A partir de mediados de este mes, el gobierno electo de Yamandú Orsi comenzará a pujar por diferentes proyectos en el Parlamento, entre ellos, la deuda que el Frente Amplio (FA) viene acarreando hace rato: el voto consular.
El Frente Amplio delinea su agenda parlamentaria con el voto consular como uno de los grandes proyectos
El gobierno electo de Yamandú Orsi tiene como prioridad la iniciativa que permitirá a los uruguayos votar desde el exterior, reclamo histórico de la diáspora.
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El partido de izquierda viene hace años intentando materializar la ley que permitiría a los uruguayos votar desde el exterior. En las últimas elecciones se pudo ver a los partidos políticos subsidiando el viaje de varios ciudadanos que viven en Argentina con el objetivo que puedan ejercer su derecho al sufragio.
Acorde a un informe presentado por el presidente del FA, Fernando Pereira, un total de 10.000 uruguayos habían cruzado el río desde Argentina en las para el balotaje de noviembre, mientras que unos 8.000 habían hecho ese viaje para las elecciones generales que ocurrieron en octubre.
“En esta campaña electoral, varios candidatos cruzaron el río para pedir el voto de los uruguayos en Argentina”, comentó el senador Eduardo Brenta, en diálogo con El País. Acorde al senador, hay una cantidad grande de ciudadanos que “siguen la realidad, muchas veces colaborando materialmente con hospitales o escuelas" y por eso, tienen derecho a participar en las elecciones nacionales”.
De esta manera, según Brenta, "es hora consagrar el voto de los uruguayos en el exterior con el consenso de todos los partidos”.
Los intentos del FA
El último intento de la oposición para concretar el voto consular fue en el año 2023 a principios de marzo cuando presentó un proyecto de ley en el Senado fundamentando que Uruguay y Surinam son los únicos países que siguen sin garantizar el derecho al voto de los no residentes; que, en el caso uruguayo son cerca de 600 mil personas, un 17% de la población del país.
La coalición de izquierda ya había intentado instaurar el voto consular a través de carta con un plebiscito en 2009, pero solo el 37% de los habilitados votó por la reforma de la Constitución necesaria. En 2013, el oficialismo volvió a intentar sin éxito la ley, que finalmente se aprobó a partir de la comisión parlamentaria creada en 2017 para tratar el tema. Sin embargo, el texto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en el 2020.
En el último proyecto presentado, el Frente Amplio destaca que el derecho al sufragio es un derecho humano, apelando a tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como a la Constitución que establece que “todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación y, como tal, elector y elegible en los casos y forman que se designarán”.
Asimismo, en tanto la residencia en el exterior no genera la pérdida de ciudadanía, la misma no puede ser impedimento de voto, y así lo entienden los frenteamplistas.
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