José Mujica, el presidente que puso al Uruguay en la vanguardia de los derechos individuales

El segundo gobierno del Frente Amplio se caracterizó por su agenda progresista y la promulgación de importantes leyes de ampliación de la agenda de derechos.

Uruguay y el gobierno de José Mujica fueron reconocidos en el mundo por sus leyes de ampliación de derechos.

José Mujica fue catalogado como uno de los presidentes más progresistas de América Latina, incluso entre sus pares contemporáneos de lo que se llamó la “Patria Grande”, en una ola de gobiernos con tendencias de izquierda en la región. Ciertamente, la caracterización tiene fundamentos: en su gobierno se promulgaron leyes fundamentales en la agenda de derechos individuales, principalmente la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del consumo de cannabis.

En 2013, Uruguay fue destacado como “país del año” por la revista británica The Economist. El motivo principal de dicha mención estuvo en el conjunto de reformas impulsadas ese año, las cuales “rompen con las viejas dinámicas que no solo mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que podrían beneficiar al mundo entero si son imitadas”. El país se ponía a la vanguardia internacional en materia de derechos individuales, y los ojos del mundo se posaban en su gobierno, presidido por el frenteamplista “Pepe” Mujica.

Matrimonio igualitario y legalización del cannabis se sumaron a la despenalización del aborto en un momento histórico para la sociedad uruguaya que, en apenas meses, veía ampliados sus derechos individuales, de la mano de la lucha colectiva, una legislatura que pasaría a la historia, y un presidente que había prometido no vetar leyes aprobadas en el Parlamento, siempre y cuando éstas no se interpusieran en el plan de gobierno.

La regulación del consumo y producción de cannabis por parte del Estado fue una iniciativa del gobierno de Mujica.

Nuevo gobierno, nueva legislatura, nueva oportunidad

La asunción de Mujica en el 2010 fue la oportunidad del Frente Amplio de avanzar en una agenda más enfocada en lo social, en tanto las principales propuestas económicas de la coalición de izquierda se habían logrado durante el período anterior, de la mano de Tabaré Vázquez y Danilo Astori.

Con mayoría en ambas cámaras y un programa de gobierno más orientado hacia la educación, lo social, la vivienda, la cultura y los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil aprovecharon también para acercar proyectos que, si bien no eran parte de la plataforma electoral frenteamplista, rápidamente fueron apadrinados, adoptados y hasta impulsados por ese sector político, tanto desde el Poder Legislativo como desde el Ejecutivo.

Así, en 2010 entraron tres proyectos de ley erigidos sobre el paradigma de los derechos: un sexto proyecto respecto del aborto legal, que expresa que “toda mujer adulta tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso de gestación” —incorporando los elementos vetados por el expresidente Vázquez—; un texto que regula la autoproducción de cannabis y su uso medicinal —a partir de un proyecto del actual presidente Luis Lacalle Pou, pero sin incrementar penas ligadas al tráfico ilícito—; y una iniciativa del colectivo Ovejas Negras para modificar el Código Civil y eliminar la concepción sexuada de la pareja.

La ley de matrimonio igualitario permitió a las parejas del mismo sexo casarse en Uruguay.

Las leyes del gobierno de Mujica

Con su forma de gobernar, Mujica abrió el espacio perfecto para el debate en el Parlamento, incluso dentro del mismo Frente Amplio, en tanto el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) no impuso la disciplina partidaria a los legisladores de su partido. Esto, igualmente, fue tanto positivo como negativo para el tratamiento de los proyectos de ampliación de derechos, ya que encontraron oposición dentro de la coalición de izquierda.

Sin embargo, aunque con modificaciones, las iniciativas lograron avanzar en ambas cámaras —a ritmos distintos—, e incluso tuvieron impulso directo desde el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, la propuesta del gobierno una “legalización regulada del cannabis, con un fuerte control del Estado sobre la producción”, dentro de sus 15 medidas por la vida y la convivencia, publicadas en junio de 2012; y el envío de un proyecto de artículo único al respecto en agosto de ese mismo año terminaron convirtiéndose en la ley 19.172, promulgada el 20 de diciembre de 2013, previo a un nuevo año electoral, y en línea con la prioridad de la administración frenteamplista de combatir el narcotráfico, en este caso a través de la creación de un mercado de cannabis regulado.

Por su parte, la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo —vigente desde el 22 de octubre de 2012—, reguló y despenalizó la práctica del aborto, desde una perspectiva de salud pública y considerando una serie de requisitos previos a la habilitación del procedimiento.

El aborto fue despenalizado en Uruguay en 2012.

Finalmente, la ley de matrimonio igualitario —escrita en dos partes, la ley 19.075 de mayo y la ley 19.119 de agosto, debido a errores de redacción en el primer texto que se corrigieron en el segundo— completó la agenda transversal de derechos que, aunque quedaron en el camino puntos de mayor progresismo, no dejó de ser una ampliación de lo existente y un ejemplo a nivel mundial hasta el día de hoy.