El BID apuntó a reducir la discrecionalidad como aspecto clave para mejorar el marco fiscal

El organismo internacional publicó un estudio con recomendaciones para fortalecer la institucionalidad fiscal de Uruguay y evitar reversiones con el nuevo gobierno.

El BID realizó recomendaciones para mejorar el marco fiscal en Uruguay.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un informe en el que evalúa la regla fiscal del Uruguay y realiza diferentes recomendaciones para fortalecer la institucionalidad fiscal en un marco en que las cuentas públicas del Estado están en el centro de la atención tras haberse incumplido las metas por primera vez desde el 2020.

El estudio llamado “Propuestas para continuar fortaleciendo el marco fiscal en Uruguay” analiza la institucionalidad fiscal del país y presenta algunas recomendaciones a partir de buenas prácticas internacionales y de las “lecciones aprendidas” desde su implementación en 2020.

En ese sentido, el BID destacó importantes mejoras tras ese hito en el manejo de las cuentas públicas, tales como la reducción de los intereses sobre la deuda externa —aunque ésta se mantuvo en niveles altos— de la mano de una baja constante del riesgo país; y la mejora de la calificación crediticia por parte de las principales agencias del mundo.

De todos modos, el organismo internacional no fue indiferente a los recientes inconvenientes en torno a la situación fiscal uruguaya, no tanto por la regla en sí misma, sino porque en 2024, por primera vez, se incumplieron los tres pilares -el 1 y el 2 de manera ex ante; el último, ex post- lo que recibió críticas incluso del Consejo Fiscal Asesor (CFA), sobre todo respecto a las modificaciones “sobre la marcha” de las metas.

De todos modos, “los avances realizados por el país desde 2020 en materia de fortalecimiento de su marco fiscal han sido positivos”. De todos modos, "la experiencia internacional muestra que el fortalecimiento del marco fiscal es un proceso continuo que se debe consolidar sobre las bases construidas durante los últimos años”, apuntó el BID, y señaló que es necesario avanzar el proceso de robustecer dicho marco para continuar “los avances logrados en relación con la percepción que tienen distintas instituciones internacionales e inversionistas globales sobre Uruguay”.

¿Qué recomendaciones realizó el BID para mejorar la regla fiscal?

Entre la serie de sugerencias que planteó el BID para mejorar el marco fiscal uruguayo —algo que será tarea para el gobierno entrante—, la primera es “estimar y explicitar un nivel prudente de deuda para Uruguay como ancla fiscal a mediano plazo”; es decir, un nivel de deuda pública neta que sea compatible con una situación fiscal sostenible a mediano y largo plazo.

Con este “ancla fiscal”, el gobierno podría “asegurar que las finanzas públicas operen en un marco que resguarde la sostenibilidad fiscal" y, en consecuencia, lograr mayor estabilidad y resguardo del gasto público; menores costos de financiamiento para el Estado, personas y empresas; y un mayor crecimiento económico.

En paralelo, se debería “establecer explícitamente que las metas del balance estructural y de los otros pilares de la regla fiscal deben ser consistentes con el nivel prudente de deuda que se estime” —para así evitar las modificaciones cuestionadas por el CFA, por ejemplo—; y también “las metas anuales de balance estructural y los otros pilares de la regla al comienzo de cada administración”. El objetivo es, manteniendo una flexibilidad coherente, evitar el no cumplimiento de las metas y la “adopción de medidas correctivas cuando existan desvíos” para mantener y mejorar la credibilidad y la confianza en la política fiscal.

Para ello, el objetivo final ideal sería que la regla fiscal sea incorporada en una ley y que "cualquier modificación futura" mantenga ese rango legal, a través de los respectivos mecanismos burocráticos correspondientes. La herramienta propuesta por el BID fue un decreto del Poder Ejecutivo que, al inicio de cada período de gobierno, determine el nivel de deuda prudente y las metas anuales.

Asimismo, las “cláusulas de escape” necesarias para mantener la flexibilidad de las metas fiscales ante eventos que escapen de las proyecciones —como ocurrió con la pandemia de Covid-19 o la sequía histórica— deben estar “bien definidas en términos de su temporalidad, magnitud y mecanismos de corrección posterior" para, así, evitar que se haga un uso discrecional y excesivo de las excepciones, algo criticado también por dirigentes del Frente Amplio (FA) desde hace tiempo.

El estudio del BID también incluyó recomendaciones para avanzar en el profesionalismo del CFA, como la posibilidad de darle mayor autonomía a través de una ley —lo que implicaría, a su vez, mayores recursos—, un aspecto que diversos analistas y economistas locales han mencionado en diferentes ocasiones; y para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fortalezca “el análisis y gestión de riesgos fiscales”, así como la publicación de los mismos, contribuyendo también a una mejor comunicación y concientización de la importancia de la regla fiscal.