El gobierno deberá pagar una multa por cada día que no entregue información del acuerdo por el hidrógeno verde

La Justicia ordenó la sanción de 35.000 pesos diarios por un plazo de 45 días, luego de que el Estado incumpliera el fallo previo de publicar los datos.

El Poder Ejecutivo deberá pagar una multa diaria de 35.000 pesos si no entrega la información del acuerdo por el hidrógeno verde.

La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo para una multa de 20 Unidades Reajustables (UR) —equivalentes a 35.000 pesos, según la cotización actual— por cada día que continúe sin cumplir la sentencia que lo obliga a hacer pública la información confidencial en torno al proyecto con HIF Global de construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

A fines de junio, y a partir de una presentación del dirigente del Partido Verde Animalista, Raúl Viñas, la Justicia falló a favor de que el Poder Ejecutivo publique los detalles “confidenciales” del acuerdo entre el Estado y la empresa de capitales chilenos HIF Global que, al momento de su anuncio, se convirtió en la inversión más grande llegada al país.

El fallo del juez Pablo Gandini condenó al gobierno “a suministrar toda la información de carácter ambiental contenida en el memorando de entendimiento y su anexo celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la Empresa HIF Uruguay el día 28 de febrero de 2024”; con un plazo de 15 días para presentar los datos solicitados.

Sin embargo, al día de hoy el Estado todavía no ha brindado la información, por lo que el juez Gandini estableció la multa de 20 UR por cada día que siga sin cumplirse la sentencia definitiva por, al menos, un plazo de 45 días. En total, podría llegar a tener que pagar 1.575.000 pesos.

Cabe recordar que Presidencia ya había negado un pedido de acceso a la información pública de Viñas, argumentando el carácter “confidencial” del acuerdo y, luego, había entregado solo un anexo del contrato con buena parte de la información tachada.

La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Luego de que el Poder Ejecutivo incumpliera la orden de la Justicia de publicar los documentos firmados con HIF Global, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Entendemos que el accionar del Poder Ejecutivo lesiona el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, dado que ese derecho comprende, para poder ser ejercido con responsabilidad, la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas", establece el comunicado de Movus.

En ese sentido, asumen que la no presentación por parte del Poder Ejecutivo de los documentos solicitados, "impide su análisis y difusión a fin de que la sociedad civil pueda participar del debate público informada y responsablemente", como así también lesiona el derecho a la participación ciudadana en temas ambientales y viola el Acuerdo de Escazú, que es ley en Uruguay y defiende a las personas, agrupaciones o asociaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Por eso, desde la asociación decidieron elevar el caso a la CIDH, la cual mantiene en estudio la denuncia hasta el momento. "Es inconveniente y lamentable que en Uruguay tengamos que llegar a esta instancia cuando tanto se habla de transparencia", lamenta el comunicado.