El gobierno de Luis Lacalle Pou emitió un decreto, a 45 días de dejar la administración, que modifica las exigencias ambientales en el sector forestal, justo en medio de la transición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y los cuestionamientos del nuevo ministro, Alfredo Fratti, a la ley de ese sector.
El gobierno impulsó la flexibilización en los requisitos ambientales en el sector forestal
La administración de Luis Lacalle Pou emitió un decreto en plena transición facilitando los trámites de reforestación en terrenos ya plantados.
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El gobierno de Luis Lacalle Pou beneficia al sector forestal antes de dejar el gobierno.
El decreto del Poder Ejecutivo fue emitido el 13 de enero y buscó la modificación del último cambio aplicado en la ley en 2021, una norma que fue aprobada en 1987 y que actualmente está siendo criticada por el gobierno entrante. El mismo, establece una serie de cambios en las exigencias ambientales al sector forestal.
Entre las modificaciones, se encuentran el reemplazo de la Autorización Ambiental Previa (AAP) por una Autorización Ambiental Especial en plantaciones que tienen más de 100 hectáreas en terrenos que ya están forestados, facilitando que no se cambie de suelos para la próxima plantación.
De esta manera, se simplifican y aceleran los trámites ya que los productores no deben esperar la autorización del Ministerio de Ambiente sino que pueden empezar con las plantaciones una vez que la autorización esté en trámite. Sin embargo, previamente deben haber informado con 30 días de antelación a la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental (Dinacea).
Por otro lado, para las plantación de menor escala (entre 40 y 100 hectáreas), se exige un registro especial ante la Dinacea que puede extenderse por 30 año, es decir, unos tres ciclos forestales, lo que brinda más estabilidad en los proyectos que no tienen en su prioridad la producción forestal.
Por último, permite que todos los terrenos que se consideran forestales se redefinan, más allá del momento en que comenzaron con las plantaciones. Además, se establece que los terrenos utilizados para la forestación no se consideran nuevas plantaciones, lo que flexibiliza el aprovechamiento del suelo a los productores.
Las dudas del Frente Amplio
En medio de los cambios acelerados del gobierno actual, la administración entrante, específicamente el nuevo líder del MGAP, Alfredo Fratti, cuestionó la ley forestal actual. Incluso, en el año 2021 se votó en el Parlamento una modificación de la Ley Forestal, apoyada por Cabido Abierto y el Frente Amplio, que fue vetada directamente por el Poder Ejecutivo.
"Creo que hay que revisar la Ley Forestal. La intención de los legisladores cuando se votó la ley original era clara y fue exitosa. Trajo y sigue trayendo beneficios al país. Me parece que después de 30 años hay que ver en qué estamos", dijo Fratti en una entrevista con La Mañana.
Entre las razones del veto, estimó que las modificaciones no les habrán convencido al gobierno que quiere seguir fomentando el negocio. "Una de esas cosas es que se debería respetar la voluntad de los legisladores que en su época realizaron una ley que creo que dio resultado, pero que claramente establecía que los bosques se iban a ubicar en aquellas tierras menos productivas", añadió.
En ese sentido, no desestimó las intenciones de la vieja ley, pero remarca la necesidad de un cambio. "Sigo pensando que aquellos legisladores en 1987 tuvieron razón y que tuvo razón el Parlamento en 2021 cuando aprobó por mayoría la ley que aclaraba la situación y que, lamentablemente, luego fue vetada. Por lo tanto, considero que hay que volver sobre el tema", comentó.
Altas expectativas para 2025
Las exportaciones de celulosa crecieron un 35% en 2024 respecto del año anterior y traicionaron significativamente las colocaciones generales de Uruguay. "De celulosa se produjeron 4 millones y medio de toneladas y eso significa que es unos 2.800 millones de dólares solamente de celulosa y el total del sector forestal estuvo cercano a los 3.500 millones de dólares, considerando el sector en su totalidad", detalló Lucía Basso, de la Sociedad de Productores Forestales.
Según las cifras oficiales de Uruguay XXI, la celulosa ocupó el primer lugar del ranking de bienes exportados (incluyendo zonas francas) tras finalizar con un monto de 2.545 millones de dólares. El contexto para los envíos del biopolímero no pudo ser mejor, ya que además de una suba del 10% en su precio promedio, el volumen vendido también creció en un 22%.
Estas cifras, además de que la segunda planta de UPM ya funciona a pleno —con el Ferrocarril Central también funcionando—, permiten proyectar al sector un gran 2025. "Vamos a seguir creciendo porque tenemos seis meses solamente de funcionamiento de la planta más grande, de mayor producción, así que sin duda que vamos a seguir creciendo", explicó Basso.
Además, el sector crecerá con tres plantas de transformación de madera en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. "Estas tres son inversiones del entorno de 100 millones de dólares cada una. La puesta en marcha va a estar prevista para el 2026, con todo esto el sector dice que podría ser aún más grande", expresó, en relación a la capacidad remanente de tres millones de hectáreas disponibles para plantación.
En el sector forestal trabajan unas 30.000 personas. El cálculo que tienen es que si aumentan medio millón de hectáreas pasarían de representar de 6% al 9% del Producto Bruto Interno (PBI).
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