Los comunicaciones de denuncias por lavado de activos o financiamiento del terrorismo se elevaron un 5,8% durante el año pasado, en comparación a 2023, según el último informe del Banco Central del Uruguay (BCU), que contabilizó un total de 964 reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Los reportes por lavado de activos aumentaron un 5,8% en 2024
La Unidad de Información y Análisis Financiero, dependiente del BCU, registró un incremento en las notificaciones.
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El BCU informó un aumento de ROS del 5,8% en 2024.
Acorde al informe del BCU, 880 ROS fueron presentados por entidades financieras, mientras que 84 fueron realizadas por organizaciones de otros sectores como el inmobiliario, casinos o casas de remate. Los mismos, están obligados a denunciar transacciones sospechosas que son realizadas por sus clientes.
De esta forma, se contabilizaron un total de 964 reportes durante el año pasado, un 5,8% más que en 2023 donde habían sido 911. De ese total de hace dos años, 830 fueron realizadas por entidades financieras mientras que el 81 restante por organizaciones de otros sectores.
El BCU realiza el informe a partir de información brindada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la cual depende de la Superintendencia de Servicios Financieros, y que es la receptora de las denuncias de este tipo. Los datos proporcionados por la entidad estatal fueron difundidos este miércoles 26.
¿Qué hará el próximo gobierno?
El lavado de activos fue uno de los temas que el presidente electo calificó como "preocupante". Por eso, designaron a Sandra Libonatti, actual funcionaria del Banco Central del Uruguay (BCU), como futura encargada de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Actualmente, se desempeña como jefa de la Unidad Riesgo de Crédito del BCU; y en los próximos días "va a empezar a trabajar y y se va a poner en contacto con el director actual", Jorge Chediak, para empezar un "intercambio de información absolutamente necesario para poder avanzar en este tema", tal y como confirmó el futuro secretario de la Presidencia, el exfiscal Jorge Díaz, a la prensa.
Asimismo, el futuro prosecretario explicó que Libonatti estará asesorada por los contadores Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa, dos figuras con trayectoria dentro de la Senaclaft en los gobiernos previos del Frente Amplio (FA). Ambos funcionarios habían mantenido reuniones con Díaz en las semanas previas, donde se les había ofrecido formar parte del próxima gestión a cargo de la secretaría.
Libonatti, de "dilatada trayectoria", tendrá desde la Senaclaft una tarea "relevante, sobre todo a raíz de lo que plantea el Frente Amplio en su programa y ha dicho el presidente Orsi de reinstalar el tema del lavado como un tema central".
La seguridad es uno de los temas principales que deberá abordar el gobierno electo apenas asuma, en tanto es la principal preocupación de los uruguayos desde hace meses. Al respecto, Díaz destacó la importancia que tendrá la Senaclaft también desde este aspecto, junto con una amplia lista de organismos del Estado que deberán trabajar de manera articulada.
"El Ministerio del Interior tiene obviamente la responsabilidad fundamental pero no es el único", dijo y mencionó también al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las intendencias, la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, la Junta Nacional de Drogas, la Cancillería y, por supuesto, la Senaclaft.
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