El gobierno de Luis Lacalle Poullegó a su fin junto con la primera y, por el momento única, experiencia de la Coalición Republicana al frente de Uruguay y, en el camino, fueron quedando varias de las grandes iniciativas que se constituyeron como pilares de la política pospandemia: inserción internacional, ordenamiento macroeconómico, grandes proyectos de infraestructura y consolidación del país en materia tecnológica y energética, ¿en qué quedaron estas líneas de acción clave?
Luis Lacalle Pou deja el gobierno con logros y pendientes en áreas clave
El presidente culminó su mandato con algunas deudas entre los que se constituyeron como pilares de su política pospandemia.
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El gobierno de Luis Lacalle Pou logró varios de sus objetivos, y otros tantos quedaron en el camino o en proceso de cumplirse.
Todo final viene acompañado de su balance, y el del gobierno de Lacalle Pou tiene sus luces y sombras. En contadas ocasiones, el presidente ha repetido lo que aseguró en su discurso de asunción: que, al final de su gestión, quería ser evaluado con la “vara de la libertad”: “si los uruguayos son más libres hoy o cuando termine el gobierno a lo que eran, habremos cumplido la tarea", repitió en su última Rendición de Cuentas ante el Parlamento.
Lo cierto es que el mandatario se retira con una alta imagen positiva del 52%, incluso cuando en algunas áreas fundamentales no logró las mejoras deseadas: el 54% de los uruguayos cree que los delitos aumentaron en el último quinquenio, el déficit fiscal cerrará en niveles similares a los del 2019, un 17,5% de la población vive en hogares con carencias educativas e, incluso, la institucionalidad se vio salpicada de algunos escándalos importantes en el seno del Ejecutivo.
Ahora bien, durante los últimos años, el gobierno de Lacalle Pou apostó fuertemente a algunas iniciativas que se transformaron en pilares de su política. ¿Cómo le fue en esos aspectos?
China, acuerdo Mercosur-UE y Acuerdo Transpacífico
La inserción internacional fue una de las principales y más importantes banderas que mantuvo en alza el gobierno saliente, con el argumento de que un país pequeño como Uruguay necesita abrir sus puertas al mundo para lograr más y mejores condiciones de comercio.
En ese sentido, el tratado de libre comercio (TLC) con China fue el “caballito de batalla” principal en términos de acuerdos bilaterales, con el que Lacalle Pou y la Cancillería avanzaron fuertemente en la flexibilización del Mercosur.
No se logró mucho en ninguno de los sentidos: las negociaciones con Pekín se vieron trabadas por la oposición de los países vecinos —Argentina y Brasil, principalmente—, por lo que rápidamente se buscó lograr un acuerdo a nivel del bloque regional. Y en cuanto a la flexibilización del organismo, el presidente le pasó la tarea junto con la presidencia pro témpore al mandatario argentino Javier Milei durante la última cumbre de Jefes de Estados, en Montevideo, en diciembre pasado.
Distinto fue el resultado respecto del acuerdo Mercosur - Unión Europea (UE), por el cual el actual gobierno abogó fuertemente. También en la capital uruguaya se firmó el preacuerdo e, incluso, el canciller Omar Paganini recibió la confirmación en persona de que Italia —uno de los que se perfilaba como opositores— acompañará la creación de la comunidad de comercio internacional más grande del mundo. Aunque para ello pueden pasar hasta dos años.
Con el ingreso al Acuerdo Transpacífico para la Cooperación Económica (Cptpp), el proceso también fue lento: Uruguay solicitó su incorporación el 1° de diciembre de 2022, y todavía está en lista de espera; si bien según el vicecanciller Nicolás Albertoni, es el siguiente país en dicha lista, y podría ser aprobado entre marzo o abril.
Ambos avances de gran importancia dejan, igualmente, un gusto agridulce: no llegaron con el tiempo suficiente para que el gobierno saliente pudiera capitalizarlos políticamente.
Ordenamiento macroeconómico: déficit, deuda e inflación
El ordenamiento de las variables macroeconómicas fue otro de los grandes objetivos del gobierno, sobre todo luego del período de mayor gasto generado por la crisis a partir de la pandemia de Covid-19. En ese sentido, la pospandemia exigía acomodar las cuentas públicas, y en ello la implementación de la regla fiscal cumplió un rol importante.
De todos modos, cabe aclarar que los resultados, al menos durante este último año, no fueron tan buenos como los esperados y, de hecho, por primera vez en la actual gestión económica encabezada por Azucena Arbeleche, no se cumplieron ninguno de los tres pilares del marco fiscal. Si bien los pilares 1 y 2 ya estaban previstos desde el inicio del año con un desajuste, el último de ellos, el de tope de endeudamiento, se resignó con la activación de la salvaguarda legal para elevar el límite existente.
Asimismo, y si bien desde el gobierno destacaron la mejora en la sostenibilidad de la deuda —algo cierto, considerando que redujeron los intereses ante un menor riesgo país y una mejora en la nota crediticia por parte de las principales agencias calificadoras del mundo—, lo cierto es que los niveles de deuda no lograron moderarse de forma significativa: según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda neta cerró 2024 en 53,3% del PBI, por debajo del 56,2% de 2020.
La situación fiscal tampoco es la mejor: en términos de cifras de déficit, el 2024 no cerró muy por debajo del 2019 —4,1% contra el 4,4% de finales de la gestión de Tabaré Vázquez—; y el espacio para aumentar el gasto público en el gobierno entrante es muy limitado, sino inexistente.
A favor: esta administración logró mantener la inflación dentro del rango meta durante 20 meses consecutivos e, incluso, bajarla a mínimos de casi dos décadas. Pese a que en las últimas mediciones se registraron niveles más cercanos al techo del rango (6%), lo cierto es que hubo una mejora en este indicador de manera sostenida.
Proyectos de infraestructura e inversiones: obras públicas y PPP
La obra pública y las de participación público-privada (PPP) fueron otro punto fuerte del gobierno, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se transformó en una de las carteras centrales, al punto que su titular, José Luis Falero, permaneció en la función con el objetivo de “hacer campaña” desde la multiplicidad de inauguraciones que se dieron en la segunda mitad del año pasado.
Según cifras oficiales, el gobierno invirtió 54 millones de dólares obras públicas en departamentos y municipios durante el último quinquenio —cifra que superó el desembolso del Frente Amplio (FA) en 15 años—; mientras que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) invirtió más de 4 millones de dólares en proyectos de infraestructura.
La mayor parte del dinero fue orientado a rutas y caminos, pero también destacó —a través de OSE— el plan de 61 obras de saneamiento en el interior con el objetivo de universalizar el servicio a lo largo del país, con un préstamo del Fonplata por 325 millones de dólares.
Claro que, dentro de este universo de obras e inversiones, destacaron cuatro particularmente: UPM 2, el Ferrocarril Central, el proyecto Arazatí y la planta de hidrógeno verde de HIF Global. Los dos primeros se culminaron durante esta gestión y generaron un gran impacto económico, si bien el ferrocarril terminó generando un problema al final de la transición por el posible arbitraje intencional que activará el consorcio constructor Grupo Vía Central, que también desdibujó una buena gestión general en el MTOP en la última semana del gobierno.
Respecto de Arazatí, Lacalle Pou finalmente logró firmar el contrato para iniciar la obra —incluso pese al desacuerdo con el gobierno entrante— que él mismo presentó como la respuesta definitiva para evitar una nueva crisis del agua, pero será otra iniciativa que no pudo capitalizar como, seguramente, esperaba en un principio: no solo por el momento en que finalmente llegó la firma, sino también por la polémica que generó en la transición y la incertidumbre que hay respecto a su futuro.
Finalmente, la planta de producción de hidrógeno verde en Paysandú que supone todavía la inversión más grande en la historia de Uruguay con casi 4.000 millones de dólares por parte de la empresa chilena —y una participación de la Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía (Jogmec por sus siglas en inglés)—; aún se encuentra en etapas tempranas de su puesta en marcha, aunque también tuvo su cuota polémica por la posible participación de Ancap en el proyecto.
La última novedad es que la empresa construirá también un parque solar fotovoltaico en el país para alimentar con electricidad la planta de hidrógeno. Ambas aristas de la iniciativa todavía están en trámite para obtener la Autorización Ambiental Previa (APP) por parte del Ministerio de Ambiente.
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