Los empresarios respaldan un diálogo social amplio, pero resisten debatir cambios previsionales

Entienden necesario extender la protección social desde la infancia hasta la vejez. Y advierten que la discusión de la seguridad social fue saldada en el plebiscito.

Los empresarios están abiertos a un diálogo social sobre el sistema previsional, pro sin cambios estructurales.

El diálogo social que promueve el gobierno fue bien recibido por las diferentes cámaras empresarias, que destacan la vocación dialoguista del presidente Yamandú Orsi, aunque aclarando que sería negativo regresar a un debate estrictamente vinculado a reformar la seguridad social.

La iniciativa, que fue presentada a inicios de la semana pasada y aún no fue materializada, será liderará por el economista Hugo Bai del Instituto Cuesta Duarte, y juntará a representantes sindicales, sociales y empresariales con el Ejecutivo. También se evalúa que haya representación de la oposición.

Sobre el diálogo conviven dos visiones dentro del gobierno, en una dicotomía que caracterizó tanto la campaña como las últimas semanas de la transición. Por un lado, la línea más radical del ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, quien defiende poner sobre la mesa los principios que defendía el plebiscito del PIT-CNT, rechazado en las elecciones de octubre. Y, por el otro, la visión moderada del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, que propone un debate amplio sobre políticas de protección social, sin limitarlo a lo previsional.

Una eventual reapertura de la discusión sobre una reforma de la seguridad social genera escozor entre los empresarios, que activamente defendieron los cambios implementados vía Parlamento durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y alertaron sobre las consecuencias de los tres puntos planteados por la central sindical el año pasado: baja de la edad jubilatoria, fin del lucro de las AFAP y equiparación de las jubilaciones mínimas con el salario mínimo.

“Entendemos que a lo que apuntaría el gobierno es precisamente a ver cómo atender a esta gente que está más alejada de ese círculo de protección social y que es la que más lo necesita. Nos parece atendible, nos parece que pueda haber modificaciones al sistema de protección social, que pueda haber redireccionamiento de recursos”, señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay (CCE), Diego O’ Neill en diálogo con Ámbito.

Sin grandes cambios en las jubilaciones

No obstante, el dirigente de la gremial que nuclea a decenas de cámaras sí puso reparos a reflotar la discusión por las jubilaciones. “La ley que se aprobó hace menos de dos años es una ley que compartimos en términos generales, más allá de algunos aspectos particulares que pueden ser mejorables. Hubo además un plebiscito y que fue rechazado por el 60% de la población”, recordó y subrayó: “Nos parece que es un área en que no habría que innovar en el corto plazo porque no nos parece razonable que después de ese rechazo del plebiscito se quiera modificar por otra vía”.

Bai, designado como coordinador de la llamada Comisión para la Protección y Diálogo Social, apoyó los parámetros que Oddone transmitió a los empresarios para el desarrollo de las negociaciones. El martes pasado, aseguró a Ámbito que “la intención es que sea un diálogo integral, que incorpore una mirada amplia del concepto de protección social a lo largo de todo el ciclo de vida de la persona. No solo centrar la discusión en jubilaciones y pensiones”.

"Apostamos a que, en determinados temas que sabemos que son sensibles, como la edad de retiro, el tema del ahorro y las AFAP, podamos encontrar algunos cambios que, en cierta forma, reúnan un consenso”, señaló.

El presidente Yamandú Orsi, previo a su asunción, también defendió algún tipo de cambio, aunque gradual y sectorizado, una postura que fue bien evaluada por las calificadoras de riesgos por considerar que no afectaría la estabilidad fiscal.

Sin embargo, las primeras reacciones del PIT-CNT y del ministro Castillo, que participó activamente de la campaña a favor del plebiscito del año pasado en carácter de secretario general del Partido Comunista (PCU), pusieron en situación de alerta a los empresarios que sí están de acuerdo con pequeñas modificaciones, pero no con cambios estructurales.

“Uno no se puede negar a dialogar y sobre todo defender las posturas. Nuestra postura es escuchar siempre, pero evitar retrocesos en temas que se han discutido también. Y es un tema bastante delicado que no da para hacer muchas improvisaciones. Siempre se puede mejorar, pero con la mejor voluntad vamos a participar de los diálogos sociales, a defender con argumento y mucha honestidad las distintas posiciones nuestras empresariales”, dijo Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción y director general de Saceem.

Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias (CIU), calificó como bienvenida la convocatoria al diálogo social “porque es la forma de que avancemos como sociedad construyendo consensos”. “La seguridad social no puede cambiarse cada pocos años, más allá de pequeños retoques”, aclaró a Ámbito, y agregó que “no sería saludable esperar grandes cambios en una nueva convocatoria, y menos si implicara un aumento de la presión fiscal para el trabajo”.

“Los desequilibrios financieros del sistema deberían financiarse a través del crecimiento económico, modificación de parámetros, eficiencia y reducción de la informalidad, y no a través de la suba de la presión fiscal que en Uruguay ya es elevada. De hacerlo, inevitablemente habrá impactos en el empleo", aseguró.

O’Neill se manifestó en la misma línea al señalar que “el tema de la informalidad es un tema que preocupa”. “Si uno mira el mapa del país, hay departamentos donde hay una informalidad mucho mayor, en algunos departamentos de frontera. Hay que buscar los mecanismos y las herramientas para incorporar la mayor cantidad de gente posible a la formalidad. Probablemente así haya que ir, sobre todo por políticas públicas, incentiven la formalidad”, consideró.

En ese sentido, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales propuso la reducción o eliminación de aportes en los primeros años o algún mecanismo similar que haga que no sea gravoso pasar al sistema formal. “Muchas veces la informalidad responde a que las exigencias de la formalidad son altas, entonces para pequeñas empresas”, indicó.