero bastante menos de los 900 millones que se planteaban en el 2019. En el actual gobierno se hicieron ahorros, pero el déficit viene cerrando en niveles similares a aquel año (gráfica). El Estado uruguayo resiste más de lo que los gobiernos de turno creen… Además, la Coalición reafirma su objetivo de eliminar la tasa consular, que recauda unos 300 millones de dólares por año. Hay fundamentos para hacerlo, pero mejorar las cuentas fiscales no es uno de ellos.

Estabilidad, gasto e impuestos

Desde el Frente Amplio, por su parte, se reitera el compromiso con la estabilidad macro, pero tampoco hay mayores detalles de cómo se reducirá el déficit. Y en la polémica por la seguridad social, el FA está del lado de aumentar el gasto, no de reducirlo. El propio Gabriel Oddone (titular del MEF si gana Orsi) ha planteado que hay que discutir con más amplitud el financiamiento de la seguridad social, porque sólo con aportes obreros y patronales no se sostiene. De hecho, el BPS ya se lleva 7 puntos del IVA y todo el IASS, y aún así no alcanza.

¿Qué puede esperarse? En las bases programáticas del FA se plantea “estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior”. A su vez, en el documento presentado más recientemente, titulado “Prioridades para gobernar”, el FA plantea fortalecer la regla fiscal (coincidencia con matices, con la Coalición) e “implementar mecanismos para que las empresas localizadas en Uruguay alcanzadas por el Impuesto Mínimo Global de 15% sobre la renta empresarial (pilar dos de la OCDE y del G20) tributen en el país”. Notoriamente el FA le ha prestado especial atención a este asunto y tiene expectativas de que tenga un retorno fiscal importante (se habla de unos 800 millones de dólares); en la Coalición son más escépticos.

Por otro lado, ambos bloques están particularmente proclives a “promover, impulsar, facilitar” a ciertos sectores y/o rubros, con exoneraciones fiscales diversas y gasto social agregado. En general, todo compartible, pero va para el lado contrario a la necesidad de reducir el déficit. Y dichas exoneraciones son ya muy importantes. Esto se refleja, entre otros, en los datos de recaudación de la DGI, donde las devoluciones de impuestos y certificados son el 15% de la recaudación total bruta.

En los últimos días, el Banco Central de Uruguay (BCU) aumentó su proyección de crecimiento para este año y el que viene al 3,5%. Buenas noticias que -si el gasto se controla- deberían sustentar cierta mejora en las cuentas del Estado. Pero en la discusión política la inclinación está más bien para el otro lado y, además, buena parte de la ciudadanía uruguaya quiere más beneficios del Estado, es decir, más gasto. Teniendo en cuenta eso y ya conocido el escenario parlamentario, no es fácil vislumbrar cómo puede encauzarse una mejora en la situación fiscal.

Uruguay tiene grado inversor, muy buen acceso al financiamiento y solidez institucional. Pero no es inmune a complicaciones. Más cuando la tasa de interés global de referencia (lo que pagan los bonos de EEUU) está subiendo, como mencionamos la semana pasada. En estos días en Brasil, la incertidumbre sobre la situación fiscal comenzó a afectar al mercado cambiario norteño. Los vecinos tienen su propia regla fiscal (arcabouço, le llaman), pero han tenido problemas de incumplimiento y el gobierno está en vías de anunciar recortes. La situación del país vecino es un cercano recordatorio de que es preciso evitar estos “ruidos” financieros. Pero, ¿quién le pondrá el cascabel al gato?