El caso Cairo, la política y la economía

La salida de la frenteamplista del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial supuso el primer dolor de cabeza para el nuevo gobierno.

Cecilia Cairo dejó de ser la titular del MVOT el 17 de abril.

Esta semana el Frente Amplio (FA) se abocará a definir y —en lo posible— dar por cerrado el caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Cecilia Cairo, designando una nueva ministra y tratando de reconducir la agenda política, que viene particularmente intensa. Sin embargo, en el partido que conduce hoy el gobierno hay un sentimiento amargo de haberse convertido un gol en contra innecesario y en el arranque del partido, cuando todavía no arranca la discusión del Presupuesto y hay algunas “bombas de tiempo” por desactivar (la más complicada la Caja Profesional, pero no es la única).

Desde que se conoció la denuncia periodística, la situación de Cairo era insostenible: justo la ministra encargada de promover las políticas de vivienda no tenía regularizada su casa por casi dos décadas. Con el diario del lunes, llama la atención cómo no la resolvió ella o —en su caso— alguno de los propios, para advertir una situación que, tal como luego se confirmó, sería de un impacto grave.

Por parte de la oposición —sin grandes estridencias, pero con lógica durezas— se reclamó la renuncia. En el FA, superado el desconcierto inicial, algunos voceros de otros sectores fuera del Movimiento de Participación Popular (MPP) plantearon sus críticas más o menos explícitas a la ministra Y eso también está causando choques internos que complican también la acción de gobierno.

A los efectos de la conducción política de la economía, que recae en el ministro Gabriel Oddone y se sostiene en el respaldo del MPP y el Presidente— siempre es mejor tener a la fuerza política que está en el gobierno cohesionada y, en la coyuntura actual, dispuesta a asumir los costos del necesario ajuste que se viene. Dada la situación fiscal, se requiere mucha pericia y coordinación política para enfrentarla y luego desplegar políticas que den respuesta a las expectativas que la población —particularmente los votantes del FA— tienen.

En este marco, el de la Vivienda era y es uno de los capítulos más sensibles e importantes. Y si bien la ministra Cairo era una figura de pronunciamientos enfáticos, resonantes y a veces polémicos, había logrado articular bien con Oddone y se perfilaba como protagonista relevante en esa respuesta popular en la que el FA tiene un compromiso. Por eso su caída es especialmente dolorosa para el oficialismo.

Pero el caso también expone un asunto particularmente delicado, que tiene que ver con las obligaciones que todos los ciudadanos tienen con el Estado. Por supuesto, los ciclos de la economía, las peripecias personales y algunas otras cuestiones de la propia burocracia estatal —que a veces complica más que ayuda—, inciden. Pero no se puede poner en cuestión que son obligaciones y, como tales, no se discuten ni se “priorizan”; asunto que debería tenerse en cuenta siempre que se pone o propone alguna regulación, tasa o impuesto; una vez definidos, ya no son sujeto de prioridades, como ha dicho la exministra, sino obligaciones.

En este plano, Uruguay hizo avances relevantes en los últimos años. Van quedando atrás las crisis financieras y cambiarias que golpeaban a la economía y hacían caer a la población y las empresas en problemas muy serios financieros económicos y de empleo, provocando incumplimientos. La última crisis (la pandemia) no sobrevino por cuestiones económicas, sino sanitarias, y si algo tuvo de positivo, fue que reafirmó las ventajas de la formalidad y estar en regla, para los trabajadores y también para las empresas. Reafirmar este camino es clave, entre otras cosas, para mejorar el alcance de las políticas que se financian con esos aportes obligatorios.

El rol de la inclusión financiera

En este plano hay que destacar lo que aportó el plan de inclusión financiera, más allá de las polémicas y conflictos que lógicamente iba a generar. La formalidad hoy es mayor en las relaciones laborales, las transacciones financieras y en varios otros planos. Y tal vez uno de los ámbitos que aún requiere avances sustanciales y urgentes es, justamente, el de la vivienda, con tareas pendientes en regularización, asentamientos, ordenamiento territorial, normativas de construcción, combate a las ocupaciones y aportes.

Por lo tanto, una irregularidad como la denunciada era obviamente insostenible desde el punto de vista político. En este plano, las primeras declaraciones del presidente del FA, Fernando Pereira, no fueron felices, al relativizar el caso y asociarlo a problemas generales del endeudamiento. Si las obligaciones con el Estado se hacen insostenibles para mucha gente, tal vez haya que revisar la carga, pero no justificar o ser indulgente con los incumplimientos. Si Uruguay quiere avanzar debe reafirmar la trayectoria seguida hasta ahora, formalizando y regularizando, aunque para la tarea política sea poco épico.