El Poder Ejecutivo insiste con el proyecto Arazatí en medio de la oposición de vecinos y las trabas judiciales

La audiencia pública del Ministerio de Ambiente se desarrolló entre críticas y abucheos de los presentes, mientras la firma del contrato sigue parada por una medida cautelar.

La obra busca sumar una fuente de agua potable a la zona metropolitana uruguaya.

Captura: Subrayado

La audiencia pública para evaluar el proyecto Arazatí, también conocido como Neptuno, se desarrolló en un ambiente tenso y de fuertes intercambios por parte de los vecinos que se oponen a la construcción de una nueva planta potabilizadora en San José por los efectos ambientales que tendrá la misma sobre las localidades del departamento; si bien la iniciativa se encuentra detenida por una medida cautelar de la Justicia.

La audiencia pública es una instancia obligatoria en la que el Ministerio de Ambiente reúne información sobre la opinión respecto de un proyecto, con la cual luego elabora el informe destinado al Poder Ejecutivo. En ese contexto, el director técnico del proyecto Arazatí, Francisco Gross, fue el encargado de exponer la posición del consorcio responsable de la construcción de la planta potabilizadora, Consorcio Aguas de Montevideo —el cual está compuesto por las empresas Saceem, Berkes Ciemsa y Fast.

Sin embargo, fue interrumpido en varias ocasiones por vecinos y ambientalistas, que también tenían carteles en los que consignaban su postura contraria frente a las autoridades del gobierno.

Según el ministro de Ambiente Robert Bouvier, la instancia de audiencia pública es “muy importante”, por lo que valoró la participación tanto de la empresa que expuso el proyecto como de los ciudadanos que expresaron sus consideraciones.

En diálogo con Canal 5, el jerarca consideró que el proyecto Arazatí se trata de un tema que tiene “un impacto social muy importante” y acotó que “la autorización ambiental depende del estudio de evaluación que se está realizando y de esta audiencia”.

La postura en contra del proyecto Neptuno

En contrapartida, María Selva Ortiz, integrante de la Red Amigos de la Tierra, afirmó que “Arazatí va a dar el agua que tomamos en la crisis hídrica”, con la diferencia de que el agua del Río de la Plata “subía 50 kilómetros sobre el río Santa Lucía”. Por ello, tendrán “los mismos problemas de salinidad y de trihalometanos”.

En esa línea, la activista señaló que el proyecto va a “bajar el estándar de calidad de agua” y que “un privado en 17 años se va a llevar 500 millones de dólares de ganancia” que lo pagarán “todos los uruguayos”.

Asimismo, recordó que, en 2004, la ciudadanía se pronunció a favor de la reforma constitucional que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento. Además, la organización sostiene que el proyecto contraviene la Constitución: “Exigimos a este gobierno respetar la Constitución, la voluntad popular, y la última reforma constitucional que se hizo en el país”, insistió Ortiz, y apuntó que el proyecto Arazatí “tiene un gran consenso de discordancia” y que sólo “lo defienden” la empresa privada, OSE y el Ministerio de Ambiente.