El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió intervenir el Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A. debido a una situación de conflicto de intereses entre el presidente y único integrante del directorio, el contador Álvaro Correa, en relación a un conjunto de operaciones irregulares que podrían llegar a ser tipificadas como delito.
El BCU intervino la corredora de bolsa Grupo Bursátil Uruguayo
La autoridad monetaria detectó operaciones irregulares en la compañía y dio cuenta de los hechos constatados a la Fiscalía por posible existencia de delitos.
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A través de la Resolución D-1-2025, el directorio del BCU decidió el miércoles designar como interventora del Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) a la contadora Ana Chávez, suspender todas las actividades de la empresa y sustituir a todas sus autoridades actuales. Asimismo, determinó inmovilizar los activos propios y de clientes en cuentas a nombre de dicho intermediario de valores.
En la resolución también se insta a la compañía a “notificar fehacientemente, en forma inmediata a cada uno de sus clientes y a las entidades con las que opera” sobre los determinado por el BCU, así como a “hacer entrega inmediata a la Superintendencia de Servicios Financieros de la siguiente información: detalle de los saldos de efectivo y valores de las cuentas de cada uno de sus clientes y detalle de los saldos de todas las cuentas en bancos, brokers, intermediarios de valores y toda otra entidad financiera con la cual mantenga contratos vigentes, indicando especialmente aquellas en las cuales mantenga efectivo y valores propios o de terceros.
Finalmente, la autoridad monetaria dio cuenta de los hechos constatados a la Fiscalía "ante la eventual consumación de conductas tipificadas como delito".
¿Por qué el BCU tomó estas medidas?
Fundado en 1997, GBU es un operador bursátil en el mercado uruguayo que, según explica en su página web, se sitúa entre las principales firmas miembro de la Bolsa de Valores de Montevideo.
La compañía “ejecuta operaciones en los mercados locales e internacionales, ofreciendo una amplia gama de servicios y promoviendo la estructuración de carteras de activos diversificados con el fin de maximizar rentabilidades y minimizar posibles riesgos”. Y desde 2005 está inscrita como corredor de bolsa en el Registro de Mercado de Valores de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF).
Según lo explicado en la resolución del BCU, el organismo constató operaciones irregulares realizadas con el patrimonio de la empresa cuyo beneficiario es una persona declarada incapaz por la Justicia y a quien se le asignó como asesor Álvaro Correa y GBU. Correa habría autorizado inversiones a través de GBU en Forestal International Limited, donde el contador es titular de cuatro acciones de “management” de dicha empresa y figura como su administrador; además de otros movimientos sospechosos sobre los cuales no brindó la información correspondiente.
De acuerdo a la investigación realizada, Correa no acordó con su cliente la estrategia de inversión, ni él ni GBU notificó sobre la existencia de conflictos de interés —por pertenecer el contador a los directorios de las empresas involucradas—, y la información proporcionada tampoco cuenta con los avales necesarios.
Además, “la gravedad de estos incumplimientos se ve incrementada por el hecho de que la beneficiaria final de la empresa era una persona declarada incapaz, se incumplió una orden impartida por la Justicia ya que Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A. y el contador Álvaro Correa habían sido designados por el Juez como asesores del curador por lo cual conocían dicha orden y por el monto involucrado en esta inversión, que correspondía aproximadamente a la mitad del patrimonio de la persona declarada incapaz”, señaló la resolución.
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