20 de febrero 2025 - 13:47

El gobierno electo designó al próximo presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

Se trata de Gonzalo Casaravilla, quien presidirá la delegación uruguaya del complejo hidroeléctrico compartido con Argentina.

Gonzalo Casaravilla es el nuevo presidente de la CTM bajo la administración de Yamandú Orsi.

Gonzalo Casaravilla es el nuevo presidente de la CTM bajo la administración de Yamandú Orsi.

Casaravilla ocupó el cargo de presidente del Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). entre los año 2010 y 2020 y será ahora quien dirija uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del país, el cual ha tenido episodios de "clientelismo político" durante la presidencia de Carlos Albisu.

En tanto, todavía queda por determinar quienes ocuparán los cargos de vicepresidencia y delegado durante los años de administración que se vienen del Frente Amplio.

Gran inversión en Salto Grande

El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció una inversión de 1.105 millones de dólares en un proyecto de renovación que busca potenciar el complejo hidroeléctrico de Salto Grande y que cuenta con tres etapas, finalizando en 2045.

En la etapa uno se incluyeron la renovación de las grúas, los sistemas de evacuación, eléctrico y mecánico, y antincendios, así como el control del complejo eléctrico y obras de mitigación de erosión de costa en ambas márgenes del río Uruguay.

En la etapa dos, la cual tendrá lugar entre 2024-2034 el esfuerzo se centrará en la modernización de las cuatro subestaciones, con el objetivo de optimizar la interconexión internacional. A su vez, la etapa tres (2035-2045) implicará la restauración del equipamiento principal de las 14 unidades hidrogeneradoras de la central hidroeléctrica para conducirlas a sus condiciones de operación óptima y confiabilidad para los siguientes 30 años.

El escándalo de Albisu

Fue a mediados de 2024 que el entonces presidente de la CTM renunció a su cargo tras la polémica por las contrataciones directas dentro del organismo binacional. Mientras que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche y el entonces ministro de Relaciones exteriores, Francisco Bustillo, fueron interpelados en la Cámara de Representantes a pedido del Frente Amplio.

Los motivos fueron dos: por un lado, la contratación en favor de ediles del Partido Nacional que resultó en el ingreso directo de 35 personas en tres años a cargos que debieron ser por concurso; por otro lado, la asignación de una partida presupuestaria adicional por 200 millones de pesos —que, si bien desde el MEF señalaron que fue para “costos de funcionamiento”, desde la oposición apuntan a que el destino fueron los elevados sueldos de los contratados irregularmente.

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