Las pérdidas por la sequía ya se estiman en u$s 2.000 M

Con algunos de sus efectos todavía por venir, desde el MGAP ajustan las estimaciones por encima de los u$s 1.809 M presentados en la Rendición de Cuentas.

La sequía en Uruguay ya provocó al agro una pérdida de más de 1.800 millones de dólares, y se estima que puede escalar hasta los 2.000 millones.

El impacto económico de la peor sequía en el último siglo en Uruguay podría llegar a los 2.000 millones de dólares, según las estimaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que lleva invertidos al menos 37 millones de dólares en políticas de apoyo a productores.

La sequía que afecta al país se considera un “evento continuo” que comenzó en el 2020 pero cuyos peores efectos se comenzaron a ver recién este año, agravados aún más por la crisis del agua que golpeó a la zona metropolitana. En ese sentido, según el informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), en consonancia con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las pérdidas directas en la fase agropecuaria ascienden a los 1.809 millones de dólares, “siendo en términos históricos las mayores pérdidas registradas de las últimas tres décadas”, tal y como consignó la cartera dirigida por Azucena Arbeleche en la Rendición de Cuentas.

Sin embargo, y mientras la emergencia agropecuaria durará hasta, por lo menos, septiembre —mes en que se espera comenzar a ver una normalización en términos hídricos—, las pérdidas pueden escalar hasta los 2.000 millones de dólares.

En este contexto, una delegación del MGAP asistió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja para dar cuenta de lo que dejó el año pasado y los desafíos para lo que queda de la administración, teniendo en cuenta la última Rendición de Cuentas del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.

En la presentación, el ministro Fernando Mattos explicó que en septiembre se verá si es necesario extender la emergencia agropecuaria, en tanto “estamos todavía mirando los pronósticos”. A modo de ejemplo, señaló que “las lluvias que se esperaban para esta semana ya se fueron diluyendo, con el mismo patrón con el que venimos viéndolo hace prácticamente un año: se corren los pronósticos, se reducen las expectativas de agua y todavía no está prevista la finalización de este proceso”.

Las políticas y las inversiones del MGAP durante la sequía

Mattos también sostuvo ante los diputados que “hay una cantidad de políticas y medidas que tomamos a efectos de enfrentar esta situación y de que los productores pudieran mantenerse de pie en sus unidades productivas, que ha sido el gran objetivo que hemos dibujado a efectos de apoyar a los productores familiares, a los pequeños productores, que son aquellos que tienen menos recursos y menos margen de maniobra frente a una circunstancia de dificultad”.

El secretario de Estado indicó que la sequía genera una caída de la producción y, por ende, también del ingreso. “En estas circunstancias de alto valor de los insumos se requieren costos adicionales”, indicó. Esto sucede, además, en un contexto de caída de la competitividad para los productores que también afecta el balance económico.

Según los datos brindados por el MGAP, unos 12.500 productores agropecuarios se postularon al menos a un apoyo; mientras que el 25% de los productores familiares se acogieron a los préstamos del Fondo de Emergencia Agropecuaria.

Asimismo, se otorgaron 4.721 préstamos por 27 millones de dólares; y hubo 573 garantías a través del Sistema Nacional de Garantías por otros 27 millones de dólares, garantizando créditos de capital de trabajo por 40 millones de dólares. En tanto, hay más de 3.600 productores beneficiados con descuentos en las tarifas eléctricas de UTE y 964 productores granjeros beneficiados a través del pago del aporte patronal mínimo.

El “costo estimado” de las medidas de las políticas implementadas, “sin considerar costos financieros”, son unos 37 millones de dólares, según el informe de la Opypa junto al MGAP y el MEF. Este dinero se divide en préstamos con tasas subsidiadas y plazos extensos (unos 11,5 millones de dólares), construcción y limpieza de tajamares, aguadas y pozos (1,7 millones), en tarifas eléctricas, en compra de bombas de agua solares, paneles y baterías (11 millones), en entrega de raciones y fardos, exoneraciones tributarias a la importación de alimentos (7,8 millones de dólares) y en subsidios a la seguridad social y al arrendamiento de la tierra (otros 5 millones de dólares).

Sin embargo, desde la cartera todavía ven complejo cuantificar las pérdidas por la multiplicidad de aristas que abarcan los efectos de la sequía —algunos de los cuales, incluso, todavía no se observan—; y que las medidas económicas del ministerio han sido paliativas, tal y como expresó a la diaria el director de Descentralización del MGAP, Luis María Carresse. “A tamaña crisis y déficit hídrico, el mayor en 80 años, no se lo tapa con dinero”, sostuvo el funcionario.