El rescate de la Caja Bancaria costará u$s 1.000 millones

La iniciativa contempla aportes iguales del Estado, los bancos privados y los trabajadores bancarios para garantizar la viabilidad financiera de la caja.

La Caja Bancaria de Uruguay atraviesa un punto crítico en sus finanzas.

Foto: Radio Camacuá

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para el rescate de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), una de las cuestiones que habían quedado pendientes en el sistema previsional tras la aprobación de la reforma de la seguridad social en Uruguay. El financiamiento contemplado por la iniciativa es de 1.000 millones de dólares.

Luego de meses de negociación entre el gobierno, los bancos privados y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), el proyecto que resultó del compromiso de todas las partes involucradas ingresó al Parlamento, donde recibirá un tratamiento exprés para lograr cumplir con el límite constitucional para la aprobación de este tipo de iniciativas —hasta fines de octubre, cuando faltará solo un año para las elecciones generales.

La propuesta establece un conjunto de modificaciones al régimen actual —establecidos en la Ley Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias—, con el objetivo de lograr la viabilidad a mediano plazo de la Caja Bancaria —en situación financiera crítica—; y prevé una necesidad de financiamiento de 1.000 millones de dólares, por un período de, al menos, 12 años.

¿Qué propone el rescate de la Caja Bancaria?

Tal y como ya había sido adelantado en diferentes instancias, el proyecto acordado entre el gobierno, los bancos y el sindicato implica el aporte en partes iguales de todos los protagonistas. Es decir, lo que se llamó una salida conjunta.

Por un lado, la propuesta implica un cambio en las condiciones para jubilarse —se elevará de forma progresiva la edad de retiro a 65 años y se aplicará una prestación “pecuniaria de un 4%”—, así como una contribución de los jubilados por la ley de 2008; por otro, un aumento de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) que pagan los bancos por cada trabajador y una “contribución adicional temporaria”; y, finalmente, una emisión de deuda con garantía del Estado por hasta 400 millones de dólares —emisión de un bono por un monto total máximo de 2.625 millones de Unidades Indexadas (UI) a través de título de deuda pública o mediante préstamos con organismos multilaterales.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo advirtió que el déficit operativo de la caja llevará a que sus reservas financieras se agoten este año, y la situación de números rojos se extenderá “por más de una década”.

“Entre los últimos meses de 2023 y el año 2035 la proyección utilizada como referencia para el diseño de las medidas indica un déficit acumulado que, llevado a dólares del año 2023, se ubica en 994 millones de dólares. El ritmo del déficit en los primeros años es más intenso. En particular entre 2024 y 2030 son necesarios más de 100 millones de dólares anuales para poder cumplir con las obligaciones de la caja”, sostiene la argumentación presentada por el gobierno.

El aporte directo de los bancos durante los primeros años, así como la contribución de pasivos jubilados por la ley de 2008 encuentra motivos en que las medidas de adecuación de parámetros propuestas tendrían un impacto financiero tardío.

Según el Poder Ejecutivo, las estimaciones indican que el endeudamiento contemplado se podrá cancelar entre 2040 y 2043.