El gobierno avanza en un acuerdo por el Ferrocarril Central, aunque preocupa el monto de la deuda

Desde el Ejecutivo aseguran que las negociaciones "están a punto de concretarse", pero persisten diferencias en la cifra incumplida.

El gobierno se acerca a un acuerdo por el Ferrocarril Central, aunque preocupa el monto de la deuda.

El gobierno estaría cerca de resolver uno de los grandes problemas que se conocieron en los días previos a la asunción de la nueva gestión del Frente Amplio (FA), la deuda con el consorcio de empresas encargado de la construcción del Ferrocarril Central.

En Torre Ejecutiva hay buenas sensaciones: en las próximas horas podrían cerrarse las negociaciones entre el gobierno y el consorcio Grupo Vía Central por la construcción del Ferrocarril Central, según confirmó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

"Estamos intercambiando en estas horas borradores del acuerdo", indicó al respecto, y sostuvo que, si bien en los aspectos generales ya se llegó a un acuerdo, "en los aspectos que tienen que ver con los componentes de los montos, todavía persisten algunas diferencias".

Las empresas constructoras habían activado el arbitraje internacional en plena mediación con el Estado uruguayo luego de que éste último no otorgara los pagos correspondientes pactados a partir del servicio prestado desde el 24 de diciembre de 2023. Entonces, fines de febrero cuando se conoció esta situación, el presidente de la Cámara de la Construcción y director de Saceem —una de las compañías que integran el consorcio—, Alejandro Ruibal había alertado sobre la molestia en las firmas extranjeras.

En los últimos dos meses, el gobierno se puso manos a la obra para evitar otro juicio internacional en la lista de procedimientos que ya tiene en marcha —si bien, recientemente, se resolvió el caso Pluna y tuvo una buena noticia en una instancia por la minera Aratirí —; y avanzó considerablemente con las empresas que denunciaron los incumplimientos de la gestión de Luis Lacalle Pou y reclaman 160 millones de dólares.

"Ahora, lo que tenemos que hacer es construir el documento que nos protege a todos legalmente para poder llegar a este acuerdo, con la exigencia que nosotros hemos colocado de que en función de ese acuerdo se baje el arbitraje internacional", aseguró Sánchez, que agregó que la importante cifra de dinero exigido es "uno de los problemas" a resolver: "obviamente la solución es muy inferior a ese monto que está siendo reclamado".

Tecnicismos en el contrato

A poco de conocerse el difícil escenario en relación a los pagos por el Ferrocarril Central, se conoció un informe elaborado por la Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —uno de los insumos principales para que Lacalle Pou decidiera no pagar—, el cual señala debilidades en la elaboración del contrato que firmó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), así como en su accionar.

La defensa del Poder Ejecutivo ante los reclamos empresariales por los pagos atrasados tras la construcción del Ferrocarril Central apunta a distintas imprecisiones que quedaron plasmadas en las modificaciones que sufrió el contrato. Entre ellas, por ejemplo, diferencias respecto al comienzo de la disponibilidad de la vía, donde no están no están definidos “los criterios técnicos de aplicación y clasificación de los indicadores de disponibilidad”, por lo que este hito aún no está cumplido.

La importancia radica en que el pago por parte del Estado debe efectuarse una vez que la vía entre en disponibilidad. Para las empresas, esto ocurrió en diciembre de 2023, cuando UPM comenzó a transportar su carga de celulosa desde Paso de los Toros hasta el Puerto de Montevideo; pero para el gobierno anterior, no está especificado en ningún lado que dicho momento sea el comienzo de la disponibilidad.

Por otra parte, el informe considera que la última modificación en el contrato —elaborada en enero— tendría un impacto fiscal de 131 millones de dólares, mientras que el consorcio exige una deuda que estiman en 160 millones de dólares, pero para el MEF “no surgen informes técnicos elaborados por la supervisión del contrato o por el órgano de control del MTOP que respalden la cifra de compensación".

"Tampoco se incluye en estas actuaciones una evaluación financiera que contenga una valorización económica sobre el monto a otorgarse por la administración a la contratista", agrega. Cuestiones que, ahora, podrían resultar a favor del gobierno actual en la negociación, considerando la ajusta situación fiscal que atraviesa el país.